El Gobierno Regional ha alcanzado los dos meses de impagos, correspondientes a enero y febrero, en las prestaciones para las personas en situación de dependencia. Esta deuda, que alcanza un importe de casi 15 millones de euros, denuncia la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, que ha señalado que los impagos afectan directamente en la compra de medicamentos, mantenimiento de la infraestructura de rehabilitación, las terapias y la propia manutención de “los dependientes”. El colectivo de apoyo a la dependencia afirma que esta situación ha sido advertida de forma explícita a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales del Gobierno, a quienes se ha instado a trabajar de forma eficiente para evitar y paliar los efectos de una situación que califican como “dramática”.
Según la Plataforma, es “inadmisible, canalla, cruel, e ilegal” que las nóminas se envíen los últimos días del mes vencido, ya que dejan sin margen de maniobra ante cualquier eventualidad a la Consejería de Economía y Hacienda, institución a la que la Plataforma “descarga de cualquier responsabilidad”, ya que consideran a la Dirección General de Dependientes como la principal responsable. Señalan también las dificultades a las que se somete a la Tesorería encargada de liberar los pagos con este tipo de desequilibro en las gestiones.
Así, valoran que el Gobierno Regional no sólo está llevando a cabo una política de retirada “encubierta” de prestaciones a las personas en situación de dependencia, sino que además se les está quitando un cobro regular, que han equiparado al pago de nóminas, prestaciones por desempleo o pensiones. Estos impagos, señalan, han hecho que las personas en espera de sus prestaciones tengan que elegir entre comer, medicarse o continuar con sus servicios de terapia y rehabilitación. Esta “auténtica emergencia social” fue comunicada al Gobierno Regional mediante una carta registrada el 23 de marzo de 2012, cuando ya se registraban impagos en las prestaciones, lo que se considera también un plazo previo a acciones legales que pudiesen corresponder. La Plataforma ha llamado también a los afectados por la falta de pago a que ofrezcan su testimonio a los medios para dirigir la atención pública hacia este problema.