El precio del agua subirá en Toledo por una sentencia que el PSOE no ejecutó y un “contrato nefasto” del PP
El equipo de Gobierno toledano de PP y Vox está estudiando cómo aplicar el incremento de la tarifa del agua por el obligado cumplimiento que determina un auto judicial. El Juzgado Contencioso Administrativo Número 2 de Toledo notificó un auto a principios de este mes de septiembre con el que insta al Consistorio la ejecución forzosa de la sentencia judicial dictada el pasado mes de enero para revisar las tarifas del agua en la ciudad.
Con esta sentencia, que tiene fecha de 17 de enero de 2023, el Tribunal daba respuesta a la denuncia que recibió el Ayuntamiento de la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA y Aguas de Castellón SA UTE Facsa-ADC (Tagus), actual concesionaria de este servicio público en la capital regional, tras no cumplirse sendos acuerdos de la Junta de Gobierno Local de junio del año 2014 y de agosto del 2018 para revisar dichas tarifas en el recibo del agua.
La sentencia estimaba en parte el recurso de Tagus contra “la inactividad del Ayuntamiento de Toledo” consistente en la no ejecución de estos acuerdos con los que se comprometía a realizar una revisión quinquenal de tarifas en el año 2019, sobre la base de los datos cerrados en el año 2018, para aplicar en el quinquenio 2020-2024. El juzgado toledano obliga ahora al Consistorio a hacer la revisión tarifal (independientemente de las revisiones según IPC) que no se llevó a cabo en un “plazo improrrogable de diez días.
En caso de incumplimiento y previo apercibimiento, “se podrán imponer multas de entre 150 y 1.500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes, sin perjuicio de responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar”. También se podrá deducir, añade el texto, el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.
No obstante, el Consistorio disponía de un plazo de cinco días para presentar un recurso de reposición el auto recibido este mes y que no ha ejecutado. “No se hizo nada desde enero a esta parte y ahora, en septiembre, hemos recibido un auto en el cual se nos obliga a llevarla a cabo obligatoriamente”, ha indicado la concejala de Obras, Servicios y Parques y Jardines del Ayuntamiento de Toledo, Loreto Molina, reprochando que “el equipo de Gobierno anterior -del PSOE- no ejecutó la sentencia”.
En declaraciones a los medios, la edil toledana ha señalado que están “viendo la fórmula para encajar dicha sentencia”. “Habrá que verlo con empresas; no solo el ciudadano de a pie nos vamos a ver afectados por ello. Hay que hacer una revisión de las facturas”, ha apuntado la concejala, que no ha sabido detallar a qué cantidad asciende el incremento que se producirá.
“Vamos a ejecutar la sentencia que tenían que haber llevado a cabo ellos -en referencia al PSOE-. Lo vamos a subir nosotros, porque tenemos que hacerlo. No solo ahora, años atrás tendrían que haber llevado a cabo una revisión de precios para que no repercutiera en el ciudadano como ahora nos vemos obligados a hacer”, ha manifestado también Loreto Molino con las que daba respuesta a las críticas vertidas por el PSOE al conocerse esta sentencia.
Reproches entre PP y PSOE
Y es que, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, ha recordado que el contrato del Servicio de Abastecimiento de Agua fue rubricado por el Gobierno del PP, “que recibió de la concesionaria 36 millones de euros que han tenido que pagar los toledanos”. Así, ha pedido al alcalde, Carlos Velázquez, que “no eluda sus responsabilidades y defienda los intereses de todos los toledanos y todas las toledanas”.
En este contexto, ha subrayado que “el Gobierno socialista, en los últimos 4 años, no subió el recibo del agua por las dificultades que han sufrido los toledanos y las toledanas en este tiempo y gracias a la capacidad de llegar a acuerdos y ofrecer soluciones para garantizar el servicio de abastecimiento de agua sin subir las tasas”. “Si el agua sube será porque lo apruebe el nuevo alcalde. Con el PP ya sabemos que en campaña electoral anuncian bajada de impuestos y cuando gobierna hacen lo contrario: subir impuestos y crear más tasas”, ha agregado.
