El ex presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera Campo, se incorporará al Consejo Consultivo de Castilla y León y cobrará más de 74.000 euros anuales hasta que se jubile y pase a ser consejero emérito. Tal y como ha podido saber eldiario.es, Herrera ha solicitado el puesto de consejero nato, reservado a expresidentes, este mismo miércoles, después de haber intentando seguir en la política sin éxito.
La incorporación de Herrera Campo al superior órgano consultivo de la administración de la Comunidad se recoge en la Ley Reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León. Concretamente, el Título III establece la organización y funcionamiento, y el artículo 7 la composición, señalando que “son consejeros natos los ex presidentes de la Junta de Castilla y León que, habiendo accedido a dicha responsabilidad al comienzo de una legislatura autonómica, gocen de la condición de ciudadanos de Castilla y León”. Juan Vicente Herrera tan sólo ha estado unos meses en el paro. Este nombramiento le garantiza un sueldo público y desplazamientos en coche oficial con chófer desde su ciudad de residencia, Burgos, hasta la sede del Consultivo, en Zamora y puede ser nato hasta su jubilación. Una vez que se jubile, Herrera tendría la condición de 'emérito'.
Asimismo, la Ley Reguladora del Consejo Consultivo señala que el plazo de incorporación de los ex presidentes de la Junta de Castilla y León será de un año desde la fecha de cese como presidente. Dentro de ese plazo deberán notificar su disposición a integrarse en el Consejo y formular la declaración de no estar incursos en causa de incompatibilidad. Es decir, que los expresidentes pueden ser consejeros natos, pero deben solicitarlo y el plazo máximo es de un año desde que dejan de estar al frente de la Junta.
Los ex presidentes de la Junta de Castilla y León, Demetrio Madrid y José Constantino Nalda, también formaron parte del Consejo Consultivo de Castilla y León como miembros natos. El Consejo Consultivo es una institución, con sede en Zamora, encargada de velar por el cumplimiento de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico.