La Junta estira el proceso para obedecer la sentencia judicial de readmisión de interinos
La Junta de Comunidades está prolongando al máximo el proceso para readmitir a los 391 trabajadores interinos despedidos ilegalmente, un proceso que tenía como fecha tope dada por la justicia el 16 de diciembre pero que a pesar de ello a día de hoy mantiene a muchos de esos trabajadores sin ocupar de nuevo el puesto de trabajo que les pertenece. Este jueves 8 se ha celebrado una nueva Mesa Sectorial de la Función Pública con representantes de los sindicatos para negociar la forma de incorporación de estos trabajadores, si bien hay una evidente falta de acuerdo entre los asistentes a la misma.
La Junta busca separar en dos procesos distintos la readmisión de los interinos (sentencia judicial le obliga a hacerlo) y la amortización futura de plazas que pretende hacer y que acabaría con 700 plazas de trabajadores públicos (la mitad no ocupadas en la actualidad). Todo lo contrario es lo que pretenden los sindicatos, que señalan que ambos procesos están ligados, según ha declarado Beatriz Tormo, secretaria de la Federación de Servicios Públicos de UGT.
En el asunto de la readmisión de los interinos, se ha destacado que no hay datos de qué está haciendo la Junta para readmitir a los interinos; se sabe que han enviado 389 cartas, y de esas cartas 74 son ceses previos de actividad, gente a la que como ha indicado Tormo no han permitido reincorporarse, incumpliendo la sentencia judicial. La situación a día de hoy sigue siendo de leve avance en la readmisión de los trabajadores, pero lejos de la ordenanza judicial.
La Junta había afirmado que el 2 de enero sería el momento en que los trabajadores empezarían a incorporarse a sus puestos de trabajo (en un primer momento el plazo fijado fue la última semana laborable de 2014), sin embargo a día de hoy la situación sigue sin ser la que la sentencia marcaba que debía ser.
La Mesa Sectorial continúa a lo largo del día si bien el acuerdo entre las partes está lejos. Por otro lado la readmisión de los interinos debe continuar aunque se está viendo obstaculizada por la falta de acuerdos, siendo el proceso dilatado a pesar de que todo el tiempo que se alargue debe ser abonado igualmente a los trabajadores. Unos empleados a los que la Junta tiene que pagarles 33 mensualidades entre pagas extras y mensualidades desde agosto de 2012. El pago de este dinero (estimado en 31 millones de euros a las arcas públicas) es otro de los puntos de conflicto entre los miembros de la Mesa ya que no hay un plan de pagos o acuerdo establecido para ir pagando este dinero.
