Castilla-La Mancha se marca reducir un 15% los residuos industriales y domésticos en diez años

La pandemia de COVID-19 no ha frenado en Castilla-La Mancha el objetivo del Gobierno regional de convertir a esta comunidad autónoma en referente de implantación de la economía circular. Desde que el pasado 29 de noviembre aprobara la primera legislación española que regula esta política económica y social, ha seguido trabajando en la estrategia regional que, según la ley autonómica, debía estar lista en el plazo de un año. Este documento se encuentra ya en trámite de información pública y entre sus aspectos más destacados están los objetivos con horizonte 2030: reducción del 15% de los residuos industriales y domésticos en el plazo de diez años.

La Estrategia de Economía Circular de Castilla-La Mancha desarrolla de manera más detallada los principios generales establecidos en la ley, basados en todas las fases del ciclo de vida de un bien, producto o servicio. No solo se refiere a la gestión y reciclaje de residuos, sino que implica la gestión racional de todos los recursos que son necesarios para su producción y distribución. Entre estos destacan los recursos materiales y energéticos; el agua y el uso del suelo; la producción, distribución y consumo en el mercado de materias primas secundarias; y los aspectos de innovación e inversión.

El objetivo es incorporar al ordenamiento jurídico de la región los principios de la economía circular con la finalidad de favorecer un crecimiento económico, la creación de empleo y la generación de condiciones que favorezcan un desarrollo sostenible desacoplado del consumo de recursos no renovables y de la producción de “externalidades negativas” que permita luchar contra el cambio climático y avanzar hacia una economía hipocarbónica en la región, “con la consiguiente mejora del medio ambiente y, por ello, de la vida y el bienestar de las personas”.

En busca de “ecosistemas industriales”

Para ello hay elementos que la Junta considera “fortalezas”, como por ejemplo la situación geográfica de la comunidad autónoma y su suelo, por su ventaja competitiva y su precio, posicionando la región para “nuevos desarrollos de actividades industriales y logísticas con gran potencial en acciones circulares”. La intención es crear “ecosistemas industriales”. Además, como la economía castellanomanchega se especializa en determinados sectores productivos como el agrario, las industrias manufactureras y la construcción, estos se convierten en “potenciales de aplicación de sistemas nuevos de producción y uso eficiente de recursos”. Ahí contempla “grandes posibilidades de producción de productos químicos orgánicos y fertilizantes o la producción de combustibles y aceites a partir de productos agrícolas y vegetales”.

De igual forma, esta estrategia recalca la necesidad de reducción en el consumo de agua en los diferentes sectores económicos en especial en el sector agrario; así como el impulso de acciones para fomentar la lucha contra la obsolescencia programada y la extensión de la vida útil del producto.

Pero, ¿cuáles son estos objetivos concretos? De acuerdo al diagnóstico de la situación actual en Castilla-La Mancha en materia de economía circular, el documento establece, entre sus objetivos con horizonte 2030 la reducción de la generación de residuos domésticos e industriales en un 15% en relación a los generados en 2010; el incremento de la reutilización hasta llegar al 10% de los residuos municipales; la bajada en un 50% respecto a 2020 de la generación residuos de alimentos en toda la cadena alimentaria (hogar, consumo minorista y cadenas de producción y suministro); el incremento en un 10% de la reutilización de agua respecto al año 2020; el incremento en el gasto en I+D+i en materia de economía circular en un 25% en relación al gasto de 2018; y subir el uso energías renovables en un 30% en el sector agroalimentario, 30% en el sector industrial y 20% en el sector del turismo respecto a los datos de 2010.

Para lograr estas metas, se establecerán planes de acción particulares en base a las necesidades, oportunidades y potencial de la economía circular. Pero previamente se fijará una estructura de implantación que facilite la interactuación de los agentes implicados, la toma de decisiones y la definición de las acciones.

En Castilla-La Mancha esta estructura se ha diseñado en base al diagnóstico provincial, identificando en cada provincia diferentes zonas tractoras de la economía circular por su potencial en acciones y sinergias. Así, se han establecido 17 zonas de implementación de economía circular, cada una de ellas con un nodo regional, o punto focal de implementación:

Será la consejería de Desarrollo Sostenible quien elabore esos planes de acción en colaboración con las entidades locales de cada nodo regional, siendo además necesaria la implicación de empresas y ciudadanos. Los períodos definidos para los dos primeros planes de acción son 2021-2025 y 2026-2030, respectivamente, procediéndose a una evaluación y actualización del plan de acción a la finalización de cada periodo.

Cada plan de acción reflejará el punto de partida de cada una de las zonas de implementación tomando como base el diagnóstico realizado y actualizado, los objetivos, las propuestas de actuación para el horizonte temporal determinado, los principales agentes implicados, los recursos, los instrumentos y herramientas disponibles todo ello de acuerdo a los ejes, líneas, medidas e indicadores establecidos en la Estrategia.

La evaluación y seguimiento de esos planes se realizará en el seno de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de la Economía Circular y en colaboración con las entidades locales y agentes implicados.

Los planes de acción 2021-2025 y 2026-2030 deben incluir los instrumentos y medios para su correcta ejecución, correspondiendo al Gobierno regional de Castilla-La Mancha definir las iniciativas políticas para el desarrollo de las acciones. Así, este documento deja en manos del Ejecutivo regional algunas medidas como la normativa en gestión de residuos, los cambios en las políticas educativas para incorporar la economía circular en la enseñanza reglada, la disposición de tasas y tributos que premien o graben económicamente los comportamientos de empresas y consumidores, y los instrumentos de apoyo a la investigación, el desarrollo y la innovación.

Finalmente, en la estrategia se definen los diferentes modelos con los que se financiarán las acciones, que se derivarán tanto de fondos propios regionales como de los diferentes instrumentos de apoyo financiero de los que dispone la Unión Europea. Entre ellos el Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo; el Fondo de Transición Justa, que recibirá 7.500 millones de euros de nuevos fondos de la UE; el régimen de transición específico con cargo a InvestEU, que movilizará inversiones por un importe de hasta 45.000 millones de euros; y el mecanismo de préstamos al sector público del Banco Europeo de Inversiones, que se espera pueda movilizar entre 25.000 y 30.000 millones de euros.

A estos fondos se añaden aquellos en los que Castilla-La Mancha ya tiene participación en el período 2014-2020, como los fondos estructurales, los correspondientes al Programa H2020 (Horizon Europe), los Programas LIFE, el Programa INTERREG y el Fondo de Reconstrucción Europea Next Generation.