Castilla-La Mancha, ¿una región comprometida con la sostenibilidad?

La Junta de Castilla-La Mancha ha convocado en el edificio de la Fábrica de Harinas de Albacete un acto con una agenda muy apretada, para presentar lo que han dado en llamar la Agenda 2030 de la Región, con el lema “Cree, comparte, actúa”. En apenas hora y media, nada menos que siete autoridades, desde el presidente García-Page al alcalde de la ciudad, pasando por Ione Belarra, Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la presidenta de la red española para el desarrollo sostenible o el director general de la Agenda 2030 de la Consejería de Desarrollo Sostenible, han ido tomando la palabra para convencernos de que Castilla-La Mancha es una región comprometida con los objetivos de esa tan nombrada Agenda. Y, a continuación, se dio paso a una mesa redonda en la que un grupo de seis expertos, debatieron durante una hora más sobre “La implementación de la Agenda 2030 en Castilla-La Mancha: Una responsabilidad compartida”.

A la vista de la altura institucional de la reunión y del nivel de los expertos, esa Agenda 2030 debe ser todo un programa de actuación ambiental y social en lo que queda de década y, seguramente, una fuente de ingresos muy importante desde la Unión Europea, que va a hacer que todas esas instituciones se pongan el traje verde de los grandes días de fiesta de la sostenibilidad.

Pero analicemos con detenimiento cuál es la realidad del compromiso ambiental de la Junta de Comunidades. Y lo hacemos con las políticas reales de esta administración en los seis años que lleva gobernando. Empecemos por uno de los grandes temas que ha ocupado debates, titulares y puestas en escena del Gobierno regional: el agua. Más allá del ya conocido debate sobre los derechos de las cuencas cedentes sobre los recursos hídricos, las supuestas políticas ambientales han chocado con la tozudez de la realidad de un apoyo a las actividades más insosteniblemente consumidoras de agua: la ganadería y, sobre todo, la agricultura intensiva.

Desde el gobierno regional se lleva haciendo desde hace años una apuesta decidida por el modelo de la ganadería intensiva, sobre todo del sector porcino, a favor de dos o tres grandes industrias de ámbito nacional, que han declarado su intención de producir un millón de animales (cada una) en los próximos años, para abastecer la demanda internacional, fundamentalmente de Europa y, sobre todo, China.

Y eso a costa de la explotación de acuíferos, la contaminación de los suelos, la emisión de enormes cantidades de gases de efecto invernadero, la utilización masiva de antibióticos o la explotación de recursos agrícolas con destino a la alimentación del ganado. Y, respecto al modelo agrícola, la Junta no tiene ningún reparo en apoyar la reivindicación de una parte del sector agrícola, el de los productores intensivos, que demandan una mayor dotación de agua, a pesar de que los datos de disponibilidad presente y futura nos avisan de la hipoteca que puede conllevar para el abastecimiento humano (no sólo por el consumo sino por los niveles de contaminación de nitratos) e incluso, para el propio sector agrario.

Y, respecto a la conservación de ríos, humedales, espacios del agua, ¿qué podemos añadir? Al deterioro generalizado de las últimas décadas, lejos de poner freno, se ha seguido intensificando. La prueba más clamorosa es el estado de deterioro del principal espacio protegido de la región, como es el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, que está, una vez más, al borde de su desaparición, pero lo que es ya irreversible es el deterioro de la calidad de la biodiversidad que le hizo merecer ese título por la baja calidad de las escasas aguas que le llegan.

Energías renovables y políticas ambientales

Otro aspecto relevante del compromiso con la sostenibilidad de la Junta es la apuesta por las energías renovables. Y también aquí han confundido sostenibilidad con “a costa de lo que sea”, y en esa apuesta no se han parado en la autorización de auténticos desmanes, como es la aprobación de megaproyectos en espacios protegidos o en la cercanía de espacios protegidos que son hábitat de especies protegidas, la saturación del territorio, hipotecando las aptitudes futuras de las zonas rurales por otros modelos de desarrollo más creadores de empleo relacionados con la conservación y el cuidado del medio ambiente. Por otra parte, ha venido siendo habitual por parte de la Junta, el silencio administrativo a las solicitudes de información que hemos ido haciendo en estos años, sobre diferentes datos relativos a los procedimientos de infracción abiertos a las empresas eléctricas, tales como colisiones de aves con tendidos o instalaciones eólicas.

No podemos olvidar en este breve repaso a las políticas ambientales de la Junta, la falta de avances significativos en la gestión de los residuos. Lejos de cumplir los objetivos del vigente Plan, ya se anuncia otro nuevo sin que sepamos cuál es la evaluación y ejecución de los actuales. No solamente no se han cumplido los objetivos en los residuos urbanos, en los que sigue siendo prioritario favorecer las cuentas de las grandes empresas en detrimento del principal objetivo, que debería ser la reducción en la producción de los mismos, a través de medidas demostradamente eficaces, como es la tasa y la devolución de envases. El resto de los residuos no ha tenido una mejor gestión: aún son muchos los residuos industriales de todo tipo que llegan a nuestra región, sin que haya trasparencia en la tipificación y en el tratamiento dado a los mismos.

