El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, al que Castilla-La Mancha ya le está dando bastante trabajo recientemente (es el encargado de supervisar que los procesos de los concursos y licitaciones públicas se lleven a cabo de manera correcta, llevando los casos por ejemplo del nuevo hospital de Toledo o el buque de Ciudad de Vascos) ha suspendido cautelarmente los pliegos de adjudicación del nuevo servicio provincial de basuras de la provincia de Guadalajara.
Esta decisión viene por dos recursos presentados a los mismos, uno por parte del PSOE de la provincia y otro por el alcalde de la localidad de Hiendelaencina, Mariano Escribano.
Suele ser un trámite habitual el paralizar la adjudicación de un concurso público en el momento en que se presenta un recurso, como ya pasó con el propio hospital de Toledo. En este caso mientras el tribunal, dependiente del Ministerio de Hacienda, no resuelva los recursos, el proceso queda bloqueado.
Este acuerdo del nuevo servicio de basuras ha sido rechazado por más de la mitad de los municipios de Guadalajara, que no quieren el servicio que ofrece la presidenta de la Diputación, Ana Guarinos. De hecho muchos de esos alcaldes que han puesto impedimentos a ese plan son del propio partido de Guarinos (PP). La Diputación hace un mes se alegraba de que 60 municipios se adherían al plan de basuras (ninguno de ellos de los más importantes de la provincia), aunque no obstante los alcaldes de ocho municipios declararon que se les había incluido en el plan sin quererlo ellos, que ese plan no era lo que habían aprobado en el Pleno municipal (de hecho a alguno de ellos les pedían más dinero a pesar de haber firmado unas condiciones) y que deseaban salir del plan por no cumplirse las condiciones. Otros quince alcaldes han puesto condiciones para entrar en ese plan; cinco ayuntamientos ni siquiera lo han aprobado en Pleno.
Precisamente las cuentas del proyecto es lo que se vigila en los recursos interpuestos: el PSOE señala que las cuentas de Guarinos no están claras. No se conocen los informes elaborados por una empresa externa sobre las cuentas de esos pliegos encargados por el PP y de hecho ningún técnico de la Diputación ha querido firmar los datos económicos ofrecidos en los documentos y aceptar las responsabilidades de los mismos.
El tribunal considera que “se pone de manifiesto con el análisis de los motivos que los fundamentan que los perjuicios que se podrían derivar de continuar con el proceso son de difícil o imposible reparación”, es decir, que por lo que podría suponer, estudiará los recursos con el proceso paralizado, para evitar posibles problemas.
Sobre esta suspensión, la Diputación ha querido aclarar que esta suspensión es una medida burocrática y muy simple que no va a afectar a los plazos puestos para los pasos del proceso. De hecho las fechas para presentación de ofertas y licitación dle proyecto se mantienen exactamente igual. Han incidido en que cuentan con todos los informes favorables, de los técnicos de la Diputación Provincial y del Ministerio.
Además, culpan a los socialistas de obstaculizar el proceso a propósito y de estar en contra de todas las cosas que se impulsan para la provincia de Guadalajara. “Lamentamos la actitud del Grupo Socialista en la Diputación que está tratando de obstaculizar la puesta en funcionamiento de un gran servicio para la provincia, algo que viene haciendo con todo lo que es positivo y beneficioso para la misma. No les importan los daños y perjuicios de su actuación”, han indicado desde la Diputación.
Esperan que el recurso se resuelva lo antes posible para, lo que considera la Diputación, “un importante y buen servicio como el de recogida de residuos provincial se pueda poner en marcha a la mayor brevedad”.