El Instituto de las Mujeres advierte: en Castilla-La Mancha no se garantiza el aborto y “esto va a cambiar con la reforma de la ley”

Ante las dudas que ha mostrado el Gobierno castellanomanchego de la reforma de la Ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, el Instituto de las Mujeres de España lo tiene claro: ahora mismo no se garantiza este derecho pero con el cambio sí se hará. Su directora, Antonia Morillas recordó lo que ocurre en la región, y que con esta reforma se va a revertir. “No es viable y no puede volver a suceder que mujeres recorran cientos de kilómetros para acceder a una prestación sanitaria como el aborto”, recalcó en Toledo.

La consejera de Igualdad castellanomanchega, Blanca Fernández, resaltó hace unos meses que la reforma planteada de la ley 2/2010 “tiene aristas” y se refirió en concreto a “hacer obligatorio que se practiquen las interrupciones del embarazo en el sistema público sin ninguna excepción”.

Entre los instrumentos que se plantean en el cambio normativo de la Ley Orgánica como --subrayó Morillas--, se encuentra el registro de objetores de conciencia para poder tener una “radiografía” del servicio sanitario con el que se cuenta. Junto a la reforma, señaló igualmente, también se quiere trabajar en una mejor educación sexual y por eso piden también el apoyo de todas las comunidades autónomas para que “niños y niñas puedan tener acceso a educación sexual, contra los mitos románticos, por la diversidad sexual y la diversidad corporal”.

Morillas habló del derecho al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo como un indicativo democrático en un acto que compartió con Izquierda Unida de Castilla-La Mancha y resaltó que el 85% de los abortos en España se realizan en la sanidad privada porque no se blindó el acceso en la sanidad pública. “Se han generado auténticas vulneraciones de derecho”. Se refiere a las provincias, como Toledo, Cuenca o Guadalajara, en las que no sólo no se practican abortos en la sanidad pública, sino que no hay centros concertados que las hagan.

“Pero la mejor manera de evitar el acoso es en los hospitales públicos”, resaltó en el acto junto a Juan Ramón Crespo e Isabel Álvarez, responsable del área de Mujer de IU Castilla-La Mancha. Responde así también a las palabras de Blanca Fernández, consejera de Igualdad castellanomanchega que no sólo señaló que esta reforma podría “complicar” la gestión autonómica, sino que también argumentó a favor de la “privacidad” de las mujeres en la sanidad concertada. “Con condiciones de calidad, seguridad e intimidad. Esto para mí es lo más importante”, fueron sus palabras exactas en mayo de este año.

Para Morillas, el planteamiento “esencial” de esta reforma viene del registro de objetores, para poder garantizar los derechos de ginecología y obstetricia. “Es una ley orgánica que vincula a todo el Estado para que se haga en proximidad”, recalcó la directora del Instituto de las Mujeres. “No me cabe ninguna duda de que contaremos con el respaldo de las comunidades autónomas para conseguir que ninguna mujer tenga que recorrer cientos de kilómetros para ello”, afirmo. El principal criterio entonces será el de proximidad.

Por su parte, Isabel Álvarez lamentó el “detrimento” de los derechos sexuales y reproductivos que se vive en la región. El planteamiento de IU en Castilla-La Mancha es aprovechar las dos facultades universitarias que existen en la región para formar al personal sanitario en las técnicas de la interrupción voluntaria del embarazo. “Esto sí que se contempla en la ley”, señaló.

Morillas recalcó en el acto organizado en Toledo también que es precisamente la “enorme capacidad movilizadora del feminismo” la que ha hecho que se originen las reacciones machistas que se están sufriendo actualmente. “Se cuestiona nuestro papel en la sociedad. Cuando se cuestonan los derechos de las mujeres, lo que subyace es un proyecto de país profundamente antidemocrático”, reflexionó.