Izquierda Unida presentará mociones en los ayuntamientos por afectados de hepatitis C
Izquierda Unida en Castilla-La Mancha presentará mociones en todos los ayuntamientos de la región por el trato que están recibiendo los enfermos de hepatitis C en el país y para pedir que todos tengan acceso al Sovaldi, el tratamiento de nueva generación que es capaz de mejorar drásticamente la calidad de vida de estas personas.
Mediante un escrito hecho llegar a todos los ayuntamientos castellano-manchegos, la formación denuncia el estado de dejadez para con los pacientes de esta enfermedad y la falta de medidas reales del gobierno para mejorar su estado. En palabras del coordinador regional, Daniel Martínez, “el gobierno no está haciendo todo lo necesario para garantizar el tratamiento y garantizar su derecho a la vida. Por ello han pedido que se declare el asunto como ”emergencia sanitaria“, algo que haría legal determinados puntos que acercarían el Sovaldi a todos los pacientes que lo necesitan.
“El Gobierno no ha hecho, ni de lejos, todo lo que está a su alcance para garantizar un tratamiento a todas las personas afectadas susceptibles de ser tratadas con el mismo para su curación”. Y es que el precio del tratamiento, entre 20.000 y 25.000 euros por pacientes, ha sido considerado por las propias plataformas de afectados como más que abusivo, ya que su desarrollo vale decenas de veces menos y en otros países se ofrece el tratamiento por entre 600 y 900 euros.
Estos costes son el motivo que aduce el gobierno para no poder tratar a todos los pacientes, algo que cambiaría con esa situación de emergencia sanitaria. Por otro lado el coordinador regional ha mostrado su rechazo al sistema de patentes y de desarrollo de medicamentos actual, y considera que para la Unión Europea debería ser urgente cambiarlo “para evitar los efectos perniciosos de la especulación financiera sobre la salud”.
Muchos de estos nuevos desarrollos médicos se producen en universidades y laboratorios públicos pero acaban quedándose la patente del producto final así como su explotación empresas privadas, por lo que Daniel Martínez considera muy necesario que se organice una industria farmacológica de titularidad pública que no tenga que obedecer los cánones de los laboratorios privados, para que así los avances médicos estén al alcance de todos. Considera que no es de recibo que se financien investigaciones públicas para que luego se lleven beneficios empresas privadas.
