Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha ha celebrado este fin de semana su vigésima asamblea regional con representantes de las distintas federaciones provinciales, locales y comarcales. Entre ellos los del nuevo grupo de Ecologistas en Acción de la Cuenca del Záncara. El balance ha sido “muy positivo” en relación a su trayectoria, pero muy crítico en cuanto a la actitud del Gobierno regional. “La asociación es un sólido referente de la defensa del medio ambiente en Castilla-La Mancha al que todo tipo de entidades y la ciudadanía en general se puede dirigir para hacer frente a cualquier situación de carácter ambiental”, aseguran.
En cuanto a la Junta de Comunidades, han señalado que “tras un inicio de legislatura prometedor en algunos aspectos”, cada vez está “dando más la espalda” al medio ambiente, llevando acciones que relacionan a “Gobiernos anteriores”. En “especial” critican la “contribución desde la portavocía del Gobierno” a algo que consideran un “clima de acoso y menosprecio” para colectivos que defienden el medio ambiente. Para ello, ponen como ejemplo el trato dado al Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou. “Desde aquí nos solidarizamos con dicho colectivo, también lo hacemos con quienes defienden pueblos sin malos humos, un espacio rural con personas y conciencia, la protección de la salud o del agua frente a los distintos tipos de contaminación”, recalcan.
Por eso, reclaman que se recupere “de inmediato un talante democrático y de respeto a toda la ciudadanía que nunca se debiera haber perdido, en especial a la que discrepa”. Y es que aseguran que en “los últimos tiempos” se han incrementado las acciones “de acoso” a activistas medioambientales y “a simples ciudadanas y ciudadanos que sólo pretenden un mundo y una Castilla-La Mancha mejor”. “Esto se tiene que acabar y el Gobierno debe dar ejemplo, no contribuir a alimentar este tipo de situaciones”, afirman.
Por otra parte, critican que las decisiones del Ejecutivo regional están afectando de manera “muy negativa” el medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos, y “no son coherentes” con su posición cuando de lo que se trata es de reclamar a otros sus responsabilidades. Entre otros, critican las decisiones de apoyar la instalación “masiva de macrogranjas” y de “favorecer la instalación de macrovertederos de residuos industriales”, o de apoyar la caza “frente a la conservación de la naturaleza”.
Debido a esto, han decidido no apoyar el Pacto Regional del agua, “que se ofrece en unas circunstancias que pueden entenderse con tintes electoralistas. Y, lo que es más trascendente, con unos contenidos que no marcan otra senda que la de seguir con el despilfarro del agua en la agricultura y ganadería intensivas o en proyectos declarados de singular interés”. Además, dudan de la capacidad de la Junta de asumir la gestión de los parques nacionales, de aumentar la red de espacios protegidos o de dotar a los parques naturales y a la Red Natura 2000 de los planes de uso y gestión que se requieren para garantizar su conservación y uso público.