Las nuevas ayudas para regantes sufragarán la mitad de los proyectos
- El Consejo de Gobierno ha dado el visto a la nueva orden de 31 millones de euros, que entrará en vigor a finales de junio
En un contexto en el que la sequía vuelve a ser la principal enemiga de los agricultores castellano-manchegos en todas las cuencas de ríos y embalses de la región, el Gobierno regional ha decidido destinar más fondos del Plan de Desarrollo Rural (PDR) para las comunidades de regantes. El Consejo de Gobierno ya ha analizado la nueva orden de ayudas destinadas a estos colectivos y que supone un montante de 31 millones de euros. Están destinados a cubrir el 50% de los proyectos que se lleven a cabo en las 135.000 hectáreas de regadío por parte de las 168 comunidades de este tipo que existen en toda la comunidad autónoma y cuyas demandas, destaca el Ejecutivo, busca recoger esta medida.
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha desgranado algunos datos de esta orden, con especial incidencia en los 1.170 jóvenes agricultores que se incorporarán en unos meses al campo y a las necesidades para el desarrollo de cientos de explotaciones agrarias.
Las ayudas están destinadas a inversiones en materia de riego, tanto en modernizaciones para uso optimizado del agua como para nuevos regadíos en zonas que ahora son de secano. Se dirigen a todas las comunidades de regantes con el objetivo, sobre todo, de fomentar los regadíos sociales, apostando por aquellos proyectos llevados a cabo por comuneros que después reparten la riqueza entre todos los adscritos a la superficie regada. En la orden, aunque se aplica la concurrencia competitiva, se dará prioridad a aquellos que disponen de menos renta, a los que tengan mayor porcentaje de mujeres y a los jóvenes.
Concretamente, el Gobierno regional sufragará hasta el 50% de esas inversiones que se realizan de forma mancomunada en “infraestructuras comunes que utilizan todos”. “Queremos hacerlos más competitivos”, ha remarcado el consejero, recordando que con este objetivo también se ha planteado la puesta en marcha de una federación regional de comunidades de regantes.
Previamente, Martínez Arroyo ha contextualizado la situación por la que atraviesa la región y la importancia del agua como “elemento fundamental para el desarrollo”, lo que obliga a “afrontar estas cuestiones de manera conjunta y compartida entre todos los territorios del Estado”.
“No se pueden tomar decisiones de forma unilateral y es muy importante volver a tender la mano para poner en marcha una política de agua verdaderamente estatal”, ha subrayado, pese a que actualmente el Gobierno de Mariano Rajoy ha rechazado un decreto de sequía para el Guadiana y a que la Junta va a recurrir hasta cuatro planes de cuenca (los de los ríos Tajo, Guadiana, Júcar y Segura) y acumula recursos contra los 23 trasvases realizados desde el Tajo al Segura en la presente legislatura.
La “responsabilidad” de seguir apostando por el diálogo
Según el consejero, el Gobierno central tiene conocimiento de todas estas cuestiones, mientras que la Junta tiene la “responsabilidad institucional” de seguir apostando por el diálogo, partiendo de que el agua es “un factor clave para el desarrollo de Castilla-La Mancha y nos ayuda a redistribuir la riqueza, particularmente en el sector agrario y a las comunidades de regantes”.
También ha hecho mención a la situación alarmante en las reservas de los embalses de la región, ante la previsión de un verano muy seco, con especial mención a los pantanos de Entrepeñas y Buendía, por debajo del 15% de su capacidad, y los de la provincia de Ciudad Real, que están por debajo del 30% y donde además la Confederación del Guadiana ya ha avisado de posibles restricciones. “Todo ello nos tiene que llevar a adoptar soluciones de cara al futuro, para que no haya problemas en el abastecimiento humano”. A ello se une la situación de sequía crónica en las cuencas del Júcar y del Segura, con dos decretos de sequía aprobados “que no nos han beneficiado en nada”.
Aunque la Junta mantiene muchas discrepancias con el Estado en materia de agua, su objetivo es seguir buscando el acuerdo, confiando en que los “equilibrios parlamentarios” actuales “puedan ayudar a que se ponga encima de la mesa una política de agua entre todos”.
