La nueva Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha permitirá fiscalizar también a partidos o a quienes reciban subvenciones públicas

El Consejo de Gobierno ha aprobado el anteproyecto de Ley de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, lo que permitirá elevar el texto para poder emitir su dictamen en las Cortes regionales “antes de que acabe el actual periodo de sesiones”. Entre las principales funciones de este órgano, se ejercerá la actividad de de control sobre el sector público, pero también de personas físicas o jurídicas si reciben subvenciones, así como también de los partidos políticos y sus subvenciones recibidas por régimen electoral.

Así lo ha asegurado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien recordó que el órgano dependerá de la Cámara legislativa regional y que tendrá una estructura similar a al Sindicatura de Cuentas, que fue eliminada por el Gobierno del PP en el 2014.

Ruiz Molina aseguró que este órgano quiere mejorar la transparencia en el control de las finanzas públicas para tener “tranquilidad” de que el dinero se gasta bien, “conforme a principios de legalidad, eficiencia y economía”. Asimismo, recordó que el control ininterrumpido e “intenso” de la Sindicatura de Cuentas fue siempre bien valorado por la ciudadanía. El organismo tendrá también una independencia presupuestaria, una “autonomía” que le permitirá actuar “sin interferencias” y con “objetividad, eficacia y transparencia”.

De este modo, recalcó que es el propio Gobierno el que se “impone” un órgano de control “para facilitar a las Cortes su función de control de la actividad económica y financiera” del Ejecutivo. “Velando, como no puede ser de otra manera de la sujeción de los principios de eficacia, eficiencia y economía, que es la principal función de la cámara de cuentas”, recalcó el consejero de Hacienda. Además de estos roles, la Cámara de Cuentas también asesorará a las Cortes en materia económica y financiera, al igual que al Gobierno, a través de la cámara legislativa.

“Cercanía” del organismo

Si bien se trata de funciones similares a las que tiene el Tribunal de Cuentas, el consejero destacó “la cercanía” del organismo a los entes que fiscaliza, lo que facilita un control “más directo” gracias a la “rapidez” con la que se pueden emitir los informes. También, señaló Ruiz Molina, la idea es que se mejore la transparencia, ya que se permitirá “más detalle y profundidad” en los informes emitidos. “En definitiva, un órgano que fortalece el control democrático de la gestión pública”.

La estructura será de una presidencia y luego cuatro auditores, así con una secretaría general respecto a la presidencia, que será elegida por las Cortes regionales por mayoría cualificada en primera votación, o mayoría absoluta en segunda votación. La persona que ostente la presidencia deberá tener, al menos, seis años de experiencia. “Garantizamos un derecho fundamental, que es el derecho a la buena administración y lo haremos gracias a una sólida estabilidad institucional”, concluyó Ruiz Molina.