“Coacción” al profesorado: la inspección de Guadalajara pide saber qué vota cada miembro de los claustros escolares
Los claustros escolares son órganos de participación de todo el profesorado que se convocan en los centros educativos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato para planificar, coordinar y decidir su actividad. Sus actas son públicas, y de hecho, a ellas recurre la inspeccion educativa para evaluar y analizar sus decisiones. Pero en el caso de Castilla-La Mancha, pueden no serlo sus votaciones. Es decir, quién vota qué en cada caso. Es cada claustro el que lo decide por mayoría simple, según la normativa autonómica.
Esa orden castellamanomanchega no parece conocerla (o recordarla) la jefa del Servicio de Inspección de la provincia de Guadalajara, María Pilar Fernández Miguélez. A principios de este mes envió dos circulares a todos los centros educativos públicos de la provincia en la que les solicitaba el envío del acta de votación de los claustros sobre la aplicación o no del 'cuaderno de evaluación’: una herramienta derivada de la nueva Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) que ha decidido hacer suya el Gobierno de Castilla-La Mancha pero que no es obligatoria. En esas cartas pedía la relación de “personas que han votado en contra”.
La orden 121/2022 que regula actualmente el funcionamiento de los centros educativos públicos en la comunidad de Castilla-La Mancha establece que los claustros de profesorado de cada colegio o instituto pueden decidir por mayoría simple que sus votaciones sean secretas. Se trata de un mecanismo para proteger al profesorado, y al funcionariado en general, de las decisiones que adoptan como empleados públicos para “evitar presiones o coacciones”, señalan los sindicatos de enseñanza.
En las circulares enviadas a los centros educativos de la provincia, la inspectora primero explica que este cuaderno es la herramienta que “facilita” tanto al elaboración de las programaciones didácticas y de aula como la realización de la evaluación continua para las etapas de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato, cuyo uso se aconseja.
Hasta ahí todo normal porque la inspección educativa puede solicitar esas actas para la revisión de las decisiones de los claustros. Pero al final de las circulares, la inspectora jefe, según el documento al que ha tenido acceso elDiarioclm.es, establece que en ese envío “deberán figurar las personas que han votado en contra del acuerdo para delimitar en su caso las responsabilidades que eventualmente se puedan derivar”.
Es decir, pide nombres y apellidos de docentes que no quieran aplicar esta nueva herramienta educativa, algo que va en contra de la normativa autonómica que garantiza que los claustros puedan decidir el anonimato de sus votaciones
Se escuda en una ley estatal que no contempla pedir nombres y apellidos
En su carta a los centros educativos, la inspectora jefe se escuda además en la aplicación del artículo 17.6 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. En este apartado se establece que “cuando los miembros (de un órgano de participación) voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos”. Nada en ese artículo abre la posibilidad de que se puedan solicitar nombres y apellidos de quienes voten en un sentido o en otro.
El mensaje ha dejado “estupefactos” tanto a los equipos directivos de los institutos y colegios de la provincia como a los sindicatos educativos, según detalla la Junta de Personal Docente de Guadalajara, órgano de representación sindical que agrupa a ANPE, STE, CSIF, CCOO y UGT en la provincia. “Todavía no damos crédito”, afirma su presidenta, Marta Arias.
De hecho, la reacción de la Junta de Personal no se ha hecho esperar. Hace unos días se reunió la comisión permanente sindical y posteriormente el pleno del profesorado (con representación de los cinco sindicatos) y envió una misiva tanto a la inspectora jefe de Educación en Castilla-La Mancha, Silvia Moratalla Isasi, como a la viceconsejera de Educación, María del Mar Torrecilla.
En esa carta, expresan su malestar por unas instrucciones en las que consideran que la inspectora se ha “extralimitado de sus funciones” y sitúa al colectivo de docentes en una situación “vulnerable”. “Muchos profesores incluso lo consideran una coacción a su labor docente”.
Los sindicatos esgrimen que la inspectora jefe, en esa circular “reescribe” la ley al acogerse a la normativa del sector público. “Esa normativa exonera de responsabilidad al funcionario que no esté de acuerdo con una decisión en un claustro, pero ella lo reinterpreta diciendo que la petición la realiza para delimitar responsabilidades, cuando esa norma está para proteger a los funcionarios de decisiones adoptadas por mayoría, no para dar nombres y apellidos”.
