¿Quién paga las deudas de los equipos de fútbol españoles?

Al gobierno también le gusta el fútbol. Aunque eso del fin social del fútbol es más que discutible, reconozco que las personas tenemos necesidad de distraernos, de disfrutar de las cosas que nos gustan y que, entre ellas, está el fútbol: un deporte mucho menos salvaje que aquellos “espectáculos”, que utilizan animales como divertimento.

El fútbol al servicio de la sociedad y no para adoctrinar y aborregar a las personas. Ojalá cunda el ejemplo y cada evento UEFA, FIFA o LFP sea el altavoz para lo que casi nunca se quiere oír, esas situaciones en el que este deporte perjudica a cientos de personas, y que los organizadores se afanan en tapar, tras los cartelones de las empresas multinacionales.

El futbol es un bien público, mientras tanto la sanidad y la educación están pasando a ser bienes privados.

Amparados en ese supuesto bien social que se le supone al fútbol, los gestores de equipos y federaciones han creído que estaban por encima de la ley, considerando que ellos no están obligados a pagar impuestos o que podían buscar fórmulas para evadirlos, beneficiándose así de ayudas públicas, y aprovechado sus cargos para hacer negocios particulares, utilizando esos clubs como plataforma de blanqueo de dinero. Las administraciones han colaborado en ello. Ayuntamientos endeudados han pagado deudas para salvar a su equipo de fútbol o para construir un estadio, administraciones como Hacienda o la Seguridad Social han “hecho la vista gorda” durante muchos años a millonarias deudas, obligaciones de pago en concepto de impuestos, recalificaciones de terrenos o planes urbanísticos.

El futbol es espectáculo, pero revisando las cuentas, es algo más que eso, teniendo en cuenta que los equipos españoles deben a la Agencia Tributaria más de 673 millones de euros. Una cifra a la que hay que añadir la deuda acumulada de los equipos de Primera División al conjunto de acreedores, que supera los 3.500 millones de euros.

¿Pasa esto en Europa?

No. Por este motivo la Comisión Europea ha abierto una investigación formal sobre siete clubes de fútbol españoles por haber recibido presuntamente ayudas públicas ilegales.

La situación adoptada en España con los clubes es excepcional: en el resto de países de nuestro entorno no se permiten acuerdos con la Agencia Tributaria. Tomemos, por ejemplo, el caso del histórico Glasgow Rangers de Escocia: El equipo se encuentra en concurso de acreedores por deber 93 millones de euros en impuestos. A esto hay que añadir las quejas que han llegado de otros equipos como el Bayern de Munich que lamenta la impunidad que existe en el fútbol español. Desde la UEFA se están introduciendo además nuevas reglas financieras para no permitir que los clubes tengan pérdidas de más de 45 millones de euros a lo largo de tres temporadas, aunque esas normas no se aplicarían a los retrasos ya existentes en el pago de impuestos.

Pidamos al gobierno que exija el pago inmediato de los equipos de futbol.

Gran parte de la ciudadanía está callada. Cualquier cosa con tal de que nuestro gane, suba a primera división, mantenga la categoría o fiche al futbolista revelación. Esta es una situación que entre todos y todas debemos cambiar. Los ciudadanos venimos sufriendo, en los últimos años, recortes en sanidad y educación unidos a alzas de los impuestos y en las tasas de servicios básicos. Sin embargo, las cifras astronómicas de los clubes de fútbol son asimiladas con normalidad. El Gobierno apela al esfuerzo y repite una y otra vez que debemos apretarnos el cinturón, pero el Ejecutivo no ejemplariza con un control fiscal a los equipos de fútbol de una industria multimillonaria en España.

El gobierno tímidamente insta a los clubes a pagar su deuda, mientras desahucia y recorta en educación y sanidad sin contemplaciones.

El Congreso de los Diputados aprobó, a finales de marzo, una nueva instancia para que se siga persiguiendo a los clubes “morosos”, y que se regulen ajustes presupuestarios de estas entidades “en el plazo más breve posible”. La Liga de Fútbol Profesional (LFP) y el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha puesto sobre la mesa un proyecto para desarrollar un “plan” para que los equipos de fútbol que no liquiden su deuda con Hacienda en tres años, sean castigados y no puedan seguir compitiendo. Pero un texto que “inste a perseguir” no es suficiente. Ni un calendario de pagos a tres años vista (mínimo) para estas sociedades. Debemos exigir que los clubes de fútbol salden sus cuentas con las arcas públicas del Estado de inmediato.

El fútbol es un negocio muy rentable pero lo es a costa de los derechos de las personas. Después de estos datos, parece que hasta ahora, Hacienda no somos todos.