Castilla y León da un mes a los perceptores de la renta autonómica para pedir el ingreso mínimo vital o les retirará la ayuda

El Gobierno de Castilla y León que preside Alfonso Fernández Mañueco (PP) en coalición con Ciudadanos obliga a los perceptores de su Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) a solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la ayuda contra la pobreza aprobada por el Gobierno de España y que se aceleró por la crisis de la COVID-19, en un plazo de 30 días con la amenaza de retirarles la ayuda autonómica. Así lo advierte la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en una carta a un beneficiario de la renta autonómica a la que ha tenido acceso elDiario.es. En la misiva, fechada el 22 de junio, el Gobierno regional informa al beneficiario la ayuda regional de que el pasado 1 de junio el Boletín Oficial del Estado publicó la normativa que regula el nuevo ingreso mínimo vital, una prestación económica “dirigida a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad”, y explica al destinatario que “probablemente” puede tener derecho a ella, o tal vez alguno de los miembros de su unidad familiar.

La carta añade en negrita que como beneficiario de la ayuda autonómica “está obligado a solicitar todas las pensiones o prestaciones a las que pudiera tener derecho, en este caso el IMV”. La renta autonómica se seguirá cobrando mientras se resuelve la solicitud del IMV, pero los perceptores deben realizar este trámite a riesgo de perder los ingresos mínimos que perciben. En el caso de que sea “favorablemente”, la Junta de Castilla y León revisará la Renta Garantizada para determinar si “según la normativa vigente” debe seguir cobrándo la ayuda regional “aunque afecte a la cuantía” o esta “debe extinguirse”. La carta del Gobierno de Fernández Mañueco añade además que los efectos de la revisión de la renta serán los de la fecha de reconocimiento de la IMV.

La Junta da un plazo de 30 días a contar desde el día siguiente de la recepción de la carta para presentar en la Gerencia Territorial el justificante de la solicitud de la IMV por parte del perceptor de la RGC o bien por algún miembro de su unidad familiar. Transcurridos los 30 días sin haber presentado el justificante, la Administración regional pondrá en marcha el proceso de extinción de la ayuda económica.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que preside Isabel Blanco (PP) no ha querido dar demasiadas explicaciones sobre este tema debido a que este miércoles está prevista una reunión con los sindicatos y con la Confederación de Empresarios de cuyo resultado pretende informar posteriormente a través de una nota de prensa. Fuentes de este departamento comentaron a este diario que “se están buscando fórmulas para que nadie se quede sin ayuda”, que la Renta Garantizada de Ciudadanía es “subsidiaria” al Ingreso Mínimo Vital y que “hasta donde este no llegue entrará la RGC”.

En la web de la Junta sin embargo, se precisa que “la renta garantizada de ciudadanía complementará los ingresos que tuviera la unidad familiar en su conjunto hasta el importe que de prestación pudiera corresponder. No obstante, no se complementará cuando el solicitante de la RGC sea titular de prestaciones de la Seguridad Social o de cualquier otro sistema público de protección”. Este sería el caso de quienes soliciten en IMV, que depende de la Seguridad Social.

La literalidad de ese texto ampararía a la Administración autonómica para sustituir sus ayudas por las que va a prestar el Gobierno central.

La RGC de Castilla y León, que se puso en marcha hace una década tiene una cuantía básica del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), 430 euros, y hay complementos para cada miembro de la unidad familiar: el 25% de 430 euros para el primer miembro, el 15% para el segundo y el 10% para el tercero y siguientes. La cantidad máxima que percibiría una unidad familiar es el 130% del IPREM.

En los últimos meses el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ha reclamado reiteradamente al Gobierno de Pedro Sánchez la gestión del IMV, una petición que ha basado en la experiencia de la Comunidad con la RGC.

El reto de no perder recursos contra la pobreza

La aprobación del ingreso mínimo vital como un suelo de renta garantizada por igual a los ciudadanos de todo el Estado fue muy celebrada por las entidades sociales y en el mundo académico dedicado a la desigualdad y la pobreza. Hasta el momento solo existían las rentas mínimas que ponía en marcha cada Comunidad Autónoma, con muchas diferencias entre territorios. Varias expertas consultadas por elDiario.es advirtieron no obstante de un reto fundamental en la puesta en marcha del ingreso mínimo vital: la compatibilidad de la ayuda estatal con las autonómicas que ya estaban funcionando, para que se sumaran esfuerzos y no se perdieran recursos públicos que a día de hoy se invierten en la lucha contra la pobreza. 

“Si las rentas mínimas y el ingreso mínimo vital no son complementarias y se produce un efecto sustitución de las primeras por el segundo, entonces sería más un retroceso que un avance”, advertía a este medio Marga León, profesora de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Barcelona y experta en políticas públicas y protección social.

En el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por José Luis Escrivá, insisten en que “las Comunidades Autónomas son libres de decidir, es su competencia y pueden optar por complementar y también por no hacerlo”, explican fuentes oficiales. El ministro ha mencionado en varias ocasiones la oportunidad de las Comunidades de invertir los fondos que ahora destinaban a sus rentas mínimas a colectivos que se queden fuera o a aumentar la protección de los hogares beneficiarios del IMV. La Seguridad Social está trabajando con varias Comunidades para tramitar de oficio el IMV a perceptores de rentas autonómicas, como ya hizo el Ministerio con los perceptores de la ayuda estatal por hijo a cargo para familias de escasos recursos.

