Los nuevos sondeos que Enresa ha sacado a concurso en las últimas semanas, por un valor de 1,4 millones de euros, hacen que el PSOE se sienta “sorprendido” de que José Manuel Soria haya anunciado que el Almacén Temporal Centralizado se autorizará definitivamente antes de que acabe el año. El diputado socialista Luis Carlos Sahuquillo ha señalado que los mismos documentos de la empresa señalan que estos nuevos sondeos comenzarían en septiembre y se alargarían por nueve meses. Es decir, hasta junio.
Enresa sacó a concurso un contrato para realizar nuevos sondeos de de carácter geofísico de los terrenos en donde se prevé construir el “cementerio nuclear”. El documento es parte de la “interacción del proceso” de concesión de las licencias que requiere el Consejo de Seguridad Nuclear. Otros documentos encargados por el CSN cuestionaban la idoneidad del emplazamiento, por lo que ahora los nuevos sondeos llegarían a una profundidad mayor que la de los setenta metros actuales, llegando hasta 200 metros de profundidad. Es la profundidad que los protocolos establecen en otros países, como Estados Unidos.
Sahuquillo también ha señalado que se trata de un contrato que se aprobó después de que Francisco Gil-Ortega,“una persona de confianza de la presidenta de Castilla-La Mancha”, según señala el PSOE, presentase su dimisión de Enresa. La gestión de Gil-Ortega ha sido sometida a dudas, y su decisión de retirarse del Consejo de Administración de la empresa pública provocó que la adjudicación de la obra principal del ATC se paralizase, cuando estaba prevista para febrero.
En este sentido, el parlamentario ha insistido, una vez más, en que la decisión de emplazar el “cementerio nuclear” en la localidad de Villar de Cañas se debe a una decisión política de María Dolores de Cospedal, “a cambio de mantener su cargo como Secretaria General del PP”. Para el PSOE, esta decisión supondrá un importante sobrecoste en la construcción de la infraestructura que, según el partido, se ha llegado a cifrar en unos 300 millones de euros. Los socialistas han registrado una serie de preguntas en el Congreso, en relación con la construcción de estas instalaciones. Entre otros temas, han solicitado el informe de la auditora URS o los contratos que se han realizado vinculados al ATC por Enresa.
Además, el Grupo Socialista ha pedido una valoración de la gestión de Francisco Gil-Ortega, al poner en duda la gestión que realizó el político al liderar la empresa pública. Así, han preguntado al Gobierno si asume la responsabilidad de haber nombrado a alguien sin experiencia en el sector nuclear y sin créditos valorables, más allá de su relación con María Dolores de Cospedal. Por otro lado, han pedido también la retribución oficial total del presidente de Enresa y los gastos de representación que Gil-Ortega recibió durante 2013. Por otro lado, han preguntado si es cierto que el antiguo presidente de Enresa cobró gastos sin presentar la factura correspondiente y si esto tiene algo que ver con su cese.