El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha continuado con las actuaciones enmarcadas en el ‘Plan de control de la legalidad de la madera comercializada’ en la región, impulsando el aprovechamiento sostenible de los bosques frente a la tala ilegal.
Así lo ha anunciado, el director general de Medio Natural y Biodiversidad, Félix Romero Cañizares, quien ha destacado que “este es un asunto inaceptable para quienes apostamos por la puesta en valor de los recursos forestales, pues la tala ilegal destruye valor a la madera y contribuye la degradación de los bosques en todo el mundo, su deforestación, y sin duda es una amenaza a la biodiversidad”.
En concreto, la práctica de la comercialización de madera aprovechada ilegalmente constituye un problema medioambiental reconocido internacionalmente, de primera magnitud en muchos países en desarrollo exportadores de madera en Europa del Este y en países tropicales, en detrimento de la madera procedente de la gestión forestal sostenible.
Por ello, se están realizando controles e inspecciones con el objetivo de reforzar el papel de la madera legal y sostenible en la economía verde, y con ello otorgar mayor conocimiento a las actividades forestales en Castilla-La Mancha, en el marco de la sostenibilidad y de la promoción de los productos que aportan los ecosistemas forestales dentro de una bioeconomía social y ambientalmente responsable en la región.
“Los productos forestales y el aprovechamiento de los recursos de nuestros bosques son fundamentales para la conservación del medio natural y supone un importante valor económico que contribuye a la economía verde y circular y a la dinamización del entorno rural de muchos pueblos en Castilla-La Mancha”, ha destacado Romero.
En mayo de 2020, Castilla-La Mancha aprobó el ‘Programa de control de la legalidad de la madera comercializada en Castilla-La Mancha’. No obstante, desde el año 2016 se vienen realizando los controles establecidos en el Plan Nacional enmarcado en la Ley de Montes 43/2003, de 21 de noviembre, modificada por la Ley 21/2015, de 20 de julio, donde se establece la necesidad de elaborar un “Plan nacional de control de la legalidad de la madera comercializada”.
Desde 2016, la autoridad competente en Castilla-La Mancha, actualmente la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha estado informando con objeto de dimensionar al conjunto de los actores afectados por la normativa. Además, ha establecido canales para llegar al conjunto de los agentes implicados para que conociesen el trabajo que se está realizando respecto a los controles administrativos, intentando potenciar las buenas prácticas en el cumplimiento del Reglamento Europeo de la Madera (EUTR).
Todas estas iniciativas están unidas a la lucha contra el comercio ilegal de la madera, que la Unión Europea puso en marcha ya en el año 2003 con el Plan de Acción sobre la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestal (FLEGT, Forest Law Enforcement, Governance and Trade por sus siglas en inglés).
A raíz de este plan, se formalizó el Reglamento FLEGT por el que se establece un sistema de licencias para las importaciones de madera en la Unión Europea y el Reglamento EUTR (European Union Timber Regulation), que recoge las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera, así como de las autoridades nacionales para el cumplimiento de la normativa.
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