Carrera contrarreloj para comenzar las obras del ATC antes de las elecciones
El “calvario” para muchos comenzaba el 30 de diciembre de 2011. Aquel día cuatro localidades de España competían por ver cuál construiría el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, un “cementerio nuclear” con una esperanza algo menor de un siglo de vida que albergaría todos los desechos de las plantas nucleares españolas. Villar de Cañas, en Cuenca, fue la localidad elegida para su emplazamiento a pesar de que fue la peor valorada de todas las candidatas por los aspectos técnicos y geológicos. La localidad valenciana de Zarra fue la mejor valorada y era donde, a priori, se haría el ATC. Ascó (Tarragona) fue la siguiente en puntuación prácticamente empatada con la valenciana (un pueblo además con planta nuclear y experiencia en el ámbito). La alcarreña Yebra fue tercera y, lejos de todas las demás, Villar de Cañas. Por eso cuando el Ministerio anunció que la localidad con los peores informes sería su emplazamiento la sorpresa fue mayúscula.
Hablamos de una obra que tiene presupuestados 263 millones de euros, muy golosa para todas las constructoras del país. Pero que se ha enfrentado a multitud de oposición pública y social, así como a los informes técnicos posteriores que han reafirmado lo dictado por los primeros (que Villar de Cañas no es seguro para el ATC) y a un plazo electoral que le da al presidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega, cuatro meses para adjudicar la obra, ya que es muy probable que el siguiente gobierno la paralice.
Por ello desde Enresa ha empezado a correr el reloj. La adjudicación de la obra principal del complejo se quiere dar ya a pesar de que no hay autorizaciones, no hay informes positivos y de las dudas de las cuentas de la propia empresa pública. Y para adjudicarla no se duda en llevarse por delante en Enresa a quien sea necesario, como ha sido el caso de ya tres altos cargos en seis meses. En julio caía el secretario general de Administración de Enresa por denunciar gastos desmedidos e injustificados por parte de Gil-Ortega y de su encargado de comunicación, Carlos Dávila. El segundo era el encargado de organización de recursos humanos: su error, oponerse a que Gil-Ortega contratara “a dedo” a 28 personas en Enresa (como informaron algunos medios).
El tercero en caer ha sido esta misma semana el director de administración y responsable de compras y contrataciones de Enresa, sin conocerse el motivo. Tres altos cargos que se ha llevado por delante Gil-Ortega.
En primer lugar se anunció que la adjudicación de la obra civil, el grueso de la operación, se haría en septiembre de 2014, quedando retrasado en su momento. El propio Gil-Ortega señaló que se adjudicaría en los próximos días, a principios de febrero, y la pregunta que existe ahora es qué pasará estos días, y si se adjudicará una obra que no cuenta con las autorizaciones de emplazamiento, construcción, puesta en marcha ni con la Declaración de Impacto Ambiental, es decir, que no tiene prácticamente nada de papeleo y que necesita autorizaciones de hasta dos ministerios distintos para poder empezar la obra. Ni el Consejo de Seguridad Nuclear ha dado permisos para poder efectuar la obra tampoco. Los técnicos siguen valorando el terreno y emitiendo informes en el 90% negativos y advirtiendo que o bien falta información que aclare más determinados puntos clave como los sismológicos o los hidrológicos, o directamente lo obtenido desaconseja construirlo ahí (estabilidad del suelo). Puntos que parece no escuchar la empresa pública.
Basta pasar por Villar de Cañas para ver lo que es el complejo a hoy día: un edificio recientemente construido como laboratorio y un vivero de empresas que no obstante inauguró la propia Cospedal y pagados en su mayoría por dinero municipal. Lo demás no deja de ser una parcela enorme donde las constructoras se intentan repartir el pastel de cualquier obra, desde el propio ATC hasta asfaltar un camino.
Otra pregunta en el aire es qué pasaría si se concede y se empieza la obra y luego, como afirman todos los informes, no es segura. No solo por las repercusiones sanitarias en la comarca y en Castilla-La Mancha, sino por las económicas. Algo que se puede comprobar en el proyecto Castor, en las costas de Castellón y Tarragona: una plataforma subacuática almacenadora de gas que ha provocado terremotos en esas provincias. Como en ese caso fallaron los informes, para paralizar la obra (está claro que por causas de fuerza mayor) hubo que pagar a ACS, empresa de Florentino Pérez, 1.400 millones de euros de dinero público para que cesada la actividad: más de 600 euros por cada español consumidor.
De la misma forma que Francisco Gil-Ortega llegó a Enresa es de la forma de la que podría salir. Hay que recordar el historial del presidente de la empresa para atar algunos cabos: ex-alcalde de Ciudad Real desde 1995 a 2007 por el Partido Popular, vicepresidente de las Cortes castellano-manchegas y ahora metido a empresario nuclear, a pesar de no tener ninguna experiencia en el sector. Fue uno de los impulsores del “pufo” que ha acabado siendo el aeropuerto de Ciudad Real. Se dice que fue colocado a presidir Enresa directamente por la propia María Dolores de Cospedal, y así llegó el proyecto a Castilla-La Mancha. Sobre por qué no se hizo en Yebra (Guadalajara) y sí en Villar de Cañas, la respuesta es fácil; Guadalajara es la provincia cuyo reparto de escaños en las elecciones autonómicas es un número impar (que es por lo que Cospedal gobierna actualmente en la región) y ubicarlo en esa provincia podría levantar críticas y rechazos hasta el punto de que allí el PSOE fuese el partido más votado y le arrebatara el escaño que le hace ser presidenta. Cuenca, al tener un reparto de diputados par, corre menos peligro de dañar a Cospedal en las elecciones puesto que es muy difícil romper el bipartidismo.
El proyecto Castor se ha cerrado (al menos temporalmente) imputando a 18 personas entre miembros de constructoras, evaluadores ambientales, técnicos que hicieron las pruebas previas, miembros de los ministerios y encargados de valorar los riesgos por deficiencias en su trabajo, amén del pago de la millonaria indemnización con dinero público. Y el ATC, con más “pinta de Castor” que nunca, puede llevar el mismo camino por la precipitación de concederlo antes de las elecciones.
