Responsabilidad del Estado sobre nuestro patrimonio

Entramos en periodo electoral y es bueno que los partidos políticos tomen nota de las buenas y malas prácticas que en la gestión de nuestro Patrimonio Cultural se han hecho en la región desde el Estado.

Ya hemos hablado del bochornoso asunto del castillo de Maqueda, cuyo destino como Museo Nacional y Archivo Histórico de la Guardia Civil nunca se llevó a cabo pese a invertir en su habilitación millones de euros. Últimamente ha tenido que ser una asociación memorialista, la Asociación Manuel Azaña, la que proponga al Ministerio, ante el fracaso de las últimas subastas, el montar allí un “museo de la memoria democrática, la guerra civil y la posguerra de Castilla-La Mancha”. A ver si el alcalde actual logra que el gobierno que salga de las urnas ponga, por fin, solución a este asunto que no sólo desvirtúa el valor del BIC, sino que también, y, a falta de un uso adecuado del inmueble, incrementa la despoblación en una localidad de la llamada “España vaciada”, además de fomentar su cierre el desconocimiento de visitantes y de los propios vecinos sobre el monumento y su pasado.

Otro capítulo de la deriva política en los últimos años es la falta de vindicación ante el gobierno central del apoyo a las instituciones que mantiene el Ministerio de Cultura en la Región. Sucede con los Museos Nacionales –salvo el Museo del Ejército que depende del Ministerio de Defensa-, para los cuales la línea de apoyo es cada vez más débil y cuyos proyectos carecen de sinergias que estimulen sus proyectos museísticos. Pese a considerarse unos recintos que reciben miles de visitantes anualmente –salvo, quizá el Museo Nacional del Teatro de Almagro-, anotamos la falta de aportación de suficientes recursos humanos y presupuestarios, de espacios que completen sus infraestructuras o de fondos que estimulen sus colecciones. La misma sensación de recorte de presupuestos y falta de ambición en las metas que debe marcar la política del ministerio la vemos en la creación de la doble oficina de administración y gestión de los Museos Nacionales del Greco y Sefardí y la falta de infraestructura crónica que sufren ambos recintos. E incluso los dependientes del Ministerio de Defensa, como el Museo y Archivo Naval en palacio del Viso del Marqués, aunque se ha confirmado su supervivencia tras nuestra protesta (19.01.2023), su adscripción a la nueva sede madrileña del organismo le vacía de su significado y el inmueble sigue mostrando una precaria conservación, difusión y exhibición.

La dimisión del Director del Festival de Almagro, Ignacio García, que en declaraciones públicas dijo que lo hacía por “reducción, precarización y externalización de puestos laborales” y, también, por la falta del apoyo necesario del Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAEM) y de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), referentes con los que el Festival contaba desde el comienzo y para los que la Viceconsejería de Cultura no ha exigido la continuidad de las condiciones con las que hasta hace unos años mantenían con el mismo.

Por último, hay que llamar la atención sobre la tutela que debe ejercer el estado sobre la proyección del patrimonio cultural en la región, tutela que debe ejecutar cuando hay dejación en la delegación de funciones que tiene transferida a la comunidad autónoma y que, nos tememos, que como ocurre con el resto del país, no tiene la voluntad política de imponer.