La mayoría que mantiene el PP en el Senado le garantiza la aprobación definitiva de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha para reducir el número de diputados en las Cortes y dejarlo en una horquilla de entre 25 y 35, con el argumento del ahorro, pese a que desde el año pasado los diputados no cobran sueldo fijo.
El siguiente paso será la modificación de la Ley electoral de Castilla-La Mancha para definir el número concreto de diputados, justo dos años después de que el mismo PP la modificase para ampliar su número que justificó entonces para “procurar una Ley electoral más democrática, más justa” (sic). También se definirá el reparto por circunscripciones provinciales y se da por hecho que se mantendrá la injusta distribución actual, la que marcó el PP en 2012, que hace que el voto de un conquense “valga más” que el de un toledano, o dicho de otra forma que elegir un diputado “sale más caro” en votos en las provincias más pobladas, mucho más de lo que cabría esperar en términos proporcionales, lo cual beneficia al PP, más consolidado en las provincias menos pobladas.
El efecto de la reducción consolida el bipartidismo y elimina de facto a las minorías. La formación más perjudicada será Izquierda Unida que con el 8 % de los votos, como mínimo, que vaticinan las encuestas no obtendría ningún diputado. Eso supone que, si se diera una participación similar a la de 2011, unos 90.000 ciudadanos que votasen esa opción se quedarían sin representación, a los que cabría unir otro 5 % (unas 50.000 personas) que votarán opciones minoritarias (UPyD, Equo…) sin obtener tampoco escaño. Es decir, un mínimo del 13 % de los ciudadanos que voten no estarán representados, para “ahorrar”, a lo que se debe añadir el voto en blanco y los abstencionistas para hacerse una idea del déficit de representatividad de las nuevas Cortes y de un Gobierno que podría estar sustentado por menos de un tercio de los electores.