En Albacete llevamos años esperando la información solicitada respecto al centro de tratamiento situado en Hoya Gonzalo, supuestamente autorizado para el tratamiento de residuos no peligrosos y donde es sabido (incluso la propia empresa lo anuncia en su página web) que están llegando residuos hospitalarios de Cataluña, además de otros potencialmente peligrosos como electrónicos y químicos. ¿Cuándo nos van a dar contestación a nuestra demanda de información? ¿Sabe la Junta lo que está sucediendo en esa planta? Los vecinos de esa localidad están más que preocupados por el tránsito de camiones cargados de residuos de los que no se conoce su composición ni su peligrosidad. ¿Es ese el nivel de una región comprometida?

Podríamos hablar de muchos otros temas, pero terminamos con una alegación general a la desregulación ambiental y urbanística, a la promoción de la caza por encima de la conservación de la biodiversidad, a la más que insuficiente gestión de muchos espacios naturales protegidos (Daimiel, Cabañeros, Ruidera, Sierra Norte…), el proyecto turístico Puy du Fou, la playa de Alovera, el trasvase a la llanura manchega, el vertedero de Almonacid, la proliferación de regadíos y de macrogranjas en el sureste de Albacete… Son muchos los temas pendientes que tienen que abordarse en esa Agenda 2030. ¿Están reflejados o, simplemente se hace como hasta ahora, es decir, ignorarlos para que no se conozcan nada más que por las organizaciones ecologistas? Por tanto, el Gobierno regional fomenta un modelo industrial y de producción intensiva y a gran escala muy lejano de lo que debería ser una agenda de sostenibilidad y que Ecologistas en Acción va a continuar denunciando.

Y, para terminar, proponemos una serie de medidas que entendemos que deben ser imprescindibles en una Agenda 2030, si de verdad queremos llegar a esa fecha en mejores condiciones que las actuales:

1.    Suspensión de cualquier proyecto de ganadería intensiva porcina en espacios protegidos o su entorno, lugares donde haya calificación de suelos con concentraciones de nitratos superiores a 20 mg/L, o donde haya riesgo de abastecimiento de agua para consumo humano y, en todo caso, nunca a menos de 3 kilómetros de lugares habitados. Se hace necesaria una moratoria temporal de nuevos proyectos, hasta que se adopten medidas legales que impidan la presentación de los mismos en los lugares que se determinen con arreglo a esos condicionantes. Apoyo a la ganadería extensiva y, fundamentalmente, a proyectos de ganadería ecológica y de producción de proximidad a lugares de consumo.

2. Estudios ambientales rigurosos de todos los proyectos de nuevos regadíos. Es imprescindible conocer los consumos de los regadíos actuales y dimensionarlos conforme a las previsiones del cambio climático, condicionándolos en cualquier caso a la recuperación de los ecosistemas acuáticos: ríos, lagunas, fuentes, etc.

3. Tramitación integral rigurosa de los proyectos energéticos de parques solares o eólicos sin fragmentación de los proyectos que estén separados por menos de 1 km de distancia y obligación de que las medidas compensatorias no se puedan adoptar en lugares diferentes.

4. Plan integral para la depuración integral de todas las aguas residuales de poblaciones de más de 3000 habitantes en 2026 y de toda la región en 2030.

5. Plan de gestión de residuos domésticos que incorpore definitivamente la tasa de envases al consumidor y su devolución por los gestores (empresas fabricantes, distribuidores y comerciantes) para acabar con el sistema de eliminación de estos, que ha dado tan deficientes resultados. Separación de los residuos orgánicos en contenedor específico en todas las poblaciones de más de 3000 habitantes en 2026 y en toda la región en 2030.

6. Elaboración de todos los P.O.R.N. pendientes en espacios protegidos antes de 2025. Cumplimiento de los ya elaborados y dotación de medios humanos (agentes ambientales) y materiales, para su seguimiento y vigilancia.

7. Auditoría ambiental de todos los centros de almacenamiento y gestión de residuos industriales de la región, y publicación de los resultados. Cese de actividad para todos aquellos implicados en fraudes o que hayan incumplido la legislación en materia de importación de residuos para los que no estaban autorizados.

8. Auditorías energéticas a los edificios públicos (municipales o autonómicos) para adoptar medidas al ahorro y la eficiencia, así como ayudas públicas a los particulares (fundamentalmente comunidades de vecinos) para la mejora energética de las viviendas.

9. Plan de recuperación integral de las riberas de ríos y arroyos que no pase por la canalización de las mismas, sino por la implantación de vegetación autóctona y recuperación de zonas de inundación ocupadas ilegalmente por cultivos, actuaciones urbanísticas o de ocio, etc.

10. Trasparencia de las administraciones y favorecer la participación pública en la adopción de decisiones que afectan al medio ambiente. Las administraciones se comprometen a contestar a las solicitudes de información en plazos razonables, que permitan dicha participación.