La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha registrado un escrito dirigido al Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el que se insta, de manera urgente, a la retirada de las tasas que las personas dependientes y/o con discapacidad deben soportar a la hora de pedir una revisión de su grado de dependencia, de discapacidad o de su programa de atención, para la obtención del certificado de idoneidad para el cuidador de familiares dependientes así como para la expedición o renovación de la tarjeta de accesibilidad.
Según apunta este colectivo, las tasas impuestas por el anterior Gobierno de Cospedal han supuesto durante estos últimos años, en la inmensa mayoría de los casos, una “barrera infranqueable” para que las personas dependientes y/o discapacitadas pudieran adecuar su situación personal con la situación real que vivían en función de la evolución de sus enfermedades. “Equiparaban una situación sobrevenida en función de una enfermedad, accidente o circunstancia personal, con los trámites y pagos que, por ejemplo, debían realizar empresas para el desarrollo de su negocio”, añade.
Concretamente, los tributos establecidos para las revisiones del grado de dependencia son de 40,8 euros, del programa de atención individual (PIA) de 15,3 euros, del grado de discapacidad, 30,6 euros a los que hay que añadir 10,2 euros más si hay que realizar un desplazamiento al domicilio para valorar la necesidad de concurso de una tercera personas. Asimismo se viene cobrando una tasa para la expedición de la tarjeta de accesibilidad de 8,16 euros y de 16,4 euros si se solicita un duplicado.
Se trata de una situación “especialmente sangrante” y que demuestra “hasta dónde ha llegado el ensañamiento por parte de la expresidenta Cospedal con los cuidadores familiares de personas dependientes”, la mayor parte grandes dependientes y muchos de ellos menores de edad, afirma la Plataforma.
Además, considera que el nuevo Gobierno regional “no debe olvidar” tampoco que todas estas tasas impiden, en la práctica, que los derechos adquiridos por las personas discapacitadas y/o dependientes en función de la Convención de los derechos de las personas con Discapacidad de la ONU, y de la que España es firmante, “impiden el pleno desarrollo de las condiciones de vida digna a la que tienen derecho”.