María Luisa Soriano, la consejera de Agricultura del Gobierno de Cospedal, señaló en rueda de prensa que “no entiende” la polémica y las denuncias de los agentes medioambientales acerca de la nueva ley de Montes, actualmente en trámite desde el Congreso. Para Soriano, este proyecto “no cambia nada”, ya que los agentes forestales seguirán teniendo potestad en la tramitación desde el punto de vista “administrativo”, mientras que los delitos “continuarán” siendo competencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Por otro lado, Soriano ha señalado que la nueva ley, que permite la recalificación inmediata de terrenos después de un incendio, es “muy moderna” y “respetuosa” con el medio ambiente, además de con todos los agentes que trabajarán alrededor de la nueva legislación.
Rubén Cabrero, presidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha, ha señalado que estas declaraciones son “totalmente falsas”, ya que el cuerpo que representa se ve obligado a intervenir ante los delitos de este tipo, que incluyen incendios forestales y prácticas ilegales de caza, entre otros. “Es increíble que nuestra consejera, nuestra jefa, no sepa a qué nos dedicamos después de cuatro años de legislatura”, ha señalado Cabrero. La Asociación asegura que la indignación que han suscitado las declaraciones de Soriano ha alcanzado ya niveles nacionales, y que se trata de una “falta de respeto a los 6.400 Agentes Medioambientales del Estado”.
El colectivo afirma que lleva sus 140 años de historia investigando delitos medioambientales, no sólo gracias a sus competencias, sino porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal los obliga a ellos. En este sentido, el cuerpo señala que la legislación dictamina que son parte de la Policía Judicial, y que, como tales, deben intervenir ante todos los hechos de su competencia que tengan la consideración de delito, y responder ante el Juzgado de Guardia con el correspondiente Atestado y poner sus acciones en conocimiento del Ministerio Fiscal. Entre las actividades de persecución y denuncia, que se llevan a cabo en Castilla-La Mancha, se encuentran los múltiples delitos contra la flora y la fauna, como en el caso de uso de venenos o cepos, las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales, o presuntas irregularidades como la construcción de la familia Oriol-Aznar en el Parque Nacional de Cabañeros.
La Asociación Profesional ha señalado, además, que mientras Soriano realizaba estas declaraciones, que han llegado a tildar de “bochornosas”, parte del cuerpo de la provincia de Ciudad Real realizaba una intervención de decomiso de cepos, lazos sin freno y cajas trampa, cuyo uso se encuentra señalado como delito en el Código Penal de España. La postura de Soriano, señala el cuerpo, no sólo muestra un grave desconocimiento de la legislación que rige la actividad de este grupo de funcionarios, sino que es otra causa más para pedir su dimisión. “La Consejera aporta falsedades sin fundamento legal, porque no tiene otra forma de defender la irracional Ley de Montes”, asegura la Asociación.
El colectivo ha aprovechado para reiterar también su oposición a la Ley de Montes, que se encuentra actualmente en tramitación, en la que aseguran no están solos. En este sentido, los Agentes Medioambientales han destacado el apoyo de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que ha dejado claro que el apartado que afecta a las funciones del colectivo medioambiental es “innecesario”, siendo suficiente la colaboración que se ha llevado a cabo hasta ahora. El cuerpo de Agentes Forestales señala que son los funcionarios con mayor formación académica, y que son necesarios al haber sido creados precisamente para ese objetivo. “Los Agentes Medioambientales nos debemos a la ciudadanía y no estamos al servicio de la política, por lo que nos opondremos firmemente a esta Ley para seguir protegiendo el valioso patrimonio medioambiental de Castilla-La Mancha”, ha finiquitado la Asociación.