“No representamos a ningún partido político, sino a los vecinos, y en este caso el tema afecta a toda la población”, explicaba la coordinadora de la asociación de vecinos 'El Tajo', Gemma Ruiz, en las llamadas 'ruedas de prensa ciudadanas' que impulsa Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha. Acompañada por la vicecoordinadora del colectivo, Sonia Méndez, y por el secretario general del partido, José García Molina, Ruiz recordó el “cementerio” que se extiende por el barrio del Polígono en Toledo, que se depositó de manera “irresponsable” y “descontrolada” después de prohibirse la instalación y comercialización del material.
La asociación también destacó que “ninguna administración” ha decidido todavía poner fin a la actividad que dejó en la zona material que “con un solo gramo retenido en los pulmones” puede desencadenar asbestosis, una enfermedad crónica, y que en grandes cantidades es un problema medio ambiental y de salud pública, explicó Ruiz. 'El Tajo' presentó una denuncia ante la Fiscalía en julio de 2014, junto a Izquierda Unida-Los Verdes, Ecologistas en Acción y la Plataforma del Tajo en Toledo, pero ha asegurado que no se plantean más maniobras judiciales para impedir que la situación se estire en el tiempo.
Por su parte, Méndez señaló que los nueve focos de amianto de los que habla el informe de la empresa pública EMGRISA son de 2008, pero que hoy “hay muchos más focos. Todo el barrio está lleno” de amianto“. En este sentido, la asociación ha relatado que se encontraron restos a unos 30 metros de unas residencias en la zona, pero que la respuesta de la Junta no fue la esperada. En este sentido, también han criticado las declaraciones del consejero de Sanidad, Jesús Fernández, quien anunció que no había riesgos para la salud, por lo que se ha pedido su dimisión. ”Es inadmisible“, sentenció la vicecoordinadora de la asociación, ”la indignación ha pasado a enfado por las declaraciones de los cargos públicos“.
Protocolo de actuación sanitaria
Desde la asociación han señalado que “saben” que los restos de amianto tienen un “largo periodo de latencia” y por eso piden que no se espere a que haya enfermos por su causa, sino que se prevenga desde ya. “Es la solución a todo”, señaló Ruiz, quien advirtió de que “creemos que pueden estar surgiendo casos por el tiempo de exposición”. De este modo, recuerdan que los riesgos ambientales están reconocidos por la Junta, pero que no pasa lo mismo con los sanitarios y que saben que el problema es “económico”. “Decimos que la salud no tiene precio, que no sirve un sellado porque nadie nos va a responder si va a quedar bien o mal”, explica.
La asociación se reunió con Manuel Tordera, director general de Salud Pública, a quien enviaron un protocolo de actuación sanitaria en el que se incluyen pruebas diagnósticas como radiografías de tórax. Aseguran que son los distintos especialistas que han consultado los que han explicado lo que se debe hacer en estos casos y que la Junta de Comunidades se han limitado a negar que haya problemas de salud. Recuerdan también que sólo los trabajadores de la fábrica se someten actualmente a chequeos de salud periódicos. “No queremos que se minimice el problema, y no queremos seguir trece año más con eso ahí porque entonces aparecerán vecinos y vecinas enfermos”, remató Ruiz.
Reconocen que el problema se encuentra principalmente en la falta de fondos para pagar la retirada, ya que se barajan entre “12 y 14 millones de euros” para la misma. Es por esta cuantía, explica Méndez, que los propietarios de las parcelas no lo retiren, debido al coste “elevadísimo”. Debido a la prórroga de los presupuestos de 2016 no cuentan con que en este ejercicio se lleven a cabo acciones. “Nos tememos que las razones sean económicas, ya que en cada uno de los focos hay que hacer actuaciones diferentes, y es una de las razones por las que las administraciones no se ponen de acuerdo”, afirmó Ruiz.
José García Molina ha defendido que la partida para retirada de residuos que se proponía en los presupuestos de 2017 no iba destinada específicamente al amianto, y por eso su grupo propuso una enmienda de medio millón de euros, que iba a apoyar el grupo 'popular' pero contra la que el PSOE finalmente votó en contra. “No tiene nada que ver con que los presupuestos estén prorrogados o no, no ha habido intención nunca”, concluyó el parlamentario.