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El ayuntamiento de Mota del Cuervo aprobará, previsiblemente, el convenio de Bomberos con la Diputación de Cuenca en el día de hoy. Lo tendrá que hacer su pleno y lo hace cuando es el único municipio que todavía no ha firmado dicho documento. Eso cambiará y Mota del Cuervo volverá a estar dentro del mismo durante el próximo año. Es obvio que algo más existe para que alguien se lance a escribir de algo que, a priori, sería lo normal y que, sin duda, ha sido lo habitual hasta hoy.
Pero hay algo más. En Mota del Cuervo no estamos satisfechos con el convenio con la Diputación y, en este caso hablaré en primera persona aunque estoy seguro que no es solo mi opinión, se firmará por una obligación, podríamos llamarle chantaje político, de la institución provincial con respecto a este servicio.
Por todos es sabido que nuestras quejas con respecto al servicio de bomberos vienen de lejos y las mejoras, o las respuestas a ellas, nulas desde hace años. Un servicio absolutamente ineficiente y que no sirve para cumplir las funciones para las que está diseñado. Como se pueden imaginar, de esta situación, en ningún caso, son culpables los profesionales que trabajan como bomberos en nuestra provincia, o en otras, sino la falta de dotación (parques) en la provincia, de personal y de material.
Las quejas son claras y se centran en una cuestión: el tiempo de respuesta medio a las emergencias en Mota del Cuervo es altísimo. Podemos hablar, tranquilamente, de una hora como tiempo habitual de respuesta, una hora y diez minutos según las informaciones de asociaciones de bomberos pero, para no tomar los cálculos más pesimistas, vamos a dejarlo en el entorno de los 50 minutos. Los estudios de tiempos de respuesta ante emergencias hablan de una demora de entre 25 y 38 minutos –como se puede observar muy lejos de la hora o de los casi “deseables” 50 minutos- pero en los primeros 20 minutos tras un accidente de tráfico, por ejemplo, se producen el 66% de las muertes. De estas, según los mismos expertos, podrían salvarse entre el 10 y el 25%. Los 20 minutos que marcamos como “respuesta ante emergencias” quedan muy lejos y las consecuencias las pagan los moteños.
Ese punto es otro de los importantes por los que dudo, y lo hago con conocimiento de causa, que mis vecinos estén satisfechos con este convenio. El precio del servicio ha ido incrementándose, aunque como vemos no los medios, y ha llegado a cerca de 25.000 euros en este año 2017. Un coste que se nos repercute de una competencia obligatoria y, por tanto, un servicio que la institución tiene que prestar y que, de hecho, se presta de manera gratuita en otras diputaciones – como la de Albacete- a ayuntamientos o con motivos de festejos. Un servicio, al fin y al cabo, que no es eficiente y que, además, hasta la fecha parece ser que no ha supuesto coste para la diputación cuando no lo ha prestado con sus bomberos. Sí, porque hasta este año nuestra diputación no pagaba nada por la actuación de los bomberos de Villarrobledo a su homóloga que, al fin y a la postre, eran los que más veces actuaban en nuestro municipio. Eso cuando era preciso porque, en alguna ocasión, los medios del Ayuntamiento han intervenido y avisado antes de llegar que ya no hacía falta que vinieran (por supuesto, generando costes extras a los moteños). Por lo tanto, un servicio que no sería caro si se prestara en las condiciones debidas.
Ante estos datos y estas circunstancias más de uno se preguntará que ¿por qué digo que se aprobará este convenio? Aquí entra la parte del chantaje político porque la Diputación exige que estemos adheridos a este convenio (caro, ineficaz para Mota, inservible en muchos casos...) para poder acceder a las ayudas del POS 2017 (que giran en torno a los 100.000 euros). Con ese dinero, la aportación municipal y la vecinal con las contribuciones especiales, se asfaltan calles, se lleva el alumbrado municipal o mejora a led donde lo hay o, este año, invertiremos en nuestra red de aguas) Un chantaje político en toda regla para “ganar” una partida: seguir manteniendo a los municipios en un convenio que no es apto para bastantes de ellos –principalmente de la Serranía o de La Mancha-
Como ven, la disyuntiva en que nos pone la Diputación no es firmar el convenio si es bueno o no firmarlo, sino que, de manera torticera y ventajista, nos enfrenta al dilema de que si no firmas el convenio –cuyo coste es cercano a los 25.000 euros- no recibes ayudas para pavimentación, electrificación, etc... por valor de 101.288,57 euros que, por cierto, provienen del Estado y reparte de la Diputación. Como personas que gestionamos lo de todos, y no algo particular, no podemos decidir perder esa cantidad de dinero para nuestro municipio aunque sepamos que lo que firmamos no nos sirve para mucho.
Pero quienes dirigen la Diputación, concejales y concejalas de sus pueblos también, saben lo que esto significa y deberían saber, o eso entiendo yo, que conseguir aglutinar a todos los pueblos bajo un convenio ineficaz, claramente demostrado, sin mostrar ningún signo de mejora, sin ofrecer una periodización de nuevas infraestructuras, sin contratar más personal ni anunciar cuándo tiene pensado hacerlo... no es ganar una partida a unos u otros responsables políticos, sino imponer “una multa” de 25.000 a los moteños a los que les cobra, pero no les soluciona. Un chantaje político a la ciudadanía y no a quienes, de manera temporal, gestionan o gestionamos lo de todas, lo público.
El ayuntamiento de Mota del Cuervo aprobará, previsiblemente, el convenio de Bomberos con la Diputación de Cuenca en el día de hoy. Lo tendrá que hacer su pleno y lo hace cuando es el único municipio que todavía no ha firmado dicho documento. Eso cambiará y Mota del Cuervo volverá a estar dentro del mismo durante el próximo año. Es obvio que algo más existe para que alguien se lance a escribir de algo que, a priori, sería lo normal y que, sin duda, ha sido lo habitual hasta hoy.
Pero hay algo más. En Mota del Cuervo no estamos satisfechos con el convenio con la Diputación y, en este caso hablaré en primera persona aunque estoy seguro que no es solo mi opinión, se firmará por una obligación, podríamos llamarle chantaje político, de la institución provincial con respecto a este servicio.