“Tormenta perfecta” en Castilla-La Mancha por la “precipitada desaparición” de su renta mínima y el atasco del Ingreso Mínimo Vital

Continúa el aluvión de críticas a la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de dejar sin efecto el Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), su 'renta mínima' autonómica, al implantarse en la región el Ingreso Mínimo Vital, de carácter estatal. Esta decisión la publicó el Diario Oficial de la región (DOCM) la semana pasada y, aunque mantiene las ayudas ya adjudicadas, supone sustituir la prestación autonómica por la estatal, archivando todas las nuevas solicitudes sin resolver que se hayan realizado desde mayo. El Colegio Oficial de Trabajo Social de esta comunidad autónoma considera que se trata de una decisión “precipitada” debido a que el Ingreso Mínimo estatal se encuentra en un “atasco mayúsculo” y, por lo tanto, no puede garantizarse que todas las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad estén percibiendo una renta de inserción en la región.

Los trabajadores y trabajadoras sociales se suman así a las críticas que durante esto días han manifestado sindicatos y partidos tras publicarse en el Diario Oficial que las nuevas solicitudes del IMS quedaban sin efecto. Fuentes de este colegio profesional explican a elDiarioclm.es que aunque en su momento la llegada del Ingreso Mínimo Vital (IMV) fue una buena noticia y un primer paso hacia una 'Renta Universal Garantizada', el hecho de que actualmente sufra un atasco en la tramitación de solicitudes hace que retirar la prestación autonómica haya sido precipitado.

“Son muy pocas las familias que habiéndolo solicitado lo estén percibiendo. Al atasco inicial contribuye el funcionamiento a medio gas de las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) debido a la pandemia”, explican. Asimismo, recuerdan que el Gobierno central ha comunicado que los solicitantes del IMV que vean reconocido este derecho hasta el 31 de diciembre cobrarán dicha prestación con efectos retroactivos a fecha 15 de junio de este año. “Pero mientras, el atasco es aún mayúsculo” y hay situaciones que no pueden esperar.

Qué ocurre con los planes de intervención

El “profundo desacuerdo” de este colectivo profesional se basa igualmente en otra serie de motivos, el primero de ellos que al ser su anulación retroactiva, “deja en un mal lugar a las y los profesionales del trabajo social que en sus seguimientos de las unidades familiares susceptibles de solicitarlo habían llegado a un acuerdo para su tramitación”. Ese acuerdo ya establecía un plan de intervención con acuerdos y compromisos mutuos, reflejados en un informe social “que se nos había dicho que era vinculante”. “Pareciera que el profesional rompe ese acuerdo de forma unilateral y sin previo aviso, quebrándose la relación de confianza con nuestros usuarios”.

Asimismo, argumentan que en ningún momento han recibido noticia de que esta medida se iba a tomar, y además, en un momento de grave crisis económica derivada de la pandemia, con una “tormenta perfecta en la que las familias vulnerables se encuentran con un IMS derogado, con un IMV atascado y unas Ayudas de Emergencia Social (AES) sin presupuesto desde marzo”. “¿Qué hacemos entonces? ¿Era este el momento de eliminar el IMS?”, remarcan.

Según ha podido saber elDiarioclm.es, muchos profesionales han tenido que recurrir a fondos municipales para paliar estas circunstancias, delegando la gestión de la pobreza en los municipios, por lo que la ciudadanía en esta situación recibe o no ayudas en función de que una localidad tenga o no fondos para atender estas necesidades. “Esto crea una desigualdad enorme”, apuntan desde el colectivo. “Existe pues una vulneración de derechos de la población más empobrecida y un desprestigio de los profesionales que dan la cara en la primera línea de intervención”.