De la Cruz ha sostenido que la privatización del abastecimiento de agua “la aprobó el PP de José Manuel Molina con un contrato que fue nefasto, y pese a ello el PSOE mantuvo unos precios razonables”. “Ahora el nuevo alcalde y el PP, que conocen muy bien ese pliego, parece que lo primero que quieren hacer es subir el precio del agua”, ha agregado, al tiempo que ha precisado que el auto del juzgado habla de “una revisión de precios al alta o a la baja” de un servicio cuya concesión se alargará hasta el año 2031.
La Junta de Gobierno local aprueba ejecutar la sentencia
Precisamente, la Junta de Gobierno local ha analizado este martes la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Toledo a revisar las tarifas del agua en la ciudad, tal y como marcaban sendos acuerdos de la Junta de Gobierno Local de junio del año 2014 y de agosto del 2018. En ella se ha aprobado la ejecución forzosa de la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Toledo interpuesta en el año 2021 por la empresa TAGUS, concesionaria del servicio de abastecimiento del agua en la ciudad
“Hoy hacemos una Junta de Gobierno local para poder cumplir con esta sentencia, como haría cualquier empresa, como haría cualquier persona. Nadie entiende por qué no lo hicieron antes” los anteriores gobernantes, criticaba por la mañana el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, durante la presentación de la Campaña de Apoyo al Comercio Local de Toledo 'Tu barrio, Tu gente' en el Mercadito Panamá & Baeza.
"No se va a subir ni un solo impuesto en la ciudad de Toledo mientras sea alcalde pero este, el del agua, se está subiendo es porque nos obliga un juez"
Dicho esto, insistía en que esta es “una de las herencias recibidas” por el anterior gobierno del PSOE, “una sentencia que ellos se negaron de manera reiterada a cumplir, que deriva de un contrato que si ellos no estaban cómodos lo que tenían que haber hecho era resolverlo”, según recoge Europa Press.
Según el alcalde, la realidad es que, “más allá de polémicas estériles”, hay una sentencia, un auto concretamente, que obliga al Ayuntamiento a cumplir con el incremento de las tarifas en la ciudad de Toledo que afectan al suministro de agua.
Dicho esto, ha garantizado que no se va a subir ni un solo impuesto en la ciudad de Toledo mientras él sea alcalde pero “este --el del agua-- que se está subiendo es porque nos obliga un juez” por culpa --ha dicho-- de la “inacción” del anterior gobierno socialista.
Sobre las críticas vertidas por el Grupo Municipal Socialista, Velázquez ha ironizado diciendo que “a lo mejor es que ellos negocian el cumplimiento de las sentencias con los jueces”. “Que nos digan cómo se hace eso. Podríamos estar abriendo un melón bastante complicado para el PSOE”.
IU-Podemos pide recuperar la gestión municipal del agua
Mientras, el portavoz de IU-Podemos en el Consistorio Txema Fernández apuesta por recuperar la gestión del agua en la ciudad que ahora está externalizada y reside en la empresa Tagus, según recoge Toledodiario.es.
Explica que “el principal problema” respecto a la subida que tendrán que asumir los toledanos en el recibo del agua es “el contrato firmado por los diferentes gobiernos locales desde 1996”, en el que se establece que hay que compensar las pérdidas económicas que tienen las empresas que gestionan este servicio. Ha solicitado iniciar no solo un proceso de recuperación del servicio a la gestión directa, sino de fiscalización exhaustiva del cumplimiento del contrato por los técnicos municipales.
“Desde que se privatiza en 1996 y hasta hoy, el agua se ha convertido en un elemento que se rige por las reglas del mercado, no por las reglas de los derechos humanos. Por eso, cuando la empresa no gana lo que el contrato le permite y que ha firmado con los gobiernos municipales de turno, denuncia y gana”, ha manifestado el portavoz municipal de la formación, Txema Fernández.
Bajo su punto de vista, “si el agua se convierte en una mercancía para especular con ella, lo normal es que los especuladores pidan responsabilidades a quienes no les permiten conseguir los beneficios esperados” y entonces, añade, “cuando la empresa no recibe lo que el contrato le permite y que ha firmado con los gobiernos municipales de turno, denuncia y gana”, sostiene.
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