La Ley Antifracking de Castilla-La Mancha entrará en vigor a mediados de abril

En veinte días la Ley Antifracking de la región será una realidad. El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado la ley por la que se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica, conocida como Ley Antifracking, que fue aprobada por las Cortes regionales el pasado 9 de marzo y que entrará en vigor en veinte días. En concreto, la norma fue aprobada con el voto a favor de PSOE y Podemos y la abstención del PP.

Gracias la denominada Ley Antifracking, el Gobierno regional ha establecido numerosos requisitos para esta práctica en la comunidad autónoma, de forma que los proyectos de este tipo serán prácticamente imposibles. Se trata de impedirlo por la vía de la restricción. Y es que la Junta al ser consciente de que el Tribunal Constitucional ha tumbado las iniciativas de Cantabria, Navarra y La Rioja debido a que invadían competencias del Estado, lo que ha hecho ha sido aumentar los requisistos previos para frenar esta práctica pero no para prohíbirla.

El inicio de la tramitación de esta norma se remonta a septiembre de 2015 y su posterior elaboración en el Consejo de Gobierno abierto con las plataformas antifracking. “Hemos hecho lo que teníamos que hacer escuchando al pueblo castellano-manchego y lo hacemos desde una perspectiva en positivo”, aseguraba el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, quién además apuntaba que en la norma se incorporan restricciones aún no contempladas por la legislación nacional pero recomendadas por los organismos europeos. Entre las mismas, ha destacado los nuevos requisitos de evaluación de riesgos, el futuro Plan Estratégico que incorpora la Ley y que se elaborará en un periodo de 18 meses y el compromiso de la Junta con el “futuro desarrollo sostenible” de Castilla-La Mancha.

El contenido de la ley ha seguido las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía y de la Comisión Europea. La idea no es prohibir este método de extracción de hidrocarburos, sino restringir las medidas de prevención de tal manera que su práctica sea casi imposible. Para ello, la Junta ha elaborado junto con las Plataformas Antifracking de Castilla-La Mancha una ley donde se establecen medidas adicionales (que sí son competencia autonómica) de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica.

Todos los requisitos estarán precedidos del mencionado Plan Estratégico de la utilización de la fractura hidráulica, que incluirá cuestiones como la expedición previa de autorizaciones para esta actividad, la evaluación de los riesgos por fugas o migraciones, una zonificación del territorio que diferencie las zonas donde quede restringida la fractura y un detalle de distancias mínimas de profundidad y de exclusión.