Desarrollo rural contra el despoblamiento: un problema que reclama consenso de Estado

El pasado martes remitimos a la Consejería de Agricultura un documento de análisis, reflexiones y propuestas de CCOO-Industria sobre los problemas y retos del mundo rural, como contribución a la fase previa a la redacción del Anteproyecto de Ley de Desarrollo Rural Territorial y Contra el Despoblamiento que prepara el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Aunque estamos ante un problema acuciante para Castilla-La Mancha, y CCOO-CLM aportará en su momento las consideraciones y alegaciones del conjunto del sindicato al Anteproyecto que elabore el Gobierno regional, considero que este asunto se debe enfocar y tratar como un problema de país. Un país que necesita consensos ‘como el comer’; y creo que esta materia, a la vez que los reclama con urgencia, es una de las que más ampliamente lo concita y donde sería más fácil construirlo. 

El mundo rural es una fuente de riqueza económica, cultural y social cada día más amenazada, aunque el éxodo rural no es un fenómeno nuevo en España: arrancó en la década de los 60 del siglo pasado, cuando las nuevas industrias capaces de generar empleo se instalaron en las ciudades; y ha continuado, y se ha acelerado y agravado, desde entonces. 

En mi opinión, la despoblación proviene del modelo territorial de concentración de la inversión, del empleo, de la producción y por consiguiente de la población. Este modelo hace que hoy tengamos grandes desequilibrios territoriales y grandes desigualdades de riqueza. Hemos hecho de la gran ciudad un territorio de eficiencia económica sin darnos cuenta de los costes medioambientales, económicos y de pérdida de población que esto ha conllevado, puesto que ha desconectado el mundo rural del mundo urbano. 

El deterioro económico y el empobrecimiento demográfico reduce aún más las inversiones en infraestructuras y en tejido productivo, merma las oportunidades de empleo y encarece la prestación de servicios -públicos y privados-. Se cierran escuelas y consultorios, bancos y oficinas de correos; estaciones de ferrocarril y líneas de autobuses. A su vez, la erosión de los servicios provoca que la población se marche a donde sí pueda disponer de ellos. Afrontar este problema es vital no sólo para garantizar el bienestar y la calidad de vida de las zonas rurales, sino también del conjunto del territorio nacional. 

Pese a ello, España carece de una política rural de Estado, dada la inaplicación efectiva de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de 2007; en la que se recoge un elenco importante de medidas (pendientes de cumplimiento) y que cuenta además con un instrumento de aplicación, el Programa de Desarrollo Rural Sostenible, cuya ejecución deja que desear. En el período 2007-2013, la ejecución financiera acumulada de los programas regionales apenas alcanzaba el 66,5%. 

Hay que corregir de forma urgente los déficits acumulados en materia de desarrollo rural. Sin perjuicio de la legislación autonómica que pueda elaborarse -y que el Gobierno de Castilla-La Mancha ya tiene en marcha-, es necesario retomar e impulsar de manera decidida la Ley Estatal, con el fin de tener una estrategia de país que adapte al ámbito nacional las orientaciones de la UE. Es necesario mejorar el grado de ejecución y desarrollo del Programa Nacional de Desarrollo Rural, con el fin de maximizar la eficacia y eficiencia de las ayudas europeas dirigidas a mejorar el desarrollo rural. 

La historia de las ayudas a las regiones desfavorecidas y en decrecimiento es ya larga en la política europea y española. Han sido sobre todo sectoriales -subvenciones agrícolas, forestales, ganaderas- y ha faltado una evaluación y contraste de sus resultados. 

La PAC ha sido y es la política comunitaria con mayor impacto sobre el sistema rural español, por su contribución al mantenimiento de la agricultura con mayor capacidad para garantizar el equilibrio ecológico del sistema territorial. Pero el futuro de lo rural no depende exclusivamente de la actividad agraria, pese a que su participación en la ruralidad sigue siendo esencial. 

Las políticas de apoyo rural no debieran vincularse exclusivamente al sector primario; hay que optar por una planificación territorial integradora del medio rural. Hay que romper la separación entre políticas productivas y medio ambiente. Hay que trasladar ayudas del I Pilar de la PAC al II Pilar; y hay que condicionar las ayudas del I Pilar a la creación empleo de calidad. 

Por otro lado, tanto en el sistema de financiación autonómica, pendiente de reforma; como en el modelo de financiación de las entidades locales (que también la necesita), debe ponderarse más el territorio, para que las regiones, provincias, comarcas y municipios con mayores problemas de despoblación no resulten encima malparados por tener pocos habitantes, cuando son justamente ellos los que más necesitan atención, solidaridad y recursos del conjunto del Estado. 

Por lo que toca a cada cual, en tanto agente socioeconómico más representativo de los trabajadores de los sectores de actividad más relevantes en el mundo rural, CCOO-Industria CLM -además de su presencia permanente y trabajo sindical cotidiano- se esfuerza en proponer, reivindicar e impulsar mejoras laborales, sociales y económicas que favorezcan un desarrollo territorial sostenible, integrador, igualitario y equilibrado. 

Por ello, venimos planteado a nuestros interlocutores -patronales y administraciones, cooperativas, empresas públicas y privadas…- diversas iniciativas, que también daremos a conocer y someteremos al debate público y con las que esperamos contribuir al futuro del mundo rural y al bienestar de sus habitantes.   

El pasado martes remitimos a la Consejería de Agricultura un documento de análisis, reflexiones y propuestas de CCOO-Industria sobre los problemas y retos del mundo rural, como contribución a la fase previa a la redacción del Anteproyecto de Ley de Desarrollo Rural Territorial y Contra el Despoblamiento que prepara el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Aunque estamos ante un problema acuciante para Castilla-La Mancha, y CCOO-CLM aportará en su momento las consideraciones y alegaciones del conjunto del sindicato al Anteproyecto que elabore el Gobierno regional, considero que este asunto se debe enfocar y tratar como un problema de país. Un país que necesita consensos ‘como el comer’; y creo que esta materia, a la vez que los reclama con urgencia, es una de las que más ampliamente lo concita y donde sería más fácil construirlo.