Errores y aciertos de la propuesta de ley de Memoria Democrática de Castilla-La Mancha

Podemos Castilla-La Mancha acaba de presentar una nueva proposición de Ley de Memoria Democrática para la región, después de que el primer intento, en 2016, fuera rechazado por el Gobierno de Emiliano García-Page. Ha trasladado el texto al Parlamento castellano-manchego, en cuya elaboración han colaborado, según la formación morada, asociaciones como La Gavilla Verde, Foro por la Memoria de Toledo, Foro por la Memoria de Guadalajara, Ciudadanos por la República de Cuenca, AFECO, Asociación Fosa de Alcaraz y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cuenca.

Según las mismas fuentes de la formación política, algunas propuestas fueron recogidas y otras no “por ser inviables” (por cuestiones de competencias de la comunidad autónoma), tal y  como recogía “un informe jurídico” del que disponía la formación morada “de ahí que algunas asociaciones se descolgaran o se mostraran no conformes con la ley”.

El texto de la ley revela algunos datos en su exposición de motivos. En Castilla-La Mancha existen unas 8.000 personas sepultadas en fosas comunes y de las 143 fosas detectadas, 108 continúan sin ser objeto de intervención y exhumación, según datos de 2014.

Las pocas intervenciones, añade el texto, se producen gracias a asociaciones memorialistas y por la financiación privada del sindicato noruego de electricistas ELOIGT y de la asociación de los archivos de la brigada Lincoln (ALBA) “dada la dejación de los poderes del Estado” en el cumplimiento de las obligaciones que le vienen impuestas a España como país firmante de la convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas.

Castilla-La mancha, según la propuesta de ley, “debe dar un paso decidido en su desarrollo normativo en materia de memoria democrática” y para ello se reclama un “adecuado marco normativo” en la región para desarrollar la ley 52/2007 de 26 de diciembre, la conocida como Ley de Memoria Histórica

La propuesta de Podemos “pretende avanzar en el proceso de adecuación y convergencia legislativa con el cuerpo jurídico internacional” aunque no llegará a debatirse en esta legislatura en las Cortes regionales y su recuperación o no dependerá que cómo quede el arco parlamentario regional tras las elecciones del 26M.

¿Qué dice la ley?

La ley incluye siete títulos como el que habla de determinar quiénes deben ser consideradas víctimas de represión y se apuesta como instrumento por un ‘censo’ público. Es la Junta, dice el texto, la administración “obligada” a realizar las actuaciones necesarias para recuperar e identificar restos de personas desaparecidas y de elaborar mapas de localización de sus restos, además de ser responsable de autorizar la localización, exhumación e identificación.

En el titulo 2 se aborda la reparación a las víctimas por un lado (para que la Junta promueva medidas que lo faciliten), regula los lugares de memoria democrática, su inscripción en un catálogo, y finalmente recoge la prohibición de exhibir símbolos contrarios a dicha memoria democrática o en homenaje al franquismo o a sus responsables.

Se recogen también algunos aspectos relativos al patrimonio documental de la memoria democrática, se reconoce la “relevancia” del movimiento asociativo y fundacional en la preservación de la memoria democrática y establece que la Junta pondrá en marcha medidas a su favor.

También prevé un Registro de las entidades de memoria democrática y crear un Consejo de Memoria Democrática de Castilla-La Mancha como órgano colegiado consultivo y de participación del movimiento memorialista de la región

 

Se propone un Plan castellano-manchego de Memoria Democrática

Además se contempla la puesta en marcha de un Plan castellano-manchego de Memoria Democrática de carácter cuatrienal. También de un Instituto de la Memoria Democrática, además de la inclusión de la materia ‘Memoria Democrática’ en el currículo de la ESO y que “pueda ser considerada en los estudios universitarios que proceda”.

La propuesta de ley incluye el derecho a la exhumación de las personas asesinadas como consecuencia del golpe militar del 36 y se apunta que los bebés robados tendrán los mismos derechos en caso que ser necesaria la apertura de algún enterramiento en el proceso de búsqueda.

También se apunta la necesidad de crear un Banco de ADN dependiente del  Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Castilla-La Mancha en el que se conservarían las muestras de restos de las exhumaciones de la región  con su secuencia de ADN.

Por otro lado, se insta a la creación de un inventario de lugares de memoria democrática en la región,  se habla de señalizar aquellas obras que fueron realizadas con el trabajo de esclavos durante el franquismo y se apunta que, en  el plazo máximo de un año desde que entrase en vigor la ley, el Gobierno regional deberá instalar en cada uno de los campos de concentración de Europa donde haya habido castellano-manchegos internados, una mención especial como homenaje a la lucha contra el fascismo y por la libertad llevada a cabo por cientos de castellano-manchegos tras el golpe de Estado franquista y durante la Segunda Guerra Mundial.

La ley incluye ocho disposiciones adicionales entre las que se reclama la creación de una Comisión de la Verdad, en la línea de las recomendaciones de Naciones Unidas, “para el restablecimiento de la verdad histórica, jurídica e institucional sobre los hechos y acontecimientos acaecidos durante la guerra civil y la dictadura franquista y hasta la entrada en vigor de la actual Constitución española.

Otra de las disposiciones adicionales insta a la Junta a tomar medidas para que se declare la nulidad de todos los juicios a ciudadanos que realizaron tribunales militares o civiles a causa de motivos políticos vinculados a la República, la guerra civil o la defensa de la democracia durante la dictadura.

