“Hay una práctica sistemática de represión burocrática para inhibir la protesta”
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Guadalajara ha celebrado este miércoles una vista para dirimir el recurso contra la sanción que la Subdelegación del Gobierno en la provincia impuso al actual diputado regional de Podemos David Llorente (entonces era activista del 15M, sin cargos políticos) por haber presuntamente convocado una concentración en Azuqueca de Henares durante la jornada de Huelga General del 14 de noviembre de 2012 a raíz de la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy.
David Llorente asegura que la concentración fue convocada por los sindicatos y por el movimiento 15M que “se desbordó y terminó convirtiéndose en una manifestación espontánea por las calles de Azuqueca, la mayor que se recuerda en esta ciudad”. Comenta que participó “como muchas otras personas de manera pacífica” pero tanto la Policía como la subdelegación del Gobierno consideró a Llorente como organizador de una movilización sin permiso previo que le supuso una sanción de 302 euros.
El hoy diputado presentó dos alegaciones y posteriormente un recurso de alzada que elevó el caso hasta el Ministerio del Interior para concluir con el actual recurso contencioso-administrativo cuyo resultado se conocerá en 15 días. “Hemos pedido que se retire la sanción porque es injusta. Me limité a participar en una manifestación ejerciendo un derecho fundamental en el contexto de una huelga general”, asegura.
Cree que la suya es tan solo una de las muchas sanciones “impuesta a la clase trabajadora y a la gente que lucha por defender los derechos de todos” y añade que “forma parte de una estrategia represiva que se ha aplicado a mucha gente de manera burocrática, con sanciones administrativas que implican multas económicas”. En este sentido cree que hay “una práctica sistemática de represión burocrática y económica para inhibir a quienes quieren protestar”.
Una estrategia frente a la que pide “actuar de forma colectiva, mediante la solidaridad y frente al recorte de derechos y libertades” porque, recuerda, en España hay “cientos de personas” con sanciones administrativas por motivos similares y “en algunos casos con penas de cárcel”.
Llorente tiene pendiente también la resolución de un segundo expediente, abierto el mismo día, tras encerrarse ese mismo día (14 de noviembre de 2012) junto a decenas de activistas en una sucursal bancaria de la capital alcarreña para protestar por un posible desahucio a una mujer de 75 años.
