El Gobierno de Pedro Sánchez aprueba el primer trasvase del Tajo con las normas del PP

Habrá nuevo trasvase del Tajo al Segura en pleno verano, tal y como ha avalado la Comisión de Explotación de este acueducto. La derivación de 38 hectómetros cúbicos será la primera aprobada por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, aunque con las normas que rigen esta infraestructura y que todavía son las del Ejecutivo anterior de Mariano Rajoy.

De esta forma, los pantanos de cabecera del Tajo continuarán así derivando agua hacia el Segura después de que en junio finalizara el último triple trasvase aprobado en marzo para los meses de abril, mayo y junio, un total de 60 hectómetros cúbicos (20 por mes) que además luego fueron ampliados hasta los 38 hectómetros una vez constatado que se podía aumentar el máximo posible a trasvasar debido a que las reservas en cabecera se colocaban en nivel dos --por encima de los 675 hectómetros cúbicos en Entrepeñas y Buendía--.

Según la legislación, la Comisión de Explotación ha considerado que hay suficiente agua embalsada en los pantanos de cabecera del Tajo, superando los 400 hectómetros cúbicos, el umbral mínimo fijado por el PP y que cuestionan partidos y colectivos anti-trasvase. Con esta decisión, que el Ministerio para la Transición Ecológica debe materializar a lo largo del mes de julio para su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado, el nivel de agua trasvasable en Entrepeñas y Buendía volverá a quedarse en ese límite mínimo legal para que se derive más agua.

La ministra lo contempla como “recurso extraordinario”

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho que aunque “no está prohibido” se trata de un “recurso extraordinario destinado a momentos de necesidad”.

Durante su primera comparecencia ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, Ribera ha manifestado que recurrir al trasvase debe ser una medida extraordinaria, y ha aclarado que “no se puede mantener un sistema de agua con trasvases”.

Por eso, ha defendido que la interconexión local de las desaladoras es “una buena opción” si se contempla cada cuenca como un sistema. “Llevar agua desde Santiago de Compostela hasta Cádiz me parece absurdo”, ha dicho. En todo caso, considera que España tiene un “larguísimo recorrido por delante” para cumplir “mínimamente” con lo que dicta la Directiva Marco del agua y que “lo demás son lecturas malévolas”.

La ministra ha insistido en que la política de agua es “extraordinariamente sensible, importante y estrategia” y considera que es “obvio” que hay que entender que es “imposible” basarla sobre la capacidad de garantizar tanta agua como se demande, sino que habrá que reordenar los recursos.

Ribera, a lo largo de su intervención, ha criticado la falta de información que se ha encontrado al llegar al Ministerio y ha lamentado que en muchos aspectos medioambientales el anterior equipo de Gobierno se ha dedicado a “esperar a que las cosas pasasen” o a “mirar para otro lado” en vez de afrontar los retos.

El Gobierno socialista de Castilla-La Mancha confía en que sea “el último”

Mientras, el Gobierno regional, su portavoz, Nacho Hernando confíaba por la mañana, antes de oficializarse la noticia, en que éste sea el último trasvase de la gestión del anterior Gobierno del PP y ha señalado que desde la Junta van a intentar buscar el fin de esa “inercia” de trasvases y plantearán al nuevo Gobierno su defensa del agua para Castilla-La Mancha. “El Gobierno de Castilla-La Mancha no se va a parar a mirar a quién tiene enfrente y el trasvase será analizado por los servicios jurídicos de la Junta por si se puede presentar un recurso, como se ha hecho con los anteriores trasvases”.

El diputado del PP Francisco Núñez también ha valorado la decisión de trasvasar más agua. “Ahora resulta que si Gobierno de Pedro Sánchez hace trasvases es culpa de Mariano Rajoy. Es que hoy ha dicho eso el portavoz de la Junta. Oiga, que quien gobierna es el PSOE de Pedro Sánchez”.

Y ha afeado a la Junta que se culpe a Cospedal “cada vez que hay inacción”, en este u otro tema. En este sentido, ha instado al Gobierno de Emiliano García-Page a “trabajar para aumentar el caudal mínimo de los embalses. Eso fue lo que hizo Cospedal y lo que hizo Pepe Bono, pero Page sigue quejándose”.

“Si Page quiere que haya mayor límite de agua en los pantanos, que deje de mentir, de culpar y que se ponga a trabajar. Bono llevó la reserva a los 240 hm3, Cospedal a 400 y por encima la Comisión de Trasvases permite trasvases”, ha insistido, porque de momento, concluía “solo busca culpables para justificar su ineficacia”.

Reacción también en Albacete, en la cabecera del río Segura

La reacción se ha producido no solo en Toledo, entre políticos y colectivos antitrasvasistas y ambientalistas, sino también en Albacete, en la cabecera del río Segura. La Plataforma en Defensa de los Ríos Segura y Mundo que viene reclamando paralizar el uso de los pozos de sequía desde la zona albaceteña para enviar también agua a Levante ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a cambiar las actuales normas del PP que permiten los trasvases. Así se lo han hecho saber a través de la red social Twitter.

24 trasvases a Levante en lo que va de legislatura

Con el de hoy, se han aprobado hasta 24 derivaciones de Castilla-La Mancha hacia Levante en la presente legislatura, todas ellas recurridas ante los tribunales por el Ejecutivo de Emiliano García-Page.

En medio de este proceso, a finales del pasado mes de septiembre, se produjo también un polémico “trasvase encubierto”. Dos días antes de una de las crisis políticas más graves de España debido al referéndum catalán, el Gobierno de Mariano Rajoy, a través de la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, decidió aprobar un trasvase desde la cuenca del Tajo hacia Levante en virtud de una cesión de derechos entre regantes. Lo hizo a las 20.00 horas del viernes 29 de septiembre, sin anuncio previo ni notificación, y tras haber relevado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), Miguel Antolín, que se había negado a adoptar tal decisión debido a la situación de emergencia de los embalses de cabecera.

En principio, las reglas de explotación fijan una serie de mecanismos para que tras las aportaciones hídricas recibidas, los pantanos de Entrepeñas y Buendía puedan atender a los usos de la cuenca cedente. Pero la visión continua de estos pantanos casi completamente secos o llenos de lodo ha demostrado que la realidad es otra, tal y como han venido denunciando desde la Plataforma contra el Trasvase de los pueblos ribereños.

Aunque en todo momento el Gobierno castellano-manchego evita hablar de “guerra del agua” y apela al diálogo entre autonomías, el presidente, Emiliano García Page, ha insistido en múltiples ocasiones en que el uso de las desaladoras en el Levante haría “innecesario” el trasvase Tajo-Segura y se ha preguntado “de qué están bebiendo y regando” en esos territorios en los que no se está usando este trasvase. También ha recordado que esta infraestructura, construida durante la dictadura franquista, “no habría sido posible en democracia”.