Bienestar Social renovará la Estrategia contra la Pobreza y prepara otra de Cooperación al Desarrollo

El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene el objetivo de renovar la actual Estrategia regional contra la Pobreza y la Exclusión Social para adaptarla a las circunstancias derivadas de la pandemia de COVID-19 y también prepara otra específica para la cooperación al desarrollo. Esta última cuestión se convirtió en una de las polémicas del pasado año tras anularse una de las convocatorias públicas de ayuda al desarrollo y que llevó a las ONG a denunciar un “recorte insolidario” en un momento de gran necesidad para los países más empobrecidos de Castilla-La Mancha. En este sentido, el Ejecutivo regional mantiene su intención de recuperar estas ayudas aunque sin fecha concreta.

Estas son algunas de las cuestiones detalladas por la nueva consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, en su comparecencia en las Cortes de Castilla-La Mancha para dar cuenta de las actuaciones de este departamento en esta nueva etapa.

Según ha avanzado, en los próximos meses se llevará a cabo la modernización y la consolidación del Sistema de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia “pensado para las personas”. Para ello, ha recordado que la Consejería cuenta para este año 2021 con 843 millones de euros, 87 millones más respecto a 2020.

Ha detallado que el Gobierno regional trabaja en el impulso de un modelo de Bienestar Social Avanzado “que se adapte, modernice, digitalice, evolucione y haga sostenible el Sistema”. Uno de los pilares fundamentales de este modelo es el desarrollo de la “Economía de los Cuidados”, que incluye los cuidados de larga duración a personas mayores y dependientes, el refuerzo del Sistema Nacional de Dependencia y el desarrollo de los Servicios de Proximidad“.

Asimismo, ha adelantado que este sistema va a permitir que el Modelo de Bienestar Social Avanzado absorba los fondos provenientes de Europa para la reconstrucción social y económica de la región, lo que va a suponer una inversión de 125 millones de euros. Se destinarán a inversiones para la modernización de infraestructuras sociales, actualizar las estructuras normativas, impulsar una estrategia de Servicios de Proximidad y avanzar en la transformación digital hacia un sistema de Información Social. También en este ámbito, la titular de Bienestar Social ha subrayado que el Ejecutivo autonómico va a consolidar la Estrategia de Ordenación de Recursos de Proximidad, con la que “facilitamos la permanencia de las personas en situación de Dependencia en su entorno con atención personalizada”.

Dentro de esta estrategia, el Gobierno regional ya desarrolla el servicio público y gratuito de Teleasistencia Básica y Avanzada para las personas mayores de 70 años; el Servicio de Ayuda a Domicilio con la forma de 690 convenios de colaboración con ayuntamientos y un presupuesto de 43 millones que se verá incrementado en cinco millones más este año; la Red de Viviendas de Mayores con 155 en funcionamiento y los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal (SEPAP-MejoraT), desarrollados en 282 municipios. Además, ha asegurado que el Gobierno regional continuará reforzando estos servicios, y ha destacado el Plan de Telecuidado Avanzado, dotado con 12,5 millones de euros, que tendrá como novedad un cuidador de referencia y pasará de una asistencia reactiva a una predictiva y proactiva.

La nueva consejera ha finalizado su comparecencia ofreciendo dialogo y predisposición a los agentes sociales, entidades, formaciones políticas y a los y las profesionales, con “el objetivo de contribuir a la recuperación social y económica de Castilla-La Mancha para no dejar a nadie atrás”, y con el compromiso de avanzar en un Modelo de Bienestar Social transversal, coordinado y unido al desarrollo social, económico y territorial, así como haciendo frente a la despoblación y en el cumplimiento de la Agenda 2030“.

PP: la importancia del tercer sector y la lucha contra la pobreza

Durante el turno de intervención de los grupos parlamentarios, el diputado del Grupo Parlamentario Popular Vicente Aroca ha exigido a la nueva consejera de Bienestar Social que derogue “de manera inmediata” la resolución del pasado 13 de octubre en la que se deja sin efecto parte de la convocatoria del Ingreso Mínimo de Solidaridad. Además, ha pedido que se ponga en marcha un Plan de Estabilidad a medio y corto plazo para el Tercer Sector, ya que se trata de un colectivo “primordial” para la sociedad y, por tanto, se merece “certidumbre, certeza y seguridad”.

También ha lamentado que, a día de hoy, 624.000 personas se encuentren en riesgo de pobreza y de exclusión social y “mucho nos tememos” que a causa de la pandemia estas cifras se han visto incrementadas. Por todo ello, Aroca ha agradecido la gran labor que realizan las personas que trabajan en favor de los más desfavorecidos y a entidades como Cruz Roja, el Banco de Alimentos, Manos Unidas o Cáritas.

De su lado, la diputada de Ciudadanos Elena Jaime ha echado en cara a la consejera la forma en la que se ha gestionado la política de mayores durante la pandemia, lamentando que a su grupo político le falten datos y la “falta de transparencia” en esta materia. “Le toca reconstruir un mundo dañado por la pandemia”, le ha dicho Jaime a la titular de Bienestar Socia, añadiendo que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos le va a tender la mano para llevarlo a cabo.

Y el diputado socialista Pablo Camacho ha destacado que García se encuentra una Consejería “a pleno rendimiento” y “muy bien gestionada” por su predecesora, de la que ha destacado su “gestión eficaz”. Como ejemplo de ello ha puesto que el sistema de dependencia de Castilla-La Mancha haya pasado del “desmantelamiento” del PP a tener un notable alto por parte del Observatorio de la Dependencia o que el presupuesto de la Consejería haya pasado de 607 millones en 2015 a 843 en la actualidad. También ha destacado la “importante inyección” que supondrán los fondos europeos, que ha calificado como el “mayor reto” para la Consejería y ha criticado que el PP haya tratado de obstaculizar estos fondos “a toda costa” vitando en contra en el Parlamento Europeo o en el Congreso.

Defensa de la gestión en pandemia y reordenación de prestaciones sociales

En su turno de réplica, la consejera ha respondido, en cuanto a la gestión de la pandemia, defendiendo las decisiones de su antecesora en el cargo, Aurelia Sánchez, y recordando que las actuaciones se llevaron a cabo bajo la coordinación de las autoridades sanitarias, con 70 millones de euros de gasto del departamento de Bienestar Social. En este sentido, ha destacado el “apoyo total” que se ha dado a las residencias de personas mayores, con protocolos de actuación, planes de contingencia y refuerzo de la inspección. Por otra parte, ha remarcado también el apoyo al tercer sector, un “aliado indispensable” de su departamento, recordando el plan de choque de 37 millones de euros para este colectivo, cuyas resoluciones se resolverán “lo antes posible”.

Por último, en cuanto al sistema de prestaciones sociales, ha apostado por un modelo “homogéneo” de rentas básicas. Para ello, Bienestar Social sigue preparando un decreto de ordenación de todas las ayudas, que incluye el Ingreso Mínimo Vital (estatal), el Ingreso Mínimo de Solidaridad (regional, aunque ya no se tramitan nuevas solicitudes para adaptarlo al IMV), las Ayudas de Emergencia Social (AES), las de viudedad y las de familia numerosa.