Patrimonio cultural en Castilla-La Mancha: cuando las barbas de Madrid veas afeitar...

La Asamblea de Madrid, con una aplastante mayoría del PP y VOX han aprobado una nueva ley de Patrimonio Cultural con unos trámites legislativos apresurados y escogiendo el final de la legislatura de forma torticera y oportunista. Si la reforma de la ley redactada por Esperanza Aguirre en1998 fracasó en 2008 al rechazar el Tribunal Constitucional varios artículos, y que claramente tenía objetivos claros, tanto personales de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid como de sectores inmobiliarios en torno al Plan Canalejas, ahora Isabel Ayuso ha vuelto a la carga logrando, con excesivas prisas, aprobar una nueva Ley de Patrimonio que deja mucho que desear en cuanto a garantías y que, como el intento de reforma anterior, tiene detrás evidentes intereses inmobiliarios aunque se disfrace de “necesaria” bajo la excusa de ajustarla a la legalidad vigente.

Somos en este país muy amigos de modificar leyes, ejecutar obras o tomar decisiones que posteriormente los tribunales se encargan de anular, penalizar e, incluso, sancionar. Pero, los gobiernos cambian, y aún dentro de los partidos, nos hemos acostumbrado a “mirar hacia adelante”, a proclamar el “y tú más”, y, en el peor de los casos, pagar la sanción (con dinero de los contribuyentes) y señalar que a los culpables ya los “castigaron los votantes en su día”. Pero, evadimos las responsabilidades personales, no presenciamos ninguna dimisión ni, por supuesto, ninguna rectificación nos hace pensar en la reflexión y la ecuanimidad. Y, en muchos casos, el daño sobre el patrimonio cultural ya está hecho y, lo peor, en algunos, irreversible.

Y, mientras tanto, nuestra Ley del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha 4/2013, la Ley de Museos de Castilla-La Mancha 2/2014 o la Ley de Mecenazgo Cultural de Castilla-La Mancha 9/2019, siguen sin desarrollar muchos de los protocolos y procedimientos que se prevén para su implementación o no se han creado muchos de los Consejos que se indican en sus articulados, cosa que si se ha hecho con la Ley 19/2002 de Archivos Públicos de Castilla-La Mancha y la Ley 3/2011, de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha, probablemente porque existen órganos colegiados de profesionales que así lo han demandado.

Un nuevo marco legal de PP y Vox

Nos tememos que, de haber cambio de gobierno, nuevamente se modifique el marco legal de gestión del Patrimonio Cultural en nuestra región siguiendo las líneas marcadas por el gobierno de coalición PP y Vox de Castilla y León, que está preparando la ley que sustituirá a la actual de Patrimonio Cultural de Castilla y León 12/2002, y que prevé establecer medidas, ayudas y subvenciones para los propietarios, poseedores y gestores de los bienes, así como impulsar la acción ciudadana a través de actividades de voluntariado y fomentar la participación empresarial, dinamizando la colaboración público-privada y entre administraciones.

Es necesario que las fuerzas progresistas reflejen en sus programas electorales el refuerzo de estos servicios públicos necesarios para la defensa de nuestro patrimonio, no sólo completando el desarrollo normativo actual, sino también actualizando aquello que las nuevas realidades reclama introduciendo cauces de participación ciudadana, implementando las nuevas tecnologías en la gestión del patrimonio, coordinado las directrices de la Consejería de Turismo con la política de la Viceconsejería de Patrimonio, tanto en la nominación de declaraciones de interés como en la compaginación de los intereses turísticos y la conservación del patrimonio, o introduciendo los objetivos de la agenda 20-30 en la redacción de los desarrollos reglamentarios y los protocolos de actuación.  

La Asamblea de Madrid, con una aplastante mayoría del PP y VOX han aprobado una nueva ley de Patrimonio Cultural con unos trámites legislativos apresurados y escogiendo el final de la legislatura de forma torticera y oportunista. Si la reforma de la ley redactada por Esperanza Aguirre en1998 fracasó en 2008 al rechazar el Tribunal Constitucional varios artículos, y que claramente tenía objetivos claros, tanto personales de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid como de sectores inmobiliarios en torno al Plan Canalejas, ahora Isabel Ayuso ha vuelto a la carga logrando, con excesivas prisas, aprobar una nueva Ley de Patrimonio que deja mucho que desear en cuanto a garantías y que, como el intento de reforma anterior, tiene detrás evidentes intereses inmobiliarios aunque se disfrace de “necesaria” bajo la excusa de ajustarla a la legalidad vigente.

Somos en este país muy amigos de modificar leyes, ejecutar obras o tomar decisiones que posteriormente los tribunales se encargan de anular, penalizar e, incluso, sancionar. Pero, los gobiernos cambian, y aún dentro de los partidos, nos hemos acostumbrado a “mirar hacia adelante”, a proclamar el “y tú más”, y, en el peor de los casos, pagar la sanción (con dinero de los contribuyentes) y señalar que a los culpables ya los “castigaron los votantes en su día”. Pero, evadimos las responsabilidades personales, no presenciamos ninguna dimisión ni, por supuesto, ninguna rectificación nos hace pensar en la reflexión y la ecuanimidad. Y, en muchos casos, el daño sobre el patrimonio cultural ya está hecho y, lo peor, en algunos, irreversible.