El aumento de peticiones de eutanasia lleva a Castilla-La Mancha a reforzar sus equipos de evaluación de los casos

El próximo mes de junio se cumplirán tres años de la constitución del órgano que se encarga en Castilla-La Mancha del cumplimiento de la Ley de Eutanasia. Se trata de la Comisión de Evaluación y Garantías, dependiente de la Consejería de Sanidad pero de carácter multidisciplinar, ya que las personas que forman de la misma no son solo profesionales sanitarios sino que abarcan otros sectores de la sociedad civil.

Desde entonces, este órgano ha analizado cerca de 60 peticiones de muerte digna. De estas personas, 21 fallecieron antes de que se resolviera su caso y 16 recibieron la prestación de eutanasia.

No existe un baremo para determinar si son muchas o pocas porque se trata de un tema muy sensible que obedece a muchos factores. Pero lo que sí apuntan desde la Consejería de Sanidad es que las peticiones han ido creciendo y esto ha tenido repercusiones en los profesionales que trabajan evaluando los casos.

Expertos de la Comisión de Garantías apuntan como causa que la normativa cada vez es más conocida y a que Castilla-La Mancha tiene una población muy envejecida.

Recientemente se publicaron en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) nuevos nombramientos de esta comisión. El motivo fue la baja de tres de sus miembros. El primero de ellos fue el de Rodrigo Gutiérrez, el secretario, que al ser nombrado director médico de la Gerencia del área hospitalaria de Guadalajara, no podía compatibilizar ambos puestos.

Las otras dos personas que han tenido que ser sustituidas han alegado la gran carga de trabajo, incompatible con sus otras labores profesionales. Esta circunstancia, junto con el aumento del número de solicitudes ha llevado a la Consejería de Sanidad a reforzar los equipos de trabajo.

Refuerzo del trabajo en equipos de dos

La directora general de Humanización y Atención Sociosanitaria, María Teresa Marín, explica a elDiarioclm.es que la comisión no siempre trabaja al completo, en pleno, sino que hay un trabajo previo que se realiza en “duplas”, en parejas: un profesional sanitario y un jurídico que avanzan en el análisis del caso asignado. Si le dan el visto bueno y reúne las condiciones, se eleva al pleno de la comisión.  

“Inicialmente constituimos un número de duplas menor que el que realmente hemos necesitado, por lo que vamos a descargar de trabajo a estos equipos y crear más duplas con las personas que están como sustitutas en las vocalías. De esta manera, evitaremos todo el peso del trabajo recaiga sobre un número tan limitado de personas”, afirma la directora general. 

Al hilo de ello, la Consejería de Sanidad también incide en que la diferencia entre el número de solicitudes y los casos aprobados, los que reciben finalmente la eutanasia, no es causal ni está vinculado con esta carga de trabajo.

“Hay personas que fallecen antes de que termine el procedimiento, y en otras ocasiones, a pesar de la aprobación de la prestación, la persona decide aplazarlo por diferentes motivos personales. Porque todo está preparado para que sea la persona la que tome la decisión una vez que tiene derecho a esta prestación. También hay casos en que es la petición es desfavorable porque no coincide con los supuestos que están marcados por ley y en otros casos simplemente durante el procedimiento la persona es la que ha desistido. La persona siempre tiene las riendas”, subraya.

La directora general recuerda que todo el proceso está marcado en la normativa estatal, pero que es la propia persona, el paciente, quien marca los plazos. “El proceso es tan garantista y tan respetuoso con la autonomía del paciente que debemos respetar ese deseo en un sentido o en otro”.

Funciones y miembros de la comisión

La Comisión de Garantías y Evaluación de Castilla-La Mancha no tiene retribuciones y la forman entre siete y diez personas con perfiles centrado en Medicina, Psicología, Bioética y Filosofía. Se constituyó mediante decreto autonómico. Las personas integrantes de este nuevo órgano, así como sus suplentes, son por un periodo de cuatro años por la persona titular de la Consejería con competencias sanitarias.

De esta forma, entre los perfiles que recoge el decreto se encuentran personas con licenciatura o grado en Medicina, una con formación en bioética y otra especialista en Psiquiatría; personas licenciadas en Derecho, especializadas en derecho sanitario y con formación en bioética; personas especializadas en Psicología clínica, que desarrollen su trabajo en el ámbito de las enfermedades o padecimientos incurables; personas licenciadas o graduadas en Medicina con experiencia en el ámbito de las personas con enfermedades o padecimientos incurables; personas graduadas en Enfermería con formación en bioética; persona licenciada o graduada en Filosofía, con experiencia docente; y personas procedentes de organizaciones de la sociedad civil implicadas en la atención de personas con enfermedades o padecimientos incurables.

Entre las funciones de la comisión está la de resolver, en el plazo máximo de veinte días naturales, las reclamaciones que formulen las personas a las que el médico responsable haya denegado su solicitud de prestación de ayuda para morir, así como dirimir los conflictos de intereses que puedan suscitarse.

También debe verificar en el plazo máximo de dos meses si la prestación de ayuda para morir se ha realizado de acuerdo con los procedimientos previstos en la ley; detectar posibles problemas en el cumplimiento de las obligaciones previstas en dicha norma, resolver dudas o cuestiones que puedan surgir durante la aplicación de la misma; y elaborar y hacer público un informe anual de evaluación acerca de la aplicación de la ley.