La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha vaciado y mantiene cerradas más de 400 plazas en las residencias y centros públicos de asistencia a mayores; pese a que todas ellas están totalmente equipadas y a que la demanda y las listas de espera no dejan de crecer.
Así lo ha denunciado Comisiones Obreras con datos comprobados “centro a centro y plaza ha plaza” por los propios delegados y delegadas del sindicato, ante el “oscurantismo del actual Gobierno regional”, según Carmen López, Secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía.
La relación de centros con plazas cerradas y desocupadas en la región es la siguiente:
• Vivienda tutelada de Guadalajara, con capacidad para 23 usuarios. Cerrada.
• Residencia Los Olmos (Guadalajara). Cerradas dos plantas completas, y en torno a otra decena de habitaciones en el resto de la residencia.
• Residencia “Las Hoces de Cuenca”. Dos plantas enteras cerradas, y diez camas más desocupadas. Este centro, incluidas las dos plantas cerradas, ha sido reformado recientemente.,
• Residencia de Mayores Virgen del Prado (Talavera de la Reina). Una planta entera vacía y reformada-; lo mismo que varias plazas más en otras plantas, hasta sumar 70 plazas desocupadas.
• Residencia de Mayores Toledo I (Avda. Barber): 64 plazas desocupadas.
• Residencia de Mayores Hospital del Rey de Toledo (‘Hospitalito’). Con capacidad para unos 100 usuarios, la Junta invirtió más de 7 millones de euros en su reforma integral pero la mantiene cerrada.
• Centro de Mayores La Solana (Talavera de la Reina), de estancias diurnas de atención especializada. Con capacidad para 40 usuarios. Cerrado. El Gobierno estuvo durante meses negando plaza en este centro a quienes las solicitaban, para finalmente decir que lo cerraba por falta de usuarios.
Para Santiago Calatrava, responsable de Bienestar Social de CCOO, “estos datos contrastan con las largas listas de espera y las respuestas que se les dan a las familias cuando se acercan a algunas de las residencias públicas para interesarse por el ingreso de un nuevo usuario, y se les dice que no hay camas o habitaciones libres”.
Calatrava explica que las personas mayores o dependientes que aspiran a una plaza en una residencia pública tienen que esperar muchos meses para ser valorados, después alcanzar el reconocimiento del grado preciso, y sólo logran plaza tras otra larga espera y “mucha suerte”.
Los representantes sindicales explican que esta situación se debe fundamentalmente a los recortes en personal, porque no se reponen las bajas que se van produciendo en las plantillas y denuncian que mientras el Gobierno va desalojando y cerrando plazas en las residencias públicas, algunas de ellas recién reformadas, también ha construido nuevos centros, pagados con dinero público, que después entrega para su lucro a empresas privadas. El mejor ejemplo, indican, es la nueva residencia del barrio de Azucaica en Toledo, construida por la Junta con una inversión de 12 millones de euros, pero entregada para su explotación a una empresa privada.