Alcázar de San Juan sigue adelante con la liquidación del contrato de sus aguas con Aqualia: la venta fue “puramente ideológica”

El pleno del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) ha aprobado el inicio del procedimiento de liquidación del contrato administrativo para la gestión indirecta de la prestación del servicio del ciclo hidráulico, en virtud de la declaración de nulidad de acuerdo de pleno del ayuntamiento de fecha 24 de julio de 2014, por el que se acordó la adjudicación y selección del socio privado FCC Aqualia SA.De esta forma se ha articulado el proceso de remunicipalización de la empresa Aguas de Alcázar en este pleno extraordinario que demuestra, según ha afirmado la alcaldesa, Rosa Melchor, que se cumple el compromiso que el equipo de Gobierno adquirió hace ya seis años cuando se produjo la venta de la empresa.

Según su valoración, la venta se hizo por causas que fueron “puramente ideológicas”, al igual que lo son las del actual equipo de gobierno que, cumpliendo la sentencia del Tribunal Supremo, quiere revertir el proceso y, ahora puede hacerlo con el respaldo de la justicia, como ya había anunciado que se debía hacer.

La alcaldesa ha añadido que quiere que este sea un proceso transparente y que todo el mundo conozca; que no se lleve a engaño a nadie diciendo cosas que no son ciertas, y ha tranquilizado también a los trabajadores de la empresa porque la plantilla seguirá siendo la misma, y ha recordado que hoy es un día para felicitarse porque con esta acción el pleno está reconociendo el éxito de todo el pueblo.

La alcaldesa ha destacado que el de hoy es un día para celebrar que se ha conseguido lo que miles de personas salieron a la calle a reclamar, que el agua fuera pública, lamentando que, debido a la pandemia, hoy no han podido estar en el pleno todos los vecinos que han estado apoyando el proceso con su lucha y tesón, unas veces en la calle y otras de forma silenciosa.

La portavoz de IU, Maribel Ramos, se ha sumado al apoyo de la liquidación del contrato y ha recordado toda la lucha mantenida desde la Plataforma contra la privatización de Aguas de Alcázar en la que estaba representada gran parte de la sociedad alcazareña a través de asociaciones de todo tipo, sindicatos e instituciones.

Por parte de Equo, Elisa Díaz se ha remontado a 2013 cuando mucha gente iniciaba un camino de lucha en la defensa del agua pública, “gente que hoy tiene su recompensa”.

Ahora que el Tribunal Supremo ha dado la razón al recurso presentado por Ana Belén Tejado, se debe producir la liquidación de la relación contractual y hacer el proceso evitando los errores y cumpliendo lo firmado, insistía.

Francisco Sánchez, de Ciudadanos, ha destacado que la mayoría ha decidido que el agua sea gestionada por el Ayuntamiento, por lo que ha apoyado la iniciativa, recordando la contradicción de que algunas gestiones el ayuntamiento las está haciendo de manera indirecta, como el cobro de algunos impuestos que se han cedido a la Diputación.

PP y Vox, no están de acuerdo

Desde Vox, María Jesús Pelayo ha dicho acatar la sentencia pero ha pedido que la empresa Aqualia entregue un informe de gestión para conocer cuál ha sido la situación real de la empresa, así como el costo del servicio para saber la evolución que se ha dado en este tiempo en relación con el ciclo hidráulico.

Por parte el PP, Diego Ortega, ha manifestado no estar de acuerdo con el fondo de la sentencia y ha defendido que la privatización de la gestión la realizó siendo alcalde porque la empresa de aguas estaba en quiebra técnica.

Además, ha dicho que nunca pensó en otro tipo de intereses que lo mejor para su ciudad y ha añadido que volvería a hacerlo de la misma manera, considerando que el proceso de remunicipalización va a ser negativo para el Ayuntamiento.

El portavoz del PSOE, Gonzalo Redondo, ha negado taxativamente que la empresa de aguas tuviera problemas económicos y ha contestado a Ortega que la quiebra la crearon ellos mismos (pasando el crédito a largo plazo a corto plazo) “con las malas intenciones de conseguir argumentos para interponer querellas contra los responsables socialistas en esa época, que no prosperaron a pesar de los reiterados intentos, que han costado a los ciudadanos 200.000 euros en procesos judiciales y abogados con el fin de hacer daño y de abonar el terreno para la privatización”.

La liquidación se ha aprobado con los votos en contra de VOX y del PP y a favor del resto de partidos que conforman la Corporación Municipal.

En el pleno extraordinario ha quedado aprobado definitivamente el presupuesto del ayuntamiento para 2021, tras el debate sobre las alegaciones presentadas al mismo y se ha dado cuenta igualmente del recurso de reposición presentado por Gestnova Tecnic CM, SL sobre la extinción de la concesión administrativa del edificio del Convento de Santa Clara.