La Junta ha gastado en el último mes 57,7 millones de euros en sentencias judiciales perdidas
En el último mes, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha perdido numerosas demandas contra trabajadores públicos y funcionarios por despidos improcedentes y formas de tratar a estos empleados no aprobables, sentencias que conllevan un importante gasto a las arcas públicas. En el último mes son 57,7 millones de euros los que ya tiene que pagar la Junta entre diversas sentencias, y la cifra sigue subiendo: el empeño en no readmitir a los interinos despedidos irregularmente (sentencia a punto de hacerse firme) cuesta al día a las arcas regionales 36.000 euros; 250.000 euros semanales simplemente por no obedecer una sentencia judicial.
Este pago procede de que la Junta despidiera en agosto de 2012 de manera ilegal, como ha considerado la justicia, a cerca de 500 interinos, a los que ahora hay que volver a readmitir pagándoles su sueldo hasta el momento. Estos trabajadores siguen cobrando de la Junta porque así lo marca la sentencia, pero sin embargo la Junta no les da un puesto de trabajo, por lo que está pagando 36.000 euros diarios en sueldos a estos interinos mientras los mantiene en casa sin trabajar por no acatar ya la sentencia judicial.
El bloqueo de las pagas extras a los funcionarios desde diciembre de 2012 también ha sido anulado por la justicia; ahora la Junta anuncia que devolverá el 25% de dicha paga extra que pertenece a los funcionarios pero que no pagó. En total, otros 27 millones de euros a pagar por el Gobierno de Cospedal por no hacer las cosas en su momento y bajo mandato legal, a pesar de que la presidenta de la región anunció la medida como si fuera una decisión propia y no judicial.
El pago de las pagas extraordinarias sí está recogido en los presupuestos de 2015, pero no la readmisión de interinos, por lo que esos 30 millones de euros (y subiendo) deberán eliminarse de otras partidas presupuestarias. En la práctica significa que partidas presupuestarias como servicios sociales, educación, fomento o agricultura perderán dinero y con ello la posibilidad de hacer mejores proyectos por culpa de una decisión política de Cospedal.
Son las dos mayores sentencias judiciales que tiene ahora mismo la Junta pero que se acumulan con pequeños pleitos en los que también ha sido castigada por su mal hacer: el pago de 120.000 euros por despido improcedente a dos conductores o de 600.000 euros a once profesores de conservatorio despedidos también por despido improcedente son ejemplos de ello.
El consejero encargado de las Administraciones Públicas es Leandro Esteban, que está en el disparadero actualmente con las últimas sentencias perdidas. Que una Consejería cueste a la región tal cantidad de dinero y que obligue al resto a “apretarse el cinturón” perdiendo partidas suyas por su mal hacer resulta flagrante. También ha sido criticado el hecho de que la Junta pleitee todo proceso judicial consiguiendo aumentar aún más los gastos a las arcas públicas. Esos 57,7 millones de euros pertenecen legalmente a unos trabajadores que por decisión de la Junta no están ayudando en funciones públicas.
Además aún debe afrontar en el futuro el pago de los 81 millones de euros que quedan por pagar a los funcionarios públicos de la paga extra de diciembre de 2012, en concreto del restante 75% de la misma, algo que no se sabe cuándo se hará.
