La minería de tierras raras regresa de nuevo a las Cortes de Castilla-La Mancha, pero esta vez en forma de proposición de ley. Hasta ahora, su regulación legislativa se trataba de una cuestión que el diputado de Podemos David Llorente había planteado en varias ocasiones, incluso en las resoluciones del último Debate sobre el Estado de la Región. Sin embargo, ahora lo hace en forma texto legislativo. El Grupo Parlamentario de la formación morada ha registrado ya esta iniciativa en el Parlamento regional, de la mano de la Plataforma Sí a la Tierra Viva, impulsora de un texto “acogido y apoyado” por Podemos.
“Compartimos plenamente su propósito, que es la protección de la salud pública y del medio ambiente y la defensa de un modelo de desarrollo sostenible y de un mundo rural vivo”, ha dicho Llorente.
A este respecto, el diputado de la formación morada ha recordado que durante la presente legislatura este partido ha mantenido una relación “muy estrecha de colaboración y trabajo conjunto” con la Plataforma, la encargada de llevar a cabo desde diciembre de 2015 una campaña de información y movilización social en el Campo de Montiel, con charlas en los pueblos y manifestaciones masivas; también presentando alegaciones a los proyectos y quejas ante el Defensor del Pueblo. Lo hizo contra el proyecto de minería a cielo abierto de la mercantil Quantum en esta comarca, que finalmente obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) negativa del Gobierno de Castilla-La Mancha, una “victoria” que “demostró la efectividad de la movilización social”.
El Campo de Montiel ha permanecido “alerta y organizado”
Pero esa victoria, añade David Llorente, “no fue definitiva”. Recuerda que la empresa recurrió la DIA y que la gente en el Campo de Montiel ha permanecido “alerta y organizada”. Por eso han seguido trabajando y con la propuesta de ley “avanzamos un paso más”. Mediante este texto legislativo, Podemos propone regular la actividad minera para garantizar la protección de la salud pública y del medio ambiente y la defensa de un “modelo de desarrollo sostenible y de un mundo rural vivo”. Confía en que reciba también el apoyo de los demás grupos parlamentarios y pueda aprobarse por unanimidad en las Cortes.
De su lado, e presidente de la Plataforma Sí a la Tierra Viva, Luis Manuel Ginés, ha explicado que esta propuesta viene a complementar el “régimen jurídico que regula” este tipo de actividad “reforzando la seguridad jurídica” para evitar que cualquier empresa quiera instalarse en territorio castellano-manchego para este cometido.
En la proposición de ley, a la que ha tenido acceso eldiarioclm.es, se explica que la minería de tierras raras es una actividad necesaria para la tecnología actual pero conlleva “graves efectos medioambientales y socioeconómicos” para los territorios en los que se desarrolla. Por ese motivo, alude que la demanda social de una adaptación normativa que regule la extracción, procesamiento y explotación, y pide diseñar la ley con mentalidad 3R (reducir, reciclar y reutilizar) lo cual “contribuirá a menores costes, mayor eficiencia en el consumo de materiales y energía y menor generación de residuos”.
Según apunta, la normativa respeta las competencias autonómicas en medio ambiente, y por eso debe elaborarse un plan estratégico para minería de tierras raras que es compatible con la vigente Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y con la habilitación a Castilla-La Mancha para efectuar una zonificación territorial específica para minería de tierras raras, conforme a la cual se pueden imponer “deberes y cargas” proporcionadas para el otorgamiento de autorizaciones, permisos y concesiones mineras con la finalidad de proteger el medio ambiente.
La propuesta incluye por tanto un ámbito de aplicación tanto en la exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos minerales de tierras raras ubicados en la región, como en la gestión de los residuos producidos. También regularía los establecimientos de beneficio dedicados a la preparación, la concentración y almacenaje; y el desmontaje de las instalaciones.
Para todo ello, se elaboraría un plan estratégico sectorial por parte de la Consejería de Medio Ambiente, en coordinación con las consejerías competentes en salud pública, energía y ordenación del territorio y otros organismos, para “prevenir, gestionar y reducir impactos y riesgos para la salud pública y el medio ambiente” derivados de la extracción de minería de tierras raras en su territorio. Este plan de acción debería ser aprobado por el Consejo de Gobierno mediante decreto a la mayor brevedad, o en todo caso, en un plazo máximo de 18 meses.
Asimismo, propone un apartado específico de derechos mineros donde se establece que se podrán autorizar explotaciones de minería de tierras raras mediante solicitud que cumpla la legislación vigente, aunque en zonas de restricciones medioambientales o de relevancia ambiental, para la utilización de técnica a cielo abierto “se precisará especial motivación a fin de evitar contaminación atmosférica”. Estas últimas se tramitarían con cumplimiento de los requisitos que establece la normativa europea sobre hábitats.
Y otra novedad: según esta propuesta de ley, un emplazamiento sólo se seleccionaría si la evaluación de riesgos no provocara efectos en el patrimonio natural, cultural, agua, la calidad del aire, biodiversidad, hábitat y en definitiva, en el medio ambiente y tampoco causara daños ni tuviera efectos socioeconómicos negativos en otras actividades que se realicen en la zona y en zonas limítrofes.
Garantía financiera
Finalmente, también se establece que el operador de estas actividades deberá establecer una garantía financiera que cubra las condiciones de la autorización y las potenciales responsabilidades por daños al medio ambiente, antes de dar comienzo a las operaciones. Por otro lado, ya en las disposiciones transitorias se incorpora la obligatoriedad de no conceder nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de tierras raras en tanto no se apruebe el plan estratégico sectorial mencionado.