IU lleva a la Fiscalía el “pelotazo” del Centro de Recepción de Turistas de Toledo

Justo una semana después de que el Ayuntamiento de Toledo diera por resuelto definitivamente el contrato de concesión administrativa para la construcción y explotación del Centro de Recepción de Turistas, el portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Aurelio San Emeterio, ha anunciado que pondrá en conocimiento de la Fiscalía “la más que sospechosa gestión de esta concesión pública por sus administradores y su uso para conseguir préstamos de Caja Castilla-La Mancha y del Banco Popular para una empresa que lo único que ha hecho ha sido abrir y cerrar el Centro”.

En el año 2003 el gobierno municipal del PP, con José Manuel Molina como alcalde, adjudicó a la empresa GRIMO 3113 S.L. un suelo municipal para construir y explotar el Centro de Recepción de Turistas “Toletum”. Las condiciones pasaban por una concesión por 50 años, una inversión por parte de la empresa de 2.072.596 euros y el pago al Ayuntamiento de un canon anual de 18.000 €.

Posteriormente en diciembre de 2006, y con el Centro en obras, Caja Castilla-La Mancha les concedió un préstamo de 4.843.869 euros, más del doble de lo que costaba la inversión necesaria, avalada con la propia concesión pública y con autorización del Ayuntamiento. Pero es que, añade San Emeterio, “en febrero de 2009, y por el mismo método consiguen un millón de euros del Banco Popular, esta vez sin ni siquiera solicitar la preceptiva autorización del Ayuntamiento”, que para entonces había cambiado de signo político.

En resumen, la empresa GRIMO 3113 hipoteca la concesión pública de un Centro que no funciona por valor de 5.843.869 euros, casi el triple de la inversión inicial.

San Emeterio ha recordado también que “Toletum” sólo obtuvo licencia definitiva de apertura en 2010 y en noviembre de 2011 el Centro de Recepción de Turistas cerró, solicitando GRIMO 3113 concurso de acreedores; eso sí, previamente redujo el capital de la sociedad y “rescató” 1,5 millones del mismo, dejándolo solo en 500.000 euros.

Finalmente, el concurso de acreedores terminó con la disolución de GRIMO 3113 (Auto del Juzgado Mercantil de Toledo de 22 de octubre de 2013) que deja dos cargas hipotecarias sobre la concesión que tendrá que asumir el siguiente adjudicatario.

El portavoz de Izquierda Unida ha sintetizado el asunto explicando que “GRIMO 3113 invierte algo más de dos millones de euros en una concesión que le sirve de aval para conseguir más de seis en préstamos y luego abandona el centro dejando el muerto al que viene detrás; negocio redondo a costa de una concesión pública y con las bendiciones del Ayuntamiento”.

Por todo ello Izquierda Unida quiere poner todo este asunto en manos de la Fiscalía para que, una vez investigado el asunto, concluya si hay indicios de corrupción, prevaricación, trato de favor por parte de Caja Castilla-La Mancha o malversación de fondos.

Tal como informó eldiario.es/castilla-la mancha entre los administradores de GRIMO 3113, se encontraban por ejemplo los tres dueños de la importante constructora toledana HUPACO, el hijo de poderoso constructor Aurelio González Villarejo, la familia Méndez Pozo (con notables intereses en Toledo) a través de una de sus empresas, y destacados representantes de la promotora REYAL URBIS. Es decir, el “casi todo Toledo” inmobiliario, con intereses en el Plan de Ordenación Municipal que dejó aprobado el “popular” Molina justo antes de abandonar la Alcaldía en 2007.

Se comprende que a esta empresa dada su composición social le resultase sencillo obtener financiación en CCM, incluso para una operación tan cuestionable, pese a ello ésta no se encuentra entre las veinte de CCM que el Juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz investiga en un procedimiento que ha dado lugar a la imputación del ex presidente de la Caja, el político Juan Pedro Hernández Moltó, y siete miembros de su Comisión Ejecutiva, por administración desleal al autorizar operaciones “contrarias a la normativa” que causaron “perjuicio” a la entidad, según el Banco de España.