El director de la residencia de Tomelloso donde hubo decenas de fallecidos afronta una denuncia de varios familiares

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº1 de Tomelloso ha decidido abrir diligencias previas en las que se investiga un posible delito de homicidio por imprudencia y delito de omisión del deber de socorro en la gestión realizada en la residencia de mayores Fundación Elder en Tomelloso. El centro socio-sanitario se hizo tristemente conocido durante la primera ola de la pandemia, al registrar decenas de muertos e infectados por coronavirus.

Fueron, de hecho, los familiares de residentes fallecidos en el centro quienes decidieron interponer la denuncia, cuyo trámite inicial ha sido admitido por la justicia, ya que consideran que se han llevado a cabo gestiones “cuanto menos irregulares” y también de naturaleza “presuntamente delictiva”, según el auto. Este medio ha contactado con la residencia Fundación Elder tanto por teléfono como por correo electrónico, sin recibir respuesta.

De este modo, y de manera previa a dirigir la investigación contra personas concretas, como el director de la residencia, José Manuel Sampedro, el titular del juzgado ha decidido recabar datos que completen los aportados en la denuncia. De manera concreta, se pedirán datos a la consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, en relación a las actuaciones sanitarias y administrativas que se hayan realizado entre los meses de febrero y junio de 2020 en dicha residencia de mayores. Igualmente, se pedirán datos a la Fundación sobre los protocolos y actuaciones realizadas. Con esta información, se decidirá si continúa el procedimiento judicial

El abogado encargado de llevar el caso, Luis Miguel Polo de Polo y Panaderos Abogados, explica que son unas seis familias las que han decidido interponer la denuncia contra el director del centro, José Manuel Sampedro, quien fue delegado de la televisión regional en la legislatura del PP. Se ha hecho en este sentido, explica el letrado, porque no es posible accionar contra el centro. Polo asegura que llevan “meses” investigando, recabando pruebas a base de testimonios de familiares. “Todo el mundo tien derecho a la presunción de inocencia, pero en este caso, los hechos son presuntamente constitutivos de delito por homicidio por imprudencia u omisión de socorro”, asegura. Los delitos pueden llevar a una pena de prisión de entre 1 a 4 años.

Polo relata, por ejemplo, que el 10 de marzo se tuvo conocimiento de un usuario que dio positivo por coronavirus, mientras otros residentes presentaban también síntomas, según el relato el abogado. “El director, tras enterarse de esto, lo que hizo fue abandonar la residencia de manera repentina. Ya a finales del mes de febrero se le recomendaba que aceptase un plan de actuación ante posibles casos y que suministrara material de protección a usuarios y trabajadores, y no lo hizo”, recalca. Y señala, “los trabajadores tuvieron que enfrentarse solos a la situación”.

De este modo, continúa asegurando que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha debió enviar apoyo, “incluso un médico militar”, debido a la gravedad de la situación, mientras se intentaba localizar al director de la residencia de manera “infructuosa”. “El director reotrnó alrededor del 16 de marzo y lo primero que hizo fue desmentir por las redes sociales lo que pasaba en la residencia”, y “salir culpando a la administración”.

Fue el director general de Salud Pública de la región, Juan Camacho, quién salió al paso de las declaraciones de Sampedro, que aseguraba sentirse “muy abandonado”. Camacho aseguraba entonces que los trabajadores le explicaron que no tenían equipos, que la situación era “desesperada” y tampoco contaban con médicos. De este modo, se llegó a enviar por lo menos cuatro equipos de médicos y enfermeras, según aseguró la Junta de Comunidades, para realizar triaje a más de 70 residentes. “Hubo quince fallecidos antes de conocer por parte de la Dirección General la gravedad del brote”, aseguró.