No ha visto el Tribunal de Cuentas ningún delito tras las demandas presentadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha y la antigua Radio Televisión Castilla-La Mancha (RTVCM) -hoy Castilla-La Mancha Media (CMM)- contra el exdirector general del Ente Público durante el mandato de María Dolores de Cospedal, Ignacio Villa, y contra el ex director financiero y de recursos de este organismo, Ramón Villaverde. Tanto la actual CMM como la Junta le acusaron de perdonar presuntamente una deuda de un importe cercano a los 90.000 euros por unos trabajos de reforma efectuados en la sede conquense de la televisión pública.
Los demandantes y la Sección de Enjuiciamiento reclamaban más de 100.000 euros a Villa por presunta malversación de fondos en estos hechos, derivados de la factura en las obras de la sede de Radio Nacional en Cuenca, un edificio que el Ente Público castellano-manchego adquirió para instalarse allí.
Esta causa en particular se inició en diciembre de 2016 cuando el Ministerio Fiscal pidió al presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal que incoara diligencias previas en relación a las “irregularidades detectadas” en el contrato de obras que se llevó a cabo en marzo de 2009 con la empresa Viales y Obras Públicas S.A. para la ejecución de las citadas obras.
Según apuntó entonces, de la factura final que presentó la adjudicataria no se había deducido el importe correspondiente a la valoración del retraso en las obras, que ascendía a casi 89.194 euros. Precisamente, esa es la cantidad a la que apuntaba posteriormente el Gobierno castellano-manchego, ya con el gobierno socialista de Emiliano García-Page, como uno de los “agujeros” heredados de la cadena pública. La Sección de Enjuiciamiento abrió estas diligencias previas y en marzo de 2017 se requirió información al representante legal del Ente Público de Radio-Televisión de Castilla-La Mancha con el fin de que remitiera informe justificativo de esta presunta irregularidad, que fue remitida en su totalidad en el mes de abril siguiente.
La denuncia la realizó el nuevo secretario general del Ente Público
La denuncia tiene su origen en una reclamación de pago de intereses de demora que recibe en mayo de 2016 el departamento financiero del Ente Público. La interpuso el secretario general, Francisco Medel, comunicándolo después al gabinete jurídico del Gobierno de Castilla-La Mancha y a la Consejería de Hacienda. En la misma se establecía un “posible perjuicio patrimonial” para RTVCM y por tanto también de la Junta, “que podría dar lugar a la existencia de responsabilidades”. Se refería con ello al abono de esta factura sin haber aplicado la cláusula de penalización por demora.
En el escrito de actuaciones previas de mayo de 2017 se establece que dicha cantidad de las obras, 89.184 euros, debería ha sido deducida de la factura final presentada por la empresa, que ascendía a casi 150.000 euros más IVA. Es decir, en total 176.428 euros. “Pero la realidad fue otra y se pagó toda la factura por lo que el daño fue justificado”. “Existe responsabilidad contable, habida cuenta que el pago efectuado es una acción que realizada de forma culposa y grave ha propiciado un pago que por indebido es contrario a la más esencial normativa contable y que correlativamente ha perjudicado al Ente Público”.
Tras esta fase preliminar, en la providencia emitida por la delegada instructora del Tribunal de Cuencas, se solicita el pago de más de 100.000 euros (referente a la cifra 'perdonada' más los intereses) tanto a Villa como a Ramón Villaverde, que fue su director financiero.
Ahora, tras desestimarse ambas demandas, el Tribunal de Cuentas condena tanto al Gobierno de Castilla-La Mancha como a CMM a pagar las costas del juicio. Por este motivo, la vicesecretaria de Comunicación del PP de Castilla-La Mancha ha pedido a Emiliano García-Page que pague estas costas “de su bolsillo” por “haberse empeñado en presentar una demanda que han perdido porque no estaba justificada y porque era de venganza”. De su lado, el diputado socialista Fernando Mora ha recordado que esa demanda se impuso porque “el fiscal estaba de acuerdo en que había delito” y ha hecho hincapié en que el actual Ejecutivo autonómico ha pagado 195 millones en indemnizaciones como consecuencia de acciones del Gobierno anterior. “Si tuviéramos que pedir responsabilidades por todas las acciones que gestionaron mal no tendrían dinero todos juntos para pagarlas”, apostilla.