Y es esta cuestión, precisamente, una de las claves que han motivado el rechazo al texto por parte de asociaciones memorialistas como la Asociación de Familiares de Ejecutados en el Cementerio de Ocaña (AFECO). Carmen Díaz, su vicepresidenta, explica que, aunque les fue consultada su opinión y acudieron a una reunión para elaborar el texto normativo, “enseguida nos dimos cuenta que era más de lo mismo. Para nosotros, todo lo que no sea invalidar las sentencias de los juicios y eso tiene que hacerse a nivel nacional, es papel mojado. Ahí está la madre del cordero”.

Nieta de fusilado por el franquismo, Díaz insiste en que la ley castellano-manchega propuesta por Podemos “no aporta nada nuevo”, aunque, matiza, “no ha sido una pérdida de tiempo, yo me reúno con el diablo si hace falta. Sin embargo, dice, ”tengo la sensación de que siempre se está buscando desenterrar y no se trata solo de eso porque la represión franquista abarca muchos aspectos. No hablamos solo de las personas que fusilaron sino de quienes se vieron sometidos a trabajos forzados, de los bebés robados…“

AFECO prefiere trabajar en el ámbito nacional porque hay demasiadas cuestiones que escapan al ámbito autonómico. De hecho, se han sumado a la iniciativa que exige una ley de reconocimiento y protección integral de las víctimas del franquismo cuyo texto entregaron hace unos días entregaron en el Congreso como propuesta de cara a las elecciones del 28 de abril. “Lo que no se puede hacer es decir es que en Castilla-La Mancha vamos por un lado y solo exhumar y exhumar. Muchas veces no es la mejor solución si no se pueden identificar los cuerpos”.

Sobre la propuesta de crear espacios de reconocimiento a las víctimas cree que “está bien, pero debe pagarlo el Estado español porque hasta ahora somos las familias los que estamos corriendo con los gastos”. Carmen Díaz lamenta que “se mantengan monumentos franquistas, pero cuando hablamos de los represaliados nos dicen que no dejamos cerrar heridas, que si somos unos nostálgicos…”

“Medidas correctoras” para que los ayuntamientos cumplan la ley estatal

Por otra parte, Díaz dice ser “bastante pesimista” respecto a las decisiones que vayan a tomar los gobiernos que salgan de los distintos procesos electorales, “al Gobierno de Pedro Sánchez no le ha dado tiempo a abordarlo pero, en todo caso, las acciones menos populares siempre se quedan en el tintero y la memoria histórica no es muy popular porque siempre nos dicen que hay que cerrar heridas. Lo cierto es que hay que empezar a reparar”.

En todo caso, y de cara a la siguiente legislatura en la región, AFECO reclama “medidas correctoras” para que los ayuntamientos de Castilla-La Mancha cumplan con la Ley nacional en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los símbolos franquistas que todavía permanecen en “cientos de calles, plazas y monumentos que recuerdan aquella barbarie. El otro día estuve en un funeral en Pulgar y hay un pedazo de monumento junto a la iglesia. Al ayuntamiento que no cumpla, que se le sancione y eso a nivel de comunidad autónoma es muy fácil de hacer”.

Una mera ley de fosas “que no cuestiona la legalidad del franquismo”

Xulio García, portavoz del Foro por la Memoria de Castilla-La Mancha agradece la interlocución con las asociaciones memorialistas y cree que una ley regional “tiene algunos aspectos positivos que recoge el propio texto” como el referido a las sanciones que contempla para quienes incumplan la ley. Sin embargo, coincide con la opinión de AFECO:  el problema de la ley castellano-manchega, cuyo texto se basa en leyes autonómicas como la andaluza, es común al conjunto de las normativas que ya existen: “no cuestionan la legalidad del régimen franquista”, se elude que existía “todo un sistema de represión generalizado para sembrar el terror y sobre cuyas víctimas tenemos todos los datos en forma de sentencias” y se adentra en cuestiones que son competencia del Estado y no de las comunidades autónomas.

“Fundamentalmente es una ley de exhumación de fosas de la que debe ocuparse la Administración General del Estado y, por tanto, esta y las otras comunidades autónomas, incurren en el error de meterse en una cuestión que no les compete”. De hecho, recuerda, Castilla-La Mancha ni siquiera tiene transferidas las competencias en materia de Justicia y “ni el Parlamento autónomo cuenta con una Comisión de Justicia”.

Asegura que “la mayor parte de víctimas no están en fosas comunes ni tienen familiares que les reclamen. Hubo miles de sentencias de depuración política, de encarcelamiento., de trabajos forzados...”. Xulio García dice que lo importante es que “las víctimas tengan reconocimiento jurídico y político, no arqueológico” y que se anulen esas sentencias.

Ahora habrá que esperar al desenlace de los procesos electorales de los próximos meses para saber si es factible o no retomar el cumplimiento de la ley estatal vigente, ampliarla y desarrollar acciones autonómicas. “Desde luego si gobierna la derecha podemos esperar lo peor. Hasta que se retiren los monumentos o nombres de calles que ha constado mucho esfuerzo cambiar. Rajoy tuvo cero interés”. Y si ocurre, dice, “se añadiría una revictimización para las víctimas. Para mí lo peor es  el nulo deseo de cumplir con el derecho de acceso a la Justicia. Es una deuda de la democracia con todas las víctimas”.