A vueltas con la vía judicial abierta ante el Tribunal Constitucional en torno al nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM) de la ciudad, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo ha expresado su firme voluntad por lograr los objetivos de la legislatura y poner a disposición de los toledanos las infraestructuras y los desarrollos necesarios que sitúen a la capital regional como referente empresarial, industrial y de servicio, la generación de riqueza y la creación de empleo.
Conocido el auto del Tribunal Constitucional que deniega la petición de suspender la sentencia de nulidad de este plan urbanístico, el Gobierno local adelanta que va a intensificar los trabajos para que la ciudad cuente con un plan de desarrollo “moderno y adaptado a las condiciones socioeconómicas de la ciudad”, un marco legal propicio para la creación de empleo, “la generación de riqueza y el desarrollo de los servicios acorde con las actuales circunstancias”.
Del mismo, modo, y con la premisa de defensa del principio de legalidad, el Ayuntamiento mantendrá el recurso de amparo que se tramita en el Constitucional y que debe dirimir el problema de fondo (la prevalencia de la legislación estatal o autonómica en la tramitación del POM) aspecto este que no entra a evaluar el nuevo auto. El Consistorio señala además que esta decisión judicial no cierra la posibilidad proceder a las suspensión de la sentencia de anulación, por lo que, mientras siga vivo el recurso de amparo, se podrán acreditar los perjuicios que supone la no suspensión de la sentencia que anula el plan.
El Plan de Ordenación Municipal fue elaborado por el Ayuntamiento cuando era alcalde José Manuel Molina y que el auto que ahora se publica se dirige contra la orden de la Junta de Comunidades que lo aprueba en 2007.
Pese a este proceso judicial, el equipo de Gobierno va a seguir trabajando “para superar todas las dificultades” y que este proceso “no sea un obstáculo para alcanzar sus objetivos en la mejora de la calidad de vida de los vecinos de Toledo”.