Podemos recurrirá al Constitucional si no se tramita su ley de minería de tierras raras
- Ha presentado primero un recurso parlamentario contra la decisión de la Mesa de las Cortes de rechazar la proposición de Ley
El Grupo Parlamentario de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha ya ha presentado el recurso de reconsideración contra la decisión de la Mesa de impedir la tramitación parlamentaria de la proposición de Ley de Minería de Tierras Raras que la formación morada registró el pasado mes de diciembre. A iniciativa de la Plataforma Sí a la Tierra Viva, la propuesta busca un marco de regulación para esta actividad minera con el objetivo de proteger la salud pública y el medio ambiente, pero el Parlamento rechazó que se tramitara previo informe del Gobierno regional, que aludía a la falta de presupuesto, entre otros motivos. El diputado David Llorente ha avisado además de que si la Mesa no acepta la tramitación, el partido presentará recurso de amparo al Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Según ha destacado Llorente, la Mesa de las Cortes ha asumido “sin más” un “veto” del Gobierno regional asumiendo argumentos que “no son ciertos” como el hecho de que la proposición de ley supondría un aumento de crédito. Ha recordado que uno de los informes aportados por la Junta está firmado por el director general de Industria, Energía y Minería, José Luis Cabezas, “que fue quien acompañó a los directivos de Quantum en sus visitas a los municipios del Campo de Montiel para promocionar los proyectos de minería de tierras raras y que ha demostrado un claro interés de parte, motivo por el cual yo pedí en su momento su dimisión”.
Pero al margen, , el diputado considera que no es cierto que la futura ley supusiera ningún incremento de crédito ya que en la partida que señala el Gobierno castellano-manchego en sus informes hay “un amplísimo margen presupuestario”, concretamente de cerca de 180.000 euros, “el cuádruple de lo que se ha ejecutado en 2018”, estimando los cálculos que hace el propio Ejecutivo.
Un “veto” dado por bueno “sin verificar”
“Pero el problema no es solo que el Gobierno esgrima un falso argumento presupuestario para justificar el veto, sino que además la Mesa lo ha dado directamente por bueno sin verificar si era cierto y sin exponer tampoco su motivación para asumir y aplicar el veto”, añade. Y refiere una sentencia reciente del Tribunal Constitucional que estipula que la Mesa de un Parlamento tiene la obligación de ejercer un “control efectivo de la facultad de veto del Gobierno”, verificando la información aportada, y “de velar también por el derecho fundamental a la participación política”.
Considera el Grupo Parlamentario de Podemos que la Mesa no ha cumplido con esa obligación y, al no hacerlo, “ha vulnerado el derecho fundamental de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes”, recogido en el artículo 23 de la Constitución Española. Por eso no descarta acudir al Constitucional si este órgano de gobierno parlamentario no se retracta.
“Deriva antiambiental”
Dicho esto, Llorente considera que, más allá de la discusión jurídica, el veto refleja que el presidente regional, Emiliano García-Page, ha cedido “ante las presiones del ‘lobby’ minero y no tiene voluntad política para regular adecuadamente esta actividad”. Al hilo de ello, ha recordado la autorización de proyectos de “minería especulativa”, como el de la mina de fosfatos de Fontanarejo, también en Ciudad Real, a pesar de que se han entregado a la Junta más de 100.000 firmas contra este proyecto minero.
“Nos preocupa este veto porque profundiza en una creciente deriva antiambiental y autoritaria del Gobierno regional”. Con ello se ha referido también a otros proyectos como el del parque temático Puy du Fou de Toledo, las macrogranjas en áreas protegidas o la situación de los jóvenes repobladores de Fraguas (Guadalajara), condenados a prisión.
Finalmente, David Llorente ha asegurado que no se quedarán de brazos cruzados ante estas situaciones, y ha concluido avisando: “El PSOE de García-Page deberá considerar también si cuenta con el apoyo parlamentario necesario para que algunas de sus iniciativas legislativas salgan adelante”.
