La Junta no contratará a empresas condenadas por delitos contra los trabajadores

El III Acuerdo por la Estabilidad en el Empleo en Castilla-La Mancha, firmado en Cuenca, “supondrá un sólido andamiaje en la senda abierta hace 20 años por el Gobierno regional y los sindicatos CCOO y UGT para que la estabilidad y la calidad sigan siendo el hilo conductor tanto en el empleo como en la prestación de los servicios públicos en la región”.

Así lo ha señalado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras la firma de este III Acuerdo con los secretarios generales de los sindicatos CCOO y UGT en Castilla-La Mancha, Francisco de la Rosa y Carlos Pedrosa, respectivamente.

A ese esquema de grandes acuerdos se ha remitido el presidente regional porque, según ha indicado, este III Acuerdo por la Estabilidad en el Empleo no hubiera sido posible “sin haber fabricado entre todos un primer momento de diálogo social, de cambio de clima, de cambio de voluntades, de actitud diferente”.

En un sentido, ha explicado García-Page, la Administración es el conjunto de sus trabajadores públicos, en primer lugar, y los más de 30.000 trabajadores que prestan servicios a la Administración a través de las empresas privadas y, también, la multitud de relaciones comerciales que existen con cerca de 9.000 millones de euros que se ponen en circulación sólo con el funcionamiento normal de la Administración, que es a lo que ascienden los presupuestos regionales.

“Este acuerdo tiene una carga importante porque nos recuerda el origen de nuestro proyecto político, en el sentido de que la Administración no puede servir para que ninguna empresa que nos presta servicios abuse de los trabajadores”, ha enfatizado García-Page, y eso es lo que este acuerdo no permite.

Por su parte, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, presente en el acto de firma, ha puesto en valor que ese “entendimiento franco” entre el Gobierno regional y los agentes sociales para responder a las demandas de la ciudadanía y, en este caso, a las demandas de sus trabajadores, pone de manifiesto que “el diálogo y el consenso es el mejor camino para que Castilla-La Mancha pueda recuperar su autoestima y su confianza en el futuro”.

Durante su intervención, Ruiz Molina ha subrayado que en este III Acuerdo por la Estabilidad en el Empleo, más que de una renovación, se debería hablar de un nuevo acuerdo por la multitud de novedades que introduce.

Supondrá, ha resaltado el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, un fuerte impulso para garantizar tanto la calidad de los servicios públicos como la estabilidad de los empleos en la región, ya que era una necesidad acordar “un nuevo marco que estableciera las principales líneas de actuación que debían marcar la relación de las empresas adjudicatarias que prestan servicios en el sector público regional con la Administración autonómica”.

En definitiva, ha añadido Ruiz Molina, “un sólido andamiaje de garantías laborales, que tendrá una incidencia directa en la estabilidad del empleo de más de 30.000 trabajadores de las empresas adjudicatarias de servicios de la Administración regional en toda la región”.

Asimismo, este acuerdo, ha apuntado el consejero, “vendrá a dar un impulso a la mejora de la calidad de los servicios públicos que se puso en marcha desde el inicio de la legislatura, por ejemplo, con la convocatoria de 2.244 plazas de empleo público”.

Unas ofertas de empleo público que se podrán incrementar hasta las 8.400 plazas en Educación y Sanidad en los próximos tres años gracias a la propuesta de eliminar la tasa de reposición para los servicios públicos fundamentales, que García-Page hizo en la Conferencia de Presidentes.

“Esta propuesta va a permitir que en Castilla-La Mancha se reduzca enormemente la tasa de reposición hasta dejarla aproximadamente en un siete por ciento, lo que supondrá también estabilidad en los servicios públicos que prestamos de forma directa”, ha resaltado Ruiz Molina. 

Este III Acuerdo por la Estabilidad en el Empleo incluye “algunas cláusulas de salvaguardia para que, cuando la empresa no se comporte como debería hacerlo con los trabajadores, la Administración pueda establecer penalizaciones de manera rápida”.

Resolución del contrato de vigilancia y seguridad de los edificios de la Junta

En este momento de su intervención, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha anunciado que “la próxima semana estaré en condiciones de pedir autorización al Consejo de Gobierno para resolver el contrato con las empresas de seguridad y vigilancia” de los edificios de la Junta de Comunidades en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara, una vez que el Ejecutivo regional dispone “de todos los informes que avalan que el comportamiento de la Administración es el adecuado”.

Por lo tanto, ha afirmado Ruiz Molina, “debemos exigir a las empresas que paguen a sus trabajadores, no de acuerdo con lo que ellos consideran oportuno, sino con los acuerdos que rigen a nivel estatal”.

En el caso del contrato de vigilancia y seguridad de los edificios de la Junta, Ruiz Molina ha recordado que se comprometió con los trabajadores en privado, en público y en sede parlamentaria a que, si consideraba que había alguna merma en la calidad de sus condiciones de trabajo, inmediatamente actuaría en consecuencia y así lo está cumpliendo “a los ritmos que nos propusimos, que no son otros que los que nos marca la legislación laboral”.

Así, ha finalizado Ruiz Molina, “la próxima semana actuaremos con contundencia contra un contrato que perjudica enormemente a los trabajadores”.

Mejorar las condiciones laborales y garantizar el pago del salario, entre las novedades del Acuerdo

El III Acuerdo por la Estabilidad en el Empleo incorpora, entre otras actuaciones, medidas tendentes a fomentar la estabilidad del empleo, mejorar las condiciones laborales, garantizar el pago del salario o impulsar la prevención de riesgos laborales y la promoción profesional.

Así, con respecto al anterior acuerdo de 2007, el nuevo texto establece que la Administración regional no podrá contratar con aquellas empresas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme por delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y delitos contra los derechos de los trabajadores. Tampoco se permite la contratación con las empresas que hayan sido sancionadas con carácter firme por infracción muy grave en materia laboral o social.

También incluye que, por parte de los órganos de contratación de la Junta de Comunidades, se velará para que la oferta económica presentada por la empresa adjudicataria responda a las retribuciones y salarios establecidos por convenio colectivo y que las empresas deberán acreditar esta condición mediante declaración responsable.

Asimismo, establece que en los pliegos de contratación se especificará como motivo de resolución del contrato que la empresa adjudicataria no abone a cualquiera de los trabajadores adscritos al contrato los salarios que les correspondan según el convenio colectivo que resulte de aplicación.

Entre esas posibles causas de resolución del contrato, también se incorpora que la empresa no pague durante dos o más meses a cualquiera de los trabajadores del contrato la totalidad de los salarios y cantidades adeudadas por la empresa, que no cumpla con el deber de afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores del contrato o que no abone las cuotas a la Seguridad Social.

Además, si durante la ejecución del contrato la empresa adjudicataria debe contratar nuevo personal, los órganos de contratación de la Junta establecerán la obligación de que la empresa oferte primero dichos puestos a aquellos trabajadores de sus plantillas, si supone una mejora profesional y, si no se da esa circunstancia, contrate a personas que se encuentren en situación legal de desempleo.