El regreso de la fiscalización del sector público que quitó Cospedal en Castilla-La Mancha: así funcionará

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ya ha publicado la Ley que regula la nueva la Cámara de Cuentas de la comunidad autónoma, que entrará en vigor el próximo 2 de enero y y cuyo objetivo es mejorar la transparencia y reforzar el control de la gestión pública. Este nuevo organismo supone la recuperación de la antigua Sindicatura de Cuentas, que la ex presidenta castellanomanchega, María Dolores de Cospedal, derogó en 2014 durante su mandato en esta región, junto con el Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social. De hecho, la aprobación parlamentaria para su recuperación ha contado con el voto en contra tanto del PP como de Ciudadanos.

Ahora, la Cámara de Cuentas, además de ejercer la actividad de control sobre el sector público, también lo hará con las personas físicas o jurídicas si reciben subvenciones, así como con los partidos políticos y sus subvenciones recibidas por régimen electoral.

Desde el Gobierno de Emiliano García-Page han insistido en que con este nuevo organismo se recupera un órgano fiscalizador externo autonómico que facilitará un control más directo de las finanzas públicas regionales y permitirá que sus recomendaciones sean “más fáciles de aplicar, por la proximidad y cercanía con las instituciones que supervisa y fiscaliza”.

En concreto, estarán sometidos a la fiscalización de la Cámara de Cuentas el sector público regional, que comprende, la administración de las Cortes de Castilla-La Mancha, la Administración regional, sus organismos autónomos y demás entidades que lo integran, así como las entidades locales, el Consejo Consultivo y la Universidad de Castilla-La Mancha.

Igualmente, quedarán sujetas a su actuación fiscalizadora las personas físicas o jurídicas beneficiarias de subvenciones o de ayudas públicas, las empresas adjudicatarias de contratos del sector público regional y los partidos políticos, exclusivamente en lo que se refiere a la gestión de las subvenciones o asignaciones por gastos electorales procedentes del presupuesto de la Junta.

Además de la fiscalización externa, la Cámara de Cuentas tendrá entre sus funciones el asesoramiento de las Cortes de Castilla-La Mancha en materia económico-financiera y contable, e incluso al propio Gobierno por conducto del Parlamento; la instrucción de los procedimientos de enjuiciamiento que le sea delegada por el Tribunal de Cuentas y la promoción de la transparencia y la integridad en la gestión de los recursos públicos. Todo ello en coordinación y cooperación con el Tribunal de Cuentas, como ya se actuó con la extinta Sindicatura de Cuentas.

Estructura

Este órgano contará con una Presidencia, cuya persona titular será elegida por el pleno de las Cortes regionales por mayoría de tres quintos en primera votación o por mayoría absoluta en segunda votación, entre profesionales con titulación académica superior. Su mandato será de seis años, renovable por una sola vez.

También dispondrá de un máximo de cuatro auditores o auditoras, que serán nombrados por la Presidencia de la Cámara de Cuentas entre profesionales de reconocida competencia y se velará por la presencia equilibrada de hombres y mujeres en estos nombramientos. De igual modo, contará con un secretario o secretaria general, que se encargará de la dirección del personal y el asesoramiento jurídico de la Cámara, entre otras funciones.

“Más sombras que luces”

Durante el debate parlamentario para su aprobación, tanto el PP como Ciudadanos rechazaron el nuevo organismo. El PP mostró su desacuerdo con su recuperación por tener “más sombras que luces” y porque “huele a otro chiringuito de la Administración regional”. Alegó que Cospedal tuvo que anular este órgano porque Castilla-La Mancha era la única comunidad intervenida en la crisis del 2008 y afirmó que su creación costará dos millones de euros que no están ni presupuestados, cuando es dinero hace más falta para atender otras necesidades.

Ciudadanos, por su parte, interpretó que la nueva Cámara de Cuentas es “forma torticera de atentar contra la separación de poderes”. “Pretenden que sea el Gobierno el que controle al Gobierno. Pretenden que nadie tosa al Gobierno. ¿Cómo va a exigir cuentas la cámara de cuentas al Gobierno de Castilla-La Mancha si es el propio Gobierno con su mayoría quien lo elige de forma indirecta?”.  

Con la entrada en vigor de este proyecto legislativo, Castilla-La Mancha se incorporará de nuevo al grupo de comunidades autónomas que ya disponen de un órgano propio de control externo, que son 12 hasta la fecha.