“Confusión” en los bancos con los avales del Estado para comprar una primera vivienda: ¿qué está pasando?

El pasado mes de febrero el Consejo de Ministros fijó las condiciones para una nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) presupuestada en 2.500 millones de euros. Está destinada a jóvenes de hasta 35 años y familias con menores a cargo. El objetivo: que puedan acceder a la compra de su primera vivienda.

Este fue el último trámite antes de que los avales comenzaran a ponerse en marcha. Y eso, teóricamente, sucedió el pasado mes de mayo. Sí que se están concediendo algunos, pero no sin algunos problemas derivados de la “confusión” de algunas sucursales bancarias, de la falta de información y de cuestiones técnicas.

La medida forma parte de uno de los instrumentos que está poniendo en marcha el Gobierno para promover el acceso a la vivienda y busca facilitar las hipotecas a más de 50.000 personas, que “siendo solventes”, no han podido ahorrar lo necesario para adquirir una vivienda.

Con carácter general, el ICO avala hasta el 20% del importe del crédito de la vivienda, salvo que esta última disponga de una calificación energética D o superior (es decir, que supongo un alto consumo de energía), en cuyo caso ese porcentaje puede llegar hasta el 25%.

El Ministerio de Economía (del que depende el ICO) y el de Vivienda (quien se hace cargo del presupuesto de los avales) quieren también aliviar así el mercado del alquiler en zonas tensionadas, con ciudades donde ya es más caro arrendar que comprar. También persigue atender la realidad en núcleos rurales contribuyendo así a la fijación de población.

“Ni sabían de lo que les estaba hablando”

Esta línea está dirigida a personas mayores de edad, con residencia legal en España, debiendo acreditarla de manera continua e ininterrumpida durante los dos años anteriores a la solicitud del préstamo. El límite de patrimonio del avalado es un máximo de 100.000 euros y no pueden acogerse a esta línea de avales quienes ya sean propietarios de otra vivienda con anterioridad.

Para ponerla en marcha, el ICO firmó los convenios correspondientes con más de 60 entidades financieras para que desarrollen la medida en sus sucursales. En muchos casos está funcionando, pero en otros la petición del aval por parte de los particulares ha sido una misión imposible.

Es el caso de Elena, de 32 años, y residente en la localidad toledana de Quintanar de la Orden, en Toledo. Acudió a un banco de esta localidad para solicitar el aval y según afirma, “ni sabían de lo que les estaba hablando”. Ella misma mostró con su móvil a la persona que la atendió que existía esta medida del ICO, pero en la sucursal le dijeron que no tenían conocimiento de ello y que por tanto no podrían tramitarlo.

“Me quedé a cuadros y decidí ir a otro banco. Ahí fue todavía más surrealista, porque me dijeron que eso dependía de la comunidad autónoma y que todavía no estaba activo. En la página web del ICO no dice nada de eso y ya no supe ni qué decir. Me quedé muy confundida y me pareció que echaban balones fuera”.

Una situación casi calcada es la que ha vivido Laura, de 29 años, en Miguelturra (Ciudad Real). Ha acudido a tres bancos a solicitar el aval y todavía no ha sido capaz, no solo de tramitarlo, sino de iniciar siquiera el proceso.

En uno de los bancos le comentaron que esa línea de avales no existía, que a ellos no les constaba y en la visita a otra entidad diferente también argumentaron que se trataba de un acuerdo del ICO que todavía no estaba firmado con la comunidad autónoma, en este caso Castilla-La Mancha.

Le insistieron tanto en este último punto que decidió acudir a la Delegación provincial de Fomento del Gobierno regional en Ciudad Real. Allí no le solucionaron nada aunque tampoco le despejaron las dudas.

La cuestión es que esta línea de avales depende única y exclusivamente del ICO. Las comunidades autónomas no tienen que firmar ningún trámite ni poner en marcha ningún protocolo. El único paso previo que el ICO dejó en manos autonómicas fue el establecimiento de unos precios máximos por vivienda para adquirir el aval. En Castilla-La Mancha es de 240.000 euros y ya quedó establecido en mayo.

¿Qué ha ocurrido entonces? Fuentes del ICO explican a elDiarioclm.es que la confusión ha venido determinada por varios factores. En primer lugar, por el hecho de que hay comunidades autónomas que tienen su propio programa autonómico de avales hipotecarios, que son independientes del estatal. “Es posible que en muchas sucursales aun no tenga interiorizada la información de esta línea de avales estatales y hayan buscado el programa propio de Castilla-La Mancha, que no lo tiene”, argumentan.

Están todas las entidades financieras trabajando para desplegar la línea, pero cada una tiene sus tiempos

Pero existen otras variables que pueden ralentizar el proceso. Este programa se firmó en mayo con el Ministerio de Vivienda, y a partir de ahí el ICO suscribió con las entidades financieras los contratos para su aplicación. Tras ello, los bancos ya podían empezar a operar con este programa porque la línea de avales está “abierta y activa”.

“Están todas las entidades financieras trabajando para desplegar la línea, pero cada una tiene sus tiempos, primero para desarrollar el sistema tecnológico que necesitan para reportar las operaciones y, segundo, para bajar la información a su red de sucursales y que el producto esté integrado en su red”, precisan en el ICO.

Prácticamente la totalidad de los bancos suscritos a la línea de avales lo tienen ya cargado. “Lo necesitamos así para para asegurarnos de que pueda llegar a todo el mundo. Pero puede pasar que la sucursal no tenga toda la información todavía ni tenga el producto totalmente integrado. Todo tiene un proceso y cada entidad maneja sus tiempos de implantación”, remarcan las mismas fuentes.

Lo que dejan claro en que la línea está funcionando y ya hay bancos que están concediendo hipotecas con este aval. De momento, el ICO no ofrece datos sobre los avales concedidos porque se agrupan trimestralmente una vez que están consolidados, por lo que se conocerán a lo largo del último trimestre del año.

El plazo del aval otorgado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a la entidad financiera y gestionado por el ICO es de un máximo de 10 años desde que se formalice la operación, con independencia de la amortización del préstamo. Durante ese plazo, la vivienda deberá ser la residencia habitual de la persona avalada y su arrendamiento estará limitado a que concurran circunstancias que exijan el cambio de vivienda.

El plazo para formalizar los préstamos que se acojan a esta línea de avales finalizará el 31 de diciembre de 2025. Este plazo podría ampliarse dos años más, en virtud del convenio que suscribirán el MIVAU e ICO. Por el momento, este último organismo se muestra convencido de que los avales estatales “se desplegarán conforme transcurran los próximos meses”.