El ingreso mínimo vital se estima que multiplique casi por cuatro el número de hogares en pobreza cubiertos por una renta mínima dentro del territorio fiscal común (sin Euskadi ni Navarra), según los números del Ministerio de la Seguridad Social, pero aun así no resuelve el problema de la pobreza en España. La intención del Gobierno es que alcance los 850.000 hogares, unas 2,3 millones de personas en una situación más adversa, pero en el país hay más de 10 millones de personas en riesgo de pobreza.

Qué hacen otras Comunidades

La mayoría de Comunidades Autónomas aún está adaptando sus rentas mínimas al IMV, que puede solicitarse desde el 15 de junio. Por el momento, la tónica general de las que están avanzando en la articulación de las dos medidas se inclinan por que los beneficiarios soliciten la ayuda estatal y que las autonómicas sirvan como complemento.

La Comunitat Valenciana ya ha publicado un decreto para la adaptación de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), que será complementaria del IMV o a cualquier otra prestación de garantía de ingresos mínimos de carácter estatal que pueda sustituirla y se garantizará los umbrales de renta establecidos hasta el momento por la RVI. En caso de que el beneficiario perciba el IMV estatal, la Comunitat Valenciana sumará ingresos hasta el umbral de la renta valenciana (en caso de ser superior). Si el importe del IMV es mayor que el del umbral correspondiente de la RVI, “el importe reconocido será cero, pero se mantendrá a la persona como titular de la Renta Valenciana de Inclusión para que procure el derecho a la prestación profesional de los itinerarios de inclusión”, recoge la Generalitat.

Aragón también obliga a que los actuales beneficiarios del ingreso aragonés de inserción (IAI) soliciten el ingreso mínimo vital, pero les da un margen mayor de tiempo que Castilla y León: hasta el 15 de septiembre. El Gobierno aragonés que preside el socialista Javier Lambán ha explicado que su intención es transformar el IAI en una ayuda complementaria al IMV para que alcance a colectivos excluidos por la ayuda estatal, como los jóvenes tutelados menores de hasta 22 años y garantizar la protección de las personas sin hogar y redirigir los recursos “ociosos” que se ahorren por la puesta en marcha del IMV a labores de inclusión social.

En Catalunya, la Generalitat se ha comprometido a compensar el IMV con la diferencia hasta llegar a su Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), con mayores cuantías (un mínimo de 660 euros en hogares de una persona) y está estudiando cómo puede invertir los fondos que se ahorre con la complementariedad de la renta estatal, con opciones como ampliar los beneficiarios, ya que ahora mismo es más restrictiva que el IMV. La Generalitat de Catalunya, al igual que otros gobiernos autonómicos, ha solicitado poder gestionar la prestación estatal para tener una ventanilla única en la que tramitar todas las ayudas sociales, pero por el momento el ministro Escrivá es reticente a transferir competencias por el riesgo a perder eficacia.

En el caso de Andalucía, las entidades sociales han alertado del peligro de que la Junta realice un “recorte presupuestario encubierto” a los fondos sociales de la Comunidad. El Gobierno que encabeza Juanma Moreno envió una comunicación a entidades locales en la que se recogía la obligación de solicitar el Ingreso Mínimo Vital antes de solicitar la Renta Mínima de Inserción Social andaluza (RMISA), incluso para los ya beneficiarios, y establecía que a partir del día 15 de junio (desde cuando se puede solicitar el ingreso mínimo vital) “no se podrán iniciar los trámites de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía”si no se tiene constancia de resolución del Ingreso Mínimo Vital del hogar solicitante de la ayuda. La Junta emitió más tarde una “nota aclaratoria” sobre que “la RMISA no se suspende”, pero sí tiene carácter subsidiaria al ingreso mínimo estatal. El Gobierno andaluz aún está trabajando en la complementariedad de ambas prestaciones, con la intención de “hacer más intensiva” la cobertura del IMV “a las familias con hijas e hijos menores de edad, sobre todo a las monoparentales”.

En el caso de la Risga, la renta de inclusión social de Galicia, las 10.400 familias que la perciben podrían quedar excluidas de la ayuda autonómica con la implantación del IMV. La normativa gallega establece que su recepción es “incompatible” con las pensiones no contributivas y también con cualquier otra prestación que suponga un ingreso igual o superior. El ingreso base de la Risga (que está compuesta por tres tramos y diferentes complementos) es de 403 euros mientras que el ingreso mínimo vital garantiza los 462.

Las entidades sociales piden a los gobierno autonómicos que sean ambiciosos en la lucha contra la pobreza y no se conformen con el paso dado con el ingreso mínimo vital. Por ejemplo, la Plataforma RMI Tu Derecho ha pedido a la Comunidad de Madrid que permita el cobro del el IMV y la renta mínima madrileña “para que las familias tengan ingresos cercanos al umbral de la pobreza”, con topes más elevados que los que fija la renta mínima estatal.