Marta Arias recuerda a este respecto que los inspectores pueden disponer de las actas de los claustros siempre que así lo deseen porque “la buena fe impera en todas nuestras actuaciones” pero “si se empieza a intentar identificar a nuestro profesorado y a conocer sus votos, no lo podemos permitir”.
“Los docentes y los equipos directivos se han sentido coaccionados. Atenta contra nuestra libertad. No es que estemos en contra de la nueva herramienta, es que no la conocemos bien y pedimos más tiempo para adecuarnos, formarnos y comprobar si es útil para que se reduzca el nivel de burocracia, y no dejarlo todo a la improvisación. Ahora, estas circulares enrarecen todo el proceso y pedimos una rectificación”, remarca.
Otra queja: los claustros, obligados a votar sobre una herramienta que apenas conocen
Las quejas de los sindicatos contra la Consejería tienen además otra vertiente, al margen de las cartas enviadas por la inspectora: no entienden que los claustros hayan tenido que votar sobre la aplicación o no del 'cuaderno de evaluación' a principio de curso, sin haber tenido apenas tiempo para conocerlo en profundidad.
La instauración voluntaria del ‘cuaderno de evaluación’ en Castilla-La Mancha fue publicada por primera vez el pasado mes de julio a través de una resolución. En ese texto simplemente se anunciaba la nueva herramienta para la elaboración de diferentes didácticas y de la evaluación por competencias que contempla la LOMLOE.
“En un principio lo asumimos con normalidad, pero nuestra sorpresa llegó cuando en septiembre nos enteramos de que hay que votarlo en los centros, y en caso de que se apoye mayoritariamente, aplicarlo ya, a la mayor brevedad posible, nada más empezar el curso, con todo el trabajo que ello supone y cuando todavía estamos calentando motores con la nueva ley educativa, las competencias clave y los criterios de evaluación, que todavía estamos aprendiendo a implementar”, argumenta Marta Arias.
Los docentes y los equipos directivos se han sentido coaccionados
Desde varios sindicatos han pedido más tiempo para que el profesorado pueda prepararse, ya que aun existen “recortes” y las ratios de alumnado por clase siguen siendo altas. “No somos máquinas. Y ahora esto, si se aplica, nos ha enterrado en un procedimiento aún más engorroso de burocracia”, argumenta la presidenta de la Junta de Personal Docente.
La Consejería de Educación reconoce “una redacción errónea”
La Consejería de Educación ha salido al paso de esta controversia. Fuentes de este departamento explican a este periódico que el 'cuaderno de evaluación' es la herramienta que facilita tanto la elaboración de las programaciones didácticas y de aula como la evaluación continua para las etapas de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato.
Detallan que, ante las dudas planteadas por un conjunto de centros, el Servicio de Inspección de Guadalajara realizó una “circular explicativa, en su labor de asesoramiento”, pero que desde la Consejería de Educación “no se ha pedido la inclusión en las actas de relación nominativa alguna”. Y así se indicó al Servicio de Inspección de Guadalajara para su traslado a los centros.
“Es preciso reiterar en este contexto, el carácter voluntario por parte de los centros del uso de dicha herramienta, así como la disposición para la formación, el acompañamiento y asesoramiento por parte del servicio de inspección a aquellos centros que decidan su uso”, añaden las citadas fuentes. Reconoce por último la Consejería que ha habido “una redacción e interpretación errónea” en dicha circular y “estamos trabajando para mejorarla”.
De esta polémica también se ha hecho eco el PP de Guadalajara. El diputado nacional Nacho Redondo ha dicho que su partido se suma a esa exigencia de los sindicatos y pide “responsabilidades” de quien ha redactado las cartas.
También exige al consejero de Educación, Amador Pastor, que reaccione “contra este tipo de actuaciones que no son procedentes”. “Los docentes se merecen todo el respeto del mundo y todo el reconocimiento real en el desempeño de sus funciones”, ha subrayado, y se pregunta: “Con qué intención se piden nombres y apellidos? ¿Se van a tomar represalias contra las personas que han dicho no al ‘Cuaderno de Evaluación’ ejerciendo su libertad de expresión?”.
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