Los ciudadanos ya pueden participar en la elaboración de la Ley del Tercer Sector

El objetivo del Gobierno de Castilla-La Mancha de poner en marcha una legislación pionera en materia social tiene en la futura Ley del Tercer Sector otro de sus vórtices. Así se lo ha transmitido el presidente regional, Emiliano García-Page, a los representantes de la Mesa castellano-manchega del Tercer Sector en un encuentro mantenido esta mañana. En este órgano, constituido en julio de 2016, están representadas cinco organizaciones de carácter social como Cáritas, Cruz Roja, ONCE, CERMI-CLM y la Red Europea EAPN. El objetivo de todas es fomentar el compromiso comunitario y la lucha contra la pobreza y la discriminación, el mismo que la futura norma quiere desarrollar.

Así lo han detallado tras la reunión la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, y el presidente de la Mesa del Tercer Sector, Braulio Carlés. Ambos han puesto sobre la mesa los objetivos del anteproyecto de Ley, que ya se encuentra en fase de consulta previa para que los ciudadanos puedan realizar sus aportaciones, con plazo hasta el 25 de febrero.

En el encuentro, Gobierno y entidades sociales han abordado los avances en el diseño de la ley, “una normativa que va a ser de las más avanzadas de España”. Para ello, también se reunirá en febrero la Comisión Mixta del Tercer Sector Social donde están representados tanto empleados públicos de la Consejería de Bienestar Social, como expertos y miembros de la Mesa del Tercer Sector. Esta comisión ya ha mantenido reuniones en cada de las provincias durante el año 2017, convocando a diferentes colectivos sociales para conocer sus peticiones. En base a ello, ha realizado un estudio cuyos resultados definitivos se harán públicos en breve.

Aurelia Sánchez ha manifestado que el objetivo fundamental de la futura ley es impulsar un nuevo modelo de relación entre entidades sin ánimo de lucro que pueda reforzar los servicios públicos, así como desarrollar actividades de intervención social como la sensibilización y la participación en procesos de modificación de normas, la interlocución con el sector público, la promoción de la solidaridad y la participación social de la ciudadanía. Todo ello destinado a proyectos para la igualdad y la prevención de la exclusión social.

El Gobierno regional considera que está normativa se situará a la vanguardia, puesto que a nivel autonómico tan solo existe la aprobada por Euskadi en mayo de 2016. Una de sus piezas clave es que sentará las bases del denominado “concierto social” que tiene como objetivo dar seguridad a los servicios públicos que estén prestados por entidades sin fin de lucro. A este respecto, la consejera señala que ya se ha avanzado, porque en todos los proyectos destinados a mayores, personas con discapacidad o en situación de pobreza y exclusión social, se han ido adelantado los pagos. La norma vendrá a dar “estabilidad” a este modelo, a sus profesionales y “sobre todo a los beneficiarios de servicios sociales”.

En busca del consenso político y social

Finalmente, la consejera ha avanzado que la Ley del Tercer Sector entrará en las Cortes regionales este mismo año y ha confiado en que tenga el máximo apoyo de los agentes sociales, de la sociedad civil y de los partidos políticos con representación parlamentaria.

Por su parte, Braulio Carlés ha querido hacer hincapié en el hecho de que el tercer sector trabaja “por las personas que tienen mayores dificultades” y que por ello celebra la elaboración de esta nueva normativa, que “tiene que ser la que facilite la vida de aquellos que peor lo están pasando y consiga su bienestar”. También ha incidido en la necesidad de ese “concierto social” como fórmula de seguridad jurídica a las entidades sociales cuya participación también ha resaltado como uno de los aspectos más importantes de  la ley.

“Esperamos que todo nos lleve a un camino en el que sean las persona las más favorecidas y sigamos trabajando para generar un bienestar que nos lleve a todos a vivir con mucha más dignidad”.