Ultimátum de Page a Sánchez para aprobar su ley antiocupación aunque la Junta admite que “no es un problema generalizado”

Emiliano García-Page lanzó ayer el mensaje y hoy lo ha precisado la portavoz del Gobierno castellanomanchego, Blanca Fernández. Esta comunidad autónoma quiere que el Gobierno de Pedro Sánchez tome en consideración la propuesta legislativa contra la ocupación ilegal que aprobaron las Cortes regionales en diciembre de 2020 para su remisión al Ejecutivo central. Desde entonces, el Gobierno de Page no ha recibido respuesta a la misma y ahora pone como fecha el mes de diciembre, cuando se cumpliría un año de su aprobación, para que se tenga en cuenta.

La portavoz ha dicho que, ante la problemática que sufren muchos municipios de la región, va a dar este ultimátum al Gobierno central para atuar contra la ocupación ilegal de viviendas. Le ha marcado el mes de diciembre como plazo máximo para que sea “tomada en serio” y que, en caso contrario, “se articularán mecanimos políticos en curso legislativo”. No obstante, admite que se trata de una cuestión “incómoda” para la coalición de Gobierno, dada la postura de Podemos contra este tipo de normativas.

“Sabemos la posición que ha mantenido Podemos y las plataformas de las que proviene Podemos. Es un contexto distinto donde los desahucios eran un auténtico problema para este país, pero ahora estamos en otro contexto y las leyes se deben adaptar a los problemas sociales del momento. No se puede vivir permanentemente del pasado y hoy hay que dar respuesta a un problema real, que es de hoy”, ha insistido la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Aunque ha admitido que “no es un problema generalizado” en Castilla-La Mancha, ha dejado claro que sí es una cuestión que afecta a muchos municipios concretos de la comunidad autónoma. “Es muy fácil caer en la tentación de pensar que es una política de derechas o conservadora, pero nada más lejos de la realidad”, ha recalcado la portavoz, al tiempo que ha argumentado que esta proposición de ley busca “actuar contra las mafias y la delincuencia” pensando en el bienestar de la ciudadanía, y que, por tanto, se trata de una cuestión “progresista” y de “justicia social”.

Los datos apuntan a que el 90% de las viviendas ocupadas son propiedad de bancos

El 90% de las viviendas ocupadas de manera ilegal en Castilla-La Mancha son propiedad de bancos o fondos buitre y tan solo el 15% de los propietarios afectados formaliza una denuncia o manifiesta expresamente la oposición a esa ocupación. Así lo señalan los últimos datos, de octubre de 2020, ofrecidos por el delegado del Gobierno en la región, Francisco Tierraseca, conforme a los datos preliminares de un informe encargado a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Tal y como señaló entonces Tierraseca, se trata de datos preliminares, que ofrecían una “primera radiografía” de la cuestión.

Tanto PP como Vox han presentado iniciativas contra la 'okupación'. En el caso de los 'populares', en septiembre del año pasado anunciaban una “ofensiva política en contra de la ocupación ilegal y en defensa de la propiedad privada”. “Es lo que debemos hacer ante un Gobierno como el de Sánchez e Iglesias que, no sólo se desentiende, sino que incluso justifica la ocupación ilegal de viviendas”, reclamaba el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos.

Por su parte, este verano, el portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, lamentaba “los últimos casos de 'okupación'” en España y anunciaba que la normativa que pondría en marcha la formación en caso de llegar a Gobernar se llamaría “Dar patada al culo al okupa”.