Denuncian un presunto caso de “puerta giratoria” en el nuevo Gobierno de Page
La ronda de comparecencias que los nuevos consejeros del Gobierno de Castilla-La Mancha han protagonizado hoy en las Cortes regionales para informar sobre su patrimonio y su experiencia, ha servido al PP para poner en tela de juicio la elección de uno de ellos, Juan Alfonso Ruiz Molina como nuevo consejero de Hacienda y Administraciones Públicas. Según afirman, protagonizó un presunto caso de “puerta giratoria” cuando pasó de la dirección del Servicio Regional de Salud (SESCAM) a la empresa Indra, después de haber adjudicado varios contratos a esta empresa mientras ostentaba su cargo público. El Gobierno regional, no obstante, decretó entonces que no había “ninguna incompatibilidad”.
La denuncia la ha realizado el portavoz del PP en las Cortes, Francisco Cañizares. No ha dudado en pedir la inhabilitación del nuevo consejero, cuestionando que pueda ocupar un cargo público cuando estos hechos, a su entender, no están claros. Según ha precisado, el SESCAM formalizó contratos con Indra entre 2007 y 2009, bajo mandato de Ruiz Molina, quien luego pasó a formar parte de esa empresa, algo que contraviene la Ley y le “imposibilita” para ocupar un cargo público.
Ruiz Molina se ha defendido haciendo alusión a un informe favorable del Gobierno regional (concretamente de la Dirección General de la Función Pública). Ese informe le dio “todas las garantías jurídicas” de no estar incurriendo en una incompatibilidad, ha reiterado el nuevo consejero, al tiempo que ha dicho que todos los contratos se firmaron de forma objetiva.
El mencionado escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es/clm, tiene fecha de 11 de marzo de 2010, y en el mismo se establece que el ahora consejero cesó en el SESCAM con fecha de octubre de 2009 y que “no existe ninguna incompatibilidad” para que prestara sus servicios profesionales a Indra. Precisa a renglón seguido que durante los dos años siguientes a la fecha de su cese Ruiz Molina no podía realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hubiera dictado resolución en el ejercicio de su cargo anterior, así como tampoco contratos de asistencia técnica o de servicios con la Administración autonómica.
El caso es que la acusación de los ‘populares’ se ha convertido en el principal escollo con el que se enfrenta el Gobierno de García-Page apenas iniciada su gestión. De hecho, los consejeros han sido nombrados pero aun no han tomado posesión.
Además, durante la comparecencia del consejero, el portavoz parlamentario de Podemos, David Llorente, no ha hecho referencia a esta cuestión, pero sí ha mostrado su preocupación por la puesta en marcha de reformas tributarias para establecer una fiscalidad progresiva. La denuncia de las 'puertas giratorias' y la apuesta por la regeneración democrática son demandas fundamentales de la formación morada y forman parte del acuerdo alcanzado con el PSOE que propició la investidura de García-Page como presidente de Castilla-La Mancha.
