El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha preguntado por las “acciones de vigilancia y control, en el ámbito de sus competencias”, ha realizado la Junta de Castilla y León en el caso de la estafa de los ataúdes.
Además, tal y como ha explicado el procurador Manuel Mitadiel, la formación pregunta si la Junta ha iniciado alguna actuación para que, si los hechos se confirman, sean sancionados, “al margen de la responsabilidad penal”.
Al respecto, Mitadiel ha recordado, a través de un comunicado remitido a Europa Press, que el Decreto por el que se regula la policía sanitaria mortuoria en la comunidad, atribuye a la Junta las competencias sobre “la función inspectora y la potestad sancionadora en el supuesto del incumplimiento de la normativa aplicable”.
En este sentido, el procurador de Cs ha subrayado que la denuncia de unos hechos, “presuntamente ocurridos”, en el tanatorio de la Funeraria Grupo El Salvador “pueden implicar no sólo la estafa a miles de vallisoletanos, sino que han causado un grave daño moral, manipulando los cadáveres de sus familiares para la obtención de beneficios”. Por estos hechos, ha rememorado Mitadiel, “se siguen diligencias previas”.
“Ante lo presuntamente ocurrido, surgen las preguntas de si la Junta de Castilla y León ejerce sus competencias de vigilancia y control en esta materia”, ha insistido el procurador de Ciudadanos, que se cuestiona además si, en el caso de confirmarse los hechos, la Junta los sancionará, “al margen de la respuesta penal”.
Desde que la Policía puso en marcha la Operación Ignis, que se gestó durante más de un año, permanecen en prisión el dueño de la empresa funeraria Grupo El Salvador, Ignacio Morchón y su hijo. La estafa consistía en sustituir los ataúdes destinados a la cremación por otros deteriorados o parte de ellos para incinerar los cadáveres. Los féretros se revendían varias veces. La cantidad defraudada que se calcula inicialmente es de 7 millones de euros.