“Éramos conscientes de que paulatinamente las rentas mínimas de las autonomías irían desapareciendo, pero con una planificación, un orden y una participación de los profesionales”. Concluyen así que mientras el IMV no esté plenamente en funcionamiento y su tramitación sea ágil, no deben desaparecer las rentas autonómicas. Hacen además referencia a los datos “desesperanzadores” del último informe sobre la pobreza, que reflejan que uno de cada tres castellanomanchegos se encuentra en esta situación. A la espera de que la Junta apruebe un nuevo modelo de catálogo de prestaciones que cubra dichas necesidades, piden finalmente al Gobierno de Emiliano García-Page que la resolución que dejó sin efecto el IMS sea derogada y se amplíe tanto su presupuesto como el de las Ayudas de Emergencia Social para 2020. Consideran necesario que paulatinamente las rentas mínimas vayan “adaptándose, no despareciendo, para ser complementarias al IMV”.

A esta denuncia también se ha unido la Plataforma por los Servicios Sociales Públicos (PSSP), acusando a la Junta de “dejadez absoluta” por el bienestar de las personas más pobres y excluidas. Se remontan al año pasado, cuando la Administración regional decidió “no proteger a este colectivo y dejar de conceder esta prestación a las familias que cumplen los requisitos que marcaba la convocatoria para ello”. “Negó todas las nuevas solicitudes de septiembre a diciembre de 2019 por falta de presupuesto y todos los solicitados desde enero de 2020 han sido desestimados, sin que puedan acceder a esta prestación las personas que tienen derecho a percibirla y que la necesitan para poder comer, pagar la luz o el alquiler”.

Considera este colectivo que el IMV debía ser “complementario” y no una forma de que el Gobierno de Castilla-La Mancha “se ahorre contribuir económicamente con la ciudadanía más pobre”. Por eso también pide al Gobierno dejar sin efecto los desistimientos de todas las solicitudes, ya que “la crisis socio-sanitaria ha llevado a que más gente se encuentre en extrema pobreza en nuestra comunidad y que las situaciones en las que se encuentran las personas más pobres sean inhumanas, llevando a muchas familias a tener que desalojar sus viviendas, vivir sin suministros o no tener para comprar los alimentos más básicos”.

Podemos: la derogación vulnera la Ley de Servicios Sociales de la región

Por su parte, Podemos Castilla-La Mancha, tal como anunció el partido al conocerse la suspensión del Ingreso Mínimo de Solidaridad, ha recurrido la resolución que deroga la 'renta' autonómica. En términos formales, señalan, por ejemplo, que en el primer párrafo de la Resolución, no sólo se deja sin efecto el documento por el cual se convocaban las ayudas del Ingreso Mínimo Vital, sino que, además, “vulnera y deja sin ejecutividad ni validez algunos preceptos contemplados en normativas de rango superior”, como ocurre con el Decreto 179/2002 de Desarrollo del Ingreso Mínimo de Solidaridad, Ayudas de Emergencia Social.

La formación morada también explica que se vulnera la Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, ya que la Junta de Comunidades tiene como objeto “garantizar el derecho universal a la protección social como derecho de la ciudadanía en el marco del Sistema Público de Servicios Sociales”. En el recurso presentado por el partido, se explica que es “derecho subjetivo” de cualquier ciudadano de la región ser atendido por una situación de urgencia social. En este esntido, explican que el IMS es una prestación económica emnpleada para tal fin, según precisamente la Ley 14/2010 de Servicios Sociales.

“En suma, la Resolución de 22/09/2020 constituye un acto administrativo que vulnera específicamente las disposiciones y la finalidad última de normas legales con rango superior como son la Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha y el Decreto 179/2020, de 17 de diciembre de 2002, de Ingreso Mínimo de Solidaridad y Ayudas de Emergencia Social”, explican desde Podemos. Por otro lado, el partido señala también que el Real Decreto que establece el Ingreso Mínimo Vital ya aclara en su exposición de motivos que se trata de una prestación 'suelo' que es compatible con las prestaciones autonómicas que se pueden conceder desde las comunidades autónomas “en concepto de rentas mínimas”.