Castilla y León remienda 'in extremis' la prohibición de la caza, un conflicto originado por las políticas sobre el lobo ibérico

Este próximo miércoles, el último pleno que se va a celebrar esta legislatura en las Cortes de Castilla y León llevará entre los puntos del orden del día la aprobación definitiva de la reforma de la Ley de Caza. La actividad cinegética se encuentra suspendida en la actualidad en esta comunidad autónoma, después de que en un año se hayan emitido varios autos judiciales contra la política sobre la caza de la Junta de Castilla y León. Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos van a apoyar esa reforma de la normativa legal para poder recuperar la caza. Podemos se abstendrá y sólo el procurador único de Izquierda Unida-Equo en el parlamento castellano y leonés votará en contra.

Se trata de poner fin así a un año de varapalos judiciales sobre la caza en Castilla y León. Todo comenzó con el lobo y la prohibición de cazarlo y, a través del lobo, llega también el último acontecimiento judicial que vive la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones, el juez que aparece en el sumario de la ‘Operación Enredadera’ contra la corrupción, ofreciéndole la obra en una carretera al empresario José Luis Ulibarri sin someter el proyecto a un proceso de concurso público, con la lapidaria frase de “la Administración soy yo”.

La asociación conservacionista Lobo Marley ha informado de que se abierto expediente gubernativo, es decir, no procesal, contra el consejero de Fomento y Medio Ambiente para determinar si pudo haber un delito de prevaricación en unas declaraciones de Suárez-Quiñones cuando afirmó, después de que una sentencia impidiera el abatimiento de lobos al norte del Duero, que la Junta de Castilla y León podría “cazarlos de oficio”. “Consideramos que esas declaraciones son un acto de prevaricación y más viniendo de un juez. Pero lo cierto es que, en materia del lobo, la administración lleva prevaricando más de 30 años”, ha explicado Luis Miguel Domínguez, responsable de la asociación Lobo Marley.

El consejero Suárez-Quiñones realizaba esas declaraciones a finales del mes de enero de este año, pero el conflicto con el lobo viene de lejos. El malestar de los ganaderos por los ataques a sus cabañas es histórico y la Junta de Castilla y León ha planteado el control de las manadas como la alternativa. Hasta el año 2018, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León emitió una sentencia, a instancias en este caso de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), en la que paralizaba el Plan de Conservación y Gestión del Lobo de Castilla y León, una de las tres autonomías del país que cuentan con un plan específico para este animal.

El tribunal consideró que el decreto de la Junta de Castilla y León sobre ese plan de conservación no contaba con estudios científicos ni técnicos suficientes que avalaran la necesidad de establecer medidas de control sobre la población del lobo ibérico. En esa misma sentencia también se señalaba otro dato de interés, que ha sido el talón de Aquiles de la Junta de Castilla y León en toda esta polémica en torno a la caza: “no existe una previa comprobación de las poblaciones, ni siquiera se hace referencia a un estudio previo de su incidencia en la especie”, señala el auto judicial.

Es decir, no hay censo. No hay un censo de la población del lobo ibérico en el Plan de Conservación y Gestión del Lobo Ibérico y tampoco hay censos en la Ley de Caza de Castilla y León sobre el resto de especies cinegéticas. Se anulaba así el Decreto que la Junta de Castilla y León había aprobado para corregir lo que había indicado aquella sentencia sobre el lobo. A partir de ahí, todo ha pasado a ser una cuestión política, con varios grupos dispuestos a pactar para sortear a la Justicia y con el argumento de la caza instalado en los actos de precampaña de estos meses de frenesí político.

Al no existir informes o censo sobre la población, el hecho de considerar cinegética o cazable a una especie por cuestiones de control de población carece de sentido. En el caso del lobo, especie cinegética a uno de los dos lados del río Duero, “se ha hecho históricamente apología en contra de este animal”, según Luis Miguel Domínguez, que sostiene que debería establecerse una “protección total en toda España del lobo ibérico” como ocurre en otros países, como Portugal, donde abatir un ejemplar de esta especie puede acarrear penas de cárcel, según el representante de Lobo Marley.

Sin embargo, en España, y en concreto en Castilla y León, el lobo ibérico, lejos de ser esa especie con protección singular como reivindican los animalistas, es una “pieza de cambio” en el juego político, según Domínguez. “El Partido Popular busca votos que, por mor de la Ley D´Hondt, le valen 18 veces más que en Barcelona”, ha explicado el animalista, en referencia a determinadas provincias o zonas rurales de la Comunidad donde existe un problema entre los ganaderos por la presencia del lobo, debido a los ataques que se han llegado a registrar en varias cabañas ganaderas.

Desde Lobo Marley también se reclaman medidas a nivel de la Unión Europea para la protección del lobo ibérico que, “no es ni siquiera una especie”, sino una “subespecie con genética propia y vinculación a dos países” como son España y Portugal. “El lobo es una especie de interés comunitario y para ello estamos trabajando también en Estrasburgo”, ha reconocido Domínguez, para que este animal “deje de estar de la mano de dios”. Desde Lobo Marlye, además, se rebajan las cifras y se sitúa al lobo ibérico con una población en Castilla y León de “90 ejemplares como mucho” y con una incidencia de ataques a la cabaña ganadera que, según esta asociación, representa tan sólo el 0,7%.

Frente a esta postura, la de organizacione profsesionales agrarias como Asaja, la de la Federación de Caza de Castilla y León y la de los propios partidos políticos que, después de las sentencias sobre el caso del lobo y sobre la caza en general en esta Comunidad, y a la espera de saber si la Justicia cree que el consejero Suárez-Quiñones prevaricó, mantienen el discurso de la recuperación de la caza en Castilla y León cuanto antes. Por eso el último pleno en las Cortes de Castilla y León en esta legislatura, antes de que se disuelva la cámara autonómica y se celebren las elecciones autonómicas del mes de mayo, servirá para tratar de corregir la situación, sortear a la Justicia y poder mantener la caza en la Comunidad.

Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos se alían para retornar la situación y, mediante una modificación de la Ley de Caza, tratar de solventar los errores apreciados por el Tribunal Superior de Justicia que le llevó a paralizar la actividad y a impedir la concesión de nuevas licencias de caza en Castilla y León. Los tres partidos políticos sostienen que la caza es necesaria para la Comunidad. Aportan argumentos de carácter económico. En Castilla y León, la caza genera 500 millones de euros, un 13% del Producto Interior Bruto asociado a las actividades agroganaderas o, lo que es lo mismo, el 0,3% del PIB autonómico. Además, de este sector dependen 8.000 puestos de trabajo. La Federación de Caza de Castilla y León es la federación deportiva que más licencias tiene en la Comunidad, sólo por detrás del fútbol y del baloncesto.

Pero no sólo eso. Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos sostienen también otros argumentos para mantener la actividad. Además del dinamismo económico que, según sostienen, genera en el entorno rural, también hay otras cuestiones a tener en cuenta como el papel de la caza en el control de plagas como, por ejemplo, conejos, y de carácter de salubridad y sanidad animal, como el control de la población de jabalí para impedir la propagación de enfermedades como la brucelosis. También aluden, incluso, a la seguridad vial, ya que Castilla y León es una de las autonomías del país con más accidentes de tráfico provocados por la presencia de animales en